Miguel Martínez desistió de la apelación contra el fallo que confirmó las sanciones financieras de Estados Unidos, una decisión que deja vigente su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia aceptó el 20 de octubre la solicitud de desistimiento voluntario presentada por Luis Miguel Martínez Morales, más conocido como “Miguelito”, exdirector del Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei.
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El expediente fue archivado y el tribunal ordenó emitir de inmediato el mandato para devolver la jurisdicción al tribunal federal que conoció el caso en primera instancia.
El retiro del recurso implica que se mantiene sin cambios la resolución de la jueza federal Beryl A. Howell, emitida el 24 de julio de 2026. En esa sentencia, la magistrada respaldó la decisión de la OFAC de conservar las medidas contra el exfuncionario guatemalteco.
El fallo que respaldó la permanencia de Martínez en la lista SDN
Martínez había acudido a la justicia estadounidense para cuestionar su designación en la lista SDN, en la que fue incluido el 1 de diciembre de 2023.
La medida bloquea los bienes e intereses patrimoniales que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos y prohíbe, salvo excepciones autorizadas, las transacciones con ciudadanos, compañías e instituciones financieras estadounidenses.
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La jueza Howell concluyó que la OFAC contaba con una base razonable para mantener las sanciones. La resolución judicial estableció que la agencia no actuó de forma arbitraria ni caprichosa al rechazar la solicitud del exfuncionario para salir del listado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Martínez por su presunta participación en esquemas de corrupción pública, entre ellos irregularidades en contrataciones estatales y solicitudes de pagos para facilitar la adquisición de vacunas rusas Sputnik V durante la pandemia de covid-19.
Según los señalamientos, el exdirector del Centro de Gobierno habría utilizado su posición para favorecer a determinadas personas en procesos de contratación pública. La OFAC también sostuvo que existieron maniobras para otorgar contratos fuera del sistema Guatecompras, con el objetivo de evitar los procedimientos de licitación.
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Las acusaciones sobre la compra de 16 millones de dosis de Sputnik V
Uno de los puntos centrales del expediente fue la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala. La agencia estadounidense atribuyó a Martínez la solicitud de pagos irregulares vinculados con esa operación.
Howell examinó las partes públicas y reservadas del archivo administrativo. La jueza indicó que había información clasificada o sensible para las investigaciones que respaldaba las conclusiones de la OFAC sobre la supuesta participación del exfuncionario en hechos de corrupción.
La defensa de Martínez sostuvo que una agencia anticorrupción guatemalteca había investigado y desestimado los señalamientos relacionados con la compra de vacunas. También argumentó que no existía una acusación penal en su contra.
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No obstante, el tribunal federal consideró que las decisiones de las autoridades policiales, fiscales o judiciales de Guatemala no determinaban la validez de una sanción administrativa estadounidense. El fallo no equivale a una condena penal, sino que avala la legalidad del procedimiento aplicado por la OFAC.
La información financiera que la OFAC consideró insuficiente
Durante el trámite administrativo, la OFAC envió dos cuestionarios a Martínez en 2024. La agencia solicitó información sobre ingresos, propiedades, cuentas bancarias, actividades económicas posteriores a su salida del Gobierno y vínculos con funcionarios guatemaltecos.
También pidió detalles sobre su participación en la compra de Sputnik V y sobre eventuales investigaciones del Departamento de Justicia o del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
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Martínez afirmó que había respondido los requerimientos y entregado información financiera, bancaria y patrimonial. Sin embargo, la jueza señaló que el expediente mostraba que la documentación no permitió a la agencia establecer con claridad el origen de sus ingresos, la situación de sus bienes ni sus actividades económicas.
La OFAC cuestionó, además, que hubiera entregado declaraciones financieras públicas correspondientes a 2020 y 2021, sin presentar registros actualizados que respaldaran sus respuestas. Howell señaló que la falta de información suficiente, junto con la ausencia de medidas correctivas, respaldaba la decisión de mantenerlo en la lista.
El desistimiento deja firme la decisión de primera instancia
Martínez presentó la apelación el 10 de agosto, después del fallo de Howell. Con el desistimiento aceptado el 20 de octubre, la decisión de primera instancia quedó firme y las sanciones continúan vigentes.
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La orden de la Corte de Apelaciones dispuso el archivo de la causa y la emisión del mandato conforme a la Regla Federal de Procedimiento de Apelación 41. El documento devuelve formalmente el caso al tribunal de distrito y permite ejecutar la resolución ya emitida.
La presentación para retirar la apelación no expuso los motivos de la decisión. Por ahora, Miguel Martínez permanece en la lista de sancionados de Estados Unidos por los señalamientos de corrupción que la OFAC vinculó con contrataciones públicas y la compra de vacunas Sputnik V.
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