La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la investigación por los ataques armados en Huité, Zacapa, en los que murieron ocho personas, pase al Juzgado de Mayor Riesgo A de Guatemala. La jueza Claudette Domínguez quedará a cargo del expediente, que se mantiene bajo reserva.
La decisión aparta el proceso de la jurisdicción local y concentra las diligencias judiciales en la capital, después de que las pesquisas incluyeran señalamientos sobre una posible participación de personal del Ejército. La Cámara Penal aceptó la petición para elevar el caso por los riesgos asociados a la investigación.
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El traslado implica que la jueza Domínguez deberá autorizar, a partir de la recepción del expediente, eventuales allanamientos y otras solicitudes que presente el Ministerio Público (MP) para esclarecer lo ocurrido.
El ataque dejó ocho muertos y 77 indicios balísticos
Los hechos ocurrieron a finales de septiembre durante un evento deportivo en Huité, un municipio de Zacapa, el pasado 27 de septiembre.
El Ministerio Público procesó cuatro escenas del crimen tras los ataques y localizó 77 indicios balísticos. Las autoridades no han divulgado avances específicos de la pesquisa debido a la reserva judicial que pesa sobre el expediente.
El entonces director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, indicó que las ocho víctimas no tenían antecedentes criminales. También afirmó que agentes de la PNC en Zacapa le informaron que en el lugar se desarrollaba una operación militar.
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La investigación abrió una línea relacionada con el despliegue de elementos castrenses en el municipio. La información judicial refiere que al menos 130 militares participaron en los operativos de aquella noche.
Mientras que el Ministerio de la Defensa Nacional informó el 8 de octubre que puso a disposición del MP a 107 integrantes del Ejército de distintas jerarquías.
Defensa reconoció que el Ejército actuó sin acompañamiento policial
Durante una citación en el Congreso, el viceministro de la Defensa, Jorge Lemus, reconoció que personal del Ejército se movilizó a Huité sin el acompañamiento de la PNC. Sin embargo, no precisó quién autorizó el operativo ni bajo qué instrucciones se produjo el despliegue.
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La cartera de Defensa sostuvo que sus averiguaciones internas ya habían concluido y que el informe fue entregado al presidente Bernardo Arévalo, con la instrucción de remitirlo al MP. Según la versión del Ministerio de la Defensa, los militares realizaron disparos disuasivos luego de escuchar detonaciones en el área.
El cambio de juzgado ocurre mientras la fiscalía continúa con diligencias para determinar las circunstancias de los disparos, la cadena de mando del operativo y la posible responsabilidad penal de quienes intervinieron.
Arévalo relevó a dos mandos militares tras los hechos
El 8 de octubre, el presidente Arévalo anunció el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Geovani Martínez Milián, y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería, Erwin Constanza Hidalgo.
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El mandatario explicó que la medida tenía como objetivo facilitar las investigaciones y asegurar el acceso de las autoridades al personal militar relacionado con el caso. Los cambios se produjeron después de que el Ministerio de la Defensa informara sobre la puesta a disposición de militares ante el MP.
Lemus confirmó posteriormente que los dos oficiales seguían vinculados a la institución, aunque ya no ocupaban los cargos que ejercían al momento de los hechos. Constanza Hidalgo permanecía en situación de disponibilidad, mientras que Martínez Milián cumplía tareas de asesoría.
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