Tras el fallo que dejó a Lula da Silva a las puertas de la cárcel, el PT se reúne de emergencia en San Pablo

La disyuntiva en estas horas al interior del Partido de los Trabajadores (PT) es cómo escenificar el inminente arresto de su líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Los asesores jurídicos ya advirtieron que, por el momento, no cabe esperar otra cosa que la cárcel.

Para que la decisión se materialice resta que se terminen de cerrar las apelaciones formales al fallo del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, que lo condenó en segunda instancia. Luego, la causa será remitida al primer juez que sentenció al ex presidente, Sérgio Moro, que entonces podrá ordenar su arresto. Todo indica que eso ocurrirá la semana próxima.

Para definir cómo encarar el momento más crítico en la historia del partido fundado en 1980, sus principales dirigentes viajaron a San Pablo para mantener una reunión de urgencia. El lugar elegido es el Instituto Lula, según informa Folha de S.Paulo.

Resignados al encarcelamiento, algunos referentes del PT sostienen que, cuando se emita la orden judicial, la Policía tiene que llevarlo por la fuerza. De esa manera, podrían mostrarlo como un mártir perseguido por los poderosos.

Sin embargo, otros creen que esa es la imagen que están esperando los detractores de Lula. Por eso, piensan que sería un error hacerles semejante regalo. Para esta línea interna, lo mejor que puede hacer el ex sindicalista es entregarse por su cuenta, evitando que se lo lleven los uniformados.

En lo que todos coinciden es en la necesidad de mostrar que "el pueblo está con Lula". Quien se adelantó fue el senador Lindbergh Farias, que publicó en sus redes sociales una convocatoria a militantes de todo el país para que vayan a la casa del ex mandatario, en São Bernardo do Campo.

Una de las ideas que circula es formar un cordón humano alrededor del edificio. En el PT creen que el ex mandatario debe recibir el afecto de sus seguidores en estas horas.

Por el momento, está prohibido hablar de candidaturas. Mucho menos de evaluar un postulante alternativo en caso de que el Tribunal Superior Electoral le impida competir en las elecciones de octubre por tener una condena ratificada en segunda instancia.

De todos modos, recién se sabrá en agosto, cuando venza el plazo para oficializar a los candidatos.

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