EEUU y Human Rights Watch advirtieron que la independencia judicial está amenazada en El Salvador

Estados Unidos y la organización Human Rights Watch (HRW) están preocupados por las reformas aprobadas por el Congreso de El Salvador que cesan a los jueces y fiscales sexagenarios, lo que catalogan como una amenaza a la independencia judicial en ese país, según lo expresaron este jueves.

La encargada de Negocios de la Embajada norteamericana en El Salvador, Jean Manes, publicó un tuit en el que expresó su preocupación por “las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Fiscalía”, ya que “un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia”.

Señaló que la “experiencia, conocimiento profundo y sabiduría son esenciales en la aplicación de la ley y otras carreras. La discriminación general por edad o años de trabajo asegura que no se aprovecha el talento que hay y abre la puerta a influencias políticas en el sistema judicial”.

Human Rights Watch advirtió que dos leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el pasado 31 de agosto “amenazan la independencia judicial al permitir que las autoridades destituyan a todos los jueces y fiscales que tengan 60 años o más”.

“Los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa, que está controlada por partidarios del presidente Nayib Bukele, dijeron que los jueces y fiscales de 60 años o más ‘cesarán sus funciones’ de inmediato. Si bien no está claro cuántos jueces se verán afectados, algunas estimaciones indican que más de 200 de los aproximadamente 700 jueces en el país pueden ser destituidos y reemplazados por jueces designados por la Corte Suprema, que los aliados de Bukele en la Asamblea empacaron recientemente”, remarcó la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, expresó: “Desde que los partidarios de Bukele tomaron el control de la Asamblea de El Salvador en mayo, han tomado medidas drásticas que parecen tener como objetivo destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía General”.

Y agregó: “Estas leyes parecen diseñadas para garantizar el control del gobierno sobre un gran número de jueces y fiscales de nivel inferior”.

La ONG recuerda que la nueva legislación se aplicará a todos los jueces y fiscales, excepto a los de la Corte Suprema de Justicia. Anteriormente, la ley no establecía una edad de jubilación obligatoria para los jueces y decía que podían jubilarse después de 35 años de servicio.

Además, indicó que las nuevas leyes permiten a la Corte Suprema extender el mandato de los jueces que tienen 60 años o más “por razones de necesidad o especialidad” y al fiscal general extender el mandato de los fiscales “por razones de conveniencia” o “debido a la complejidad o especialidad de sus servicios“.

“Esas disposiciones son vagas y podrían usarse fácilmente para recompensar a los jueces y fiscales leales al gobierno, al tiempo que se asegura que solo aquellos que son independientes o percibidos como independientes sean destituidos”, acotó Human Rights Watch.

También expresó que, desde que asumió el cargo en 2019, “el presidente Bukele ha socavado los controles y equilibrios democráticos básicos. Ha desafiado públicamente los fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que prohíben los arrestos por violaciones de las medidas relacionadas con COVID-19 y ha acusado a los jueces de ser ‘genocidas’“.

Recordó que en febrero, su partido, Nuevas Ideas, obtuvo una mayoría de dos tercios en la Asamblea. El 1 de mayo, horas después de que se sentara la Asamblea pro-Bukele, los legisladores destituyeron y reemplazaron a todos los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, así como al Fiscal General. Los legisladores claramente tomaron la acción, en violación de los estándares internacionales sobre independencia judicial, porque no les agradaron los fallos de los jueces.

“A fines de junio, la Asamblea nombró cinco nuevos jueces de la Corte Suprema, sin transparencia ni deliberación abierta y en violación del proceso establecido en la Constitución y el propio reglamento interno de la Asamblea. Cada vez que cambia la legislatura, la ley permite que el organismo recién constituido designe a 5 de los 15 jueces de la Corte Suprema. Sin embargo, la nueva Asamblea controlada por los aliados de Bukele ha designado a 10”, manifestó HRW.

Por último, la ONG subrayó que, bajo las normas internacionales de derechos humanos, El Salvador “debe salvaguardar la independencia e imparcialidad de su poder judicial. Una serie de instrumentos autorizados, incluidos los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia del Poder Judicial, la Carta Universal del Juez y el Estatuto del Juez Iberoamericano, establecen los componentes clave de un poder judicial independiente e imparcial. Estos incluyen el requisito de que los jueces estén libres de restricciones, presiones u órdenes impuestas por otras ramas del gobierno, y seguridad en el cargo para que no teman ser destituidos de sus cargos por sus decisiones”.

Según la Carta Universal del Juez, los cambios en la edad de jubilación obligatoria para los jueces “no deben tener efecto retroactivo”.

“Si bien, en principio, los gobiernos son libres de determinar la edad de jubilación obligatoria de sus jueces, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados ha criticado una legislación similar que reduce retroactivamente la edad de jubilación obligatoria para los jueces como una ‘violación flagrante de los principios de seguridad de tenencia’. El relator especial también ha pedido a los gobiernos que garanticen que los nuevos regímenes de jubilación solo sean aplicables a los jueces que hayan ‘asumido sus funciones tras la entrada en vigor de la ley’”, concluyó.

Por otro lado, el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, señaló este jueves un “grave ataque” al sistema de justicia de El Salvador.

“Grave ataque a la independencia judicial. La actuación de las autoridades viola los principios básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura y todos los estándares internacionales en la materia”, publicó en su cuenta de Twitter.

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