El crimen de Carabinero en Chile agudiza crisis de histórica violencia rural en zona de conflicto mapuche

La escena en cada uno de sus registros es dramática. El cabo segundo Sebastián Naín Caniumil ingresando al Hospital Regional de Temuco, mientras un paramédico arrodillado sobre la camilla intentaba mantenerlo con vida, fue la antesala de su muerte. A sus 24 años, Naín deja una familia con dos hijos de 6 años y 7 meses. Según la información emanada desde la fiscalía, fue atacado por encapuchados que le dispararon con armas de grueso calibre mientras conducía en un radio patrulla en la Ruta 5 Sur, en Metrenco, a poco más de 5 kilómetros al sur de la capital regional, Temuco, que además era su ciudad natal. El joven se convirtió en la quinta víctima fatal de la violencia rural de la denominada zona roja de Chile en lo que va del año.

El disparo que atravesó la puerta del vehículo policial e impactó a Naín en la zona costal izquierda terminó con la vida del funcionario que había ingresado recién en 2016. En 2017, fue destinado a la tenencia de Carelmapu, en Maullín. Fue ascendido a cabo segundo, y en 2019 lo trasladaron a la segunda Comisaría de Temuco, donde se desempeñaba hasta ayer.

Nuevos antecedentes, imágenes del momento del ataque y las primeras detenciones, han provisto a la fiscalía de más antecedentes para dar con el paradero de los encapuchados que dispararon al cabo.

Los anteriores crímenes del 2020

El pasado 8 de febrero, el transportista Juan Barros Farías, de 54 años, permanecía en su camión esperando turno para entregar una carga de trigo en la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía, próxima a Temuco. En ese instante fue atacado con artefactos incendiarios por parte de un grupo de desconocidos mientras él se encontraba en el interior del vehículo. El trabajador permaneció 25 días agonizando por las graves quemaduras y compromiso de sus vías respiratorias. Finalmente el 6 de marzo Barros, falleció.

En agosto de 2020, en el sector de Pillanlebun, Francisco Millalén Antipe, se dirigía a su trabajo cuando impactó con un árbol que estaba en la ruta. Al principio pareció un accidente y así fue informado a la opinión pública, sin embargo, con el pasar de las horas, la fiscalía de la Araucanía informó que el desarrollo de su tesis buscaría determinar la responsabilidad de intervención e terceros. “Las personas que cortaron el árbol, lo dejaron atravesado en este camino público, en horas de la noche, con una alta neblina en el sector, deben haber representado la posibilidad que una persona sufriera un accidente con consecuencias fatales”, dijo en su momento el fiscal investigador Luis Torres.

Un mes más tarde, el 8 de septiembre de 2020. La muerte de Moisés Orellana, de 21 años, cerca de Cañete. El crimen tenía como fin silenciarlo, ya que había sido testigo de la huida del grupo armado detrás de tres incendios intencionales, los mismos que Moisés alguna vez combatió como brigadista del organismo que combate incendios forestales de Chile CONAF. La mala fortuna de la víctima quien se cruzó en el camino de ocho encapuchados que poco antes habían robado y quemado tres casas en el sector de Laguna Grande, en Cañete. Esa madrugada, el joven fue asesinado por un disparo de escopeta en la cara y se convirtió en una nueva víctima de la violencia rural en la provincia de Arauco.

El 3 de octubre pasado, el trabajador agrícola Pedro Cabrera recibió un disparo en el rostro, mientras intentaba escapar, después de haber sido testigo de un ataque ocurrido en un fundo de la zona. En el lugar, trabajadores agrícolas al concluir su jornada laboral se retiraban del sitio en un furgón, es entonces cuando son interceptados por otro vehículo en el que viajaban ocho sujetos que utilizando escopetas y armas largas los obligan a bajarse, le lanzan una molotov al auto y este termina consumido por las llamas. Cabrera, de 49 años, venía en un vehículo que se encontró con la escena, inmediatamente los encapuchados que protagonizaron el ataque, le dispararon causándole la muerte horas más tarde en un centro asistencial.

Consecuencias de un conflicto de larga data

El conflicto mapuche, es por sí mismo y más allá de la violencia ejercida en la zona, un conflicto desde lo teórico. Hablar de violencia rural, es rechazado, por ejemplo, desde quienes consideran que es formalmente terrorismo. Por lo anterior, dependerá desde dónde se plantee la visión que otorgue razones para interpretar el problema. Hace pocos meses, en septiembre de 2020, el presidente de Empresas CMPC, una de las más grandes de la industria de celulosa en Chile, Luis Felipe Gazitúa, se refirió a la situación de La Araucanía, en un encuentro organizado por la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC). El ingeniero comercial y líder de la forestal escogió un tono franco para abordar el histórico conflicto mapuche. “Chile ha hecho como que en La Araucanía no hay problema. Yo les pregunto a ustedes: si ustedes vivieran en un territorio de 1.000 kilómetros cuadrados y si de un día para otro los reducen a 10 kilómetros cuadrados, ¿qué les pasa? Los empobrecen. No estoy haciendo un juicio de valor sobre eso, estoy describiendo el hecho objetivo”, declaro. Sus palabras despertaron polémica entre sus colegas, que son formalmente el blanco de los ataques que se producen generalmente en la zona roja de la Araucanía. Han sido víctimas de incendios y crímenes alevosos.

En las últimas décadas, se ha procesado los reclamos de los pueblos indígenas como tema de derechos humanos. El movimiento mapuche ha presentado sus reivindicaciones en informes presentados por diversas agrupaciones ante el Estado y ante el Parlamento, como consta en un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, que describe: “Se presentaron cinco demandas en clave de derechos humanos: la autonomía territorial como forma de libre determinación indígena; la libertad de los dirigentes y comuneros encarcelados en el marco de procesos vinculados a la violencia rural, como reparación a violaciones al debido proceso; la representación parlamentaria mapuche y la consulta previa indígena como derecho a la participación política; la demanda territorial como derecho a la tierra y al territorio y al medio ambiente; y la educación intercultural como derecho a la educación. Además, se describen los estándares internacionales correspondientes y los principales actores que sostienen las respectivas demandas”, señala. La tarea, no sido abordada por las autoridades locales, y el texto queda en el texto. Sin solución, no se detiene el conflicto.

Más allá de las demandas, el intento por pacificar en los últimos años, se ha reducido a proporcionar más recursos policiales, más efectivos en la zona y por consecuencia mayor enfrentamiento, y como dijo un representante del mundo empresarial, “atacan el dolor de cabeza, pero no la enfermedad”.

No es la primera muerte de un efectivo policial en la zona de Arauco. Víctimas fatales y heridos engrosan una larga lista de malogrados efectivos que pierden la vida o quedan con secuelas imborrables como consecuencia del conflicto. Por lo mismo, calan hondo las palabras del tío del cabo asesinado, también funcionario de Carabineros, Benjamín Olea. “Los Carabineros somos como los conejos en la oscuridad, nos mandan a cruzar un bosque oscuro esperando que nos lleguen los balazos”, dice.

La historia se repite, los ataques se dan en medio de allanamientos, cortes de calle o barricadas, manifestaciones espontáneas y desórdenes en la vía pública. Crímenes que se suman también a las muertes de otros mapuche, todos víctimas de una violencia incontrolable en la zona. Esta vez un funcionario policial, en medio de un conflicto que no depone su nivel de violencia en el sur de Chile.

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