La SIP alertó sobre el enjuiciamiento a periodistas, embargos a medios de comunicación y amenazas con leyes que buscan controlar a la prensa en Nicaragua

Enjuiciamiento a periodistas, embargos a medios de comunicación no oficiales, amenazas con leyes que buscan controlar a la prensa y a las redes sociales para evitar narrativas alternas, ataques y robos contra reporteros, son parte del informe 2020 sobre la libertad de prensa en Nicaragua presentado este miércoles en la SIP.

La presentación del informe se hizo durante una sesión de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, que celebra desde este miércoles su 76 Asamblea General de manera virtual debido a la pandemia de la covid-19.

El informe advierte que “el embargo de bienes por investigaciones impositivas de años pasados, es el nuevo método usado para censurar a medios y la empresa privada, como sucedió con Canal 12”, uno de los dos canales de televisión abierta que no controla el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.

CRITICAN “LEY MORDAZA”

Además, alerta “que los procesos judiciales son el nuevo método para reprimir” a los periodistas y a la prensa, y que el Gobierno está promoviendo tres leyes que afectan la libertad de prensa, incluida una sobre ciberdelitos.

La de ciberdelitos, bautizada por la prensa como “Ley Mordaza”, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversada que produzcan alarma temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

La iniciativa otorga poder al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad mantener “congelada” hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, los cuales estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos, según el informe.

La otra es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, en vigor desde el lunes pasado, que, según el informe, “está diseñada para impedir el financiamiento de los partidos de oposición para la elección de noviembre de 2021”, pero que “también perjudica a los medios que reciben ayuda de diferentes fundaciones”.

MEDIOS CERRADOS Y ASFIXIADOS

Por otro lado, el informe recuerda que el Estado de Nicaragua también mantiene embargado desde diciembre de 2018 el edificio donde funcionaba el canal de televisión 100 % Noticias, así como el edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro.

Ambos grupos solo transmiten por las redes sociales porque se le ha prohibido su difusión en canales de televisión abierto o por cable.

Sobre que “los procesos judiciales son el nuevo método para reprimir”, mencionan, entre otros, el caso de la periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de la radio La Costeñísima, que fue hallada culpable por el delito de calumnias en un juicio promovido por tres extrabajadoras de una alcaldía gobernada por los sandinistas, y obligada a pagar una multa de 222 dólares.

“En otra práctica para intimidar a periodistas y medios”, agrega el informe, es el uso de agentes de tránsito para multar a periodistas críticos con el Gobierno, o bien el asedio policial en los edificios donde funcionan medios de comunicación no oficiales.

También la agresión para impedir las coberturas de prensa, y el cierre de espacios informativos en las emisoras locales por falta de anuncios para sostenerlo y que dejan en el desempleo a periodistas.

Según el informe, desde que Ortega recuperó el poder en 2007 “y comenzó a restaurar la dictadura, aumentaron las restricciones a la libertad de prensa y los ataques a medios y periodistas independientes”, y que la “situación se agravó cuando el régimen aplastó la rebelión auto convocada de abril de 2018”.

(Con información de EFE)

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