El martes 10 de abril. Esa es la nueva fecha clave que manejan los medios brasileños como límite para que Luiz Inácio Lula da Silva agote sus recursos legales y postergue el cumplimiento de la sentencia de doce años y un mes por corrupción que le dictó el TRF-4, el tribunal de segunda instancia que reafirmó que es culpable de corrupción.
El Supremo Tribunal de Brasil rechazó poco después de la medianoche de este miércoles el pedido de habeas corpus que habían motorizado los representantes legales del ex presidente y actual precandidato del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.
El ajustado 6-5 con que se saldó esta votación suponía la última posibilidad real de Lula de evitar un ingreso a prisión que lo aparte de la nueva carrera presidencial, en la que -según las encuestas- marchaba como favorito.
Pero el trámite legal para que sea recluido aún no ha acabado. El juez Sérgio Moro, el gran impulsor del Lava Jato, deberá esperar a que los abogados del líder del PT decidan si presentan ante el TRF-4 un último pedido conocido como "embargo de lo embargos".
Esto debería suceder antes del martes de la semana que viene. Se descuenta que el TRF-4 negará este reclamo, lo que cerraría finalmente el caso en segunda instancia y habilitaría a Moro a pedir el arresto de Lula.
La defensa también puede optar por recurrir directamente a los tribunales superiores, aunque ese trámite aceleraría el fin de la segunda instancia y, con ello, la entrada a prisión de su cliente.
Tribunales superiores
Ya con Lula tras las rejas, sus abogados podrían, entonces, pedirle al TRF-4 que el caso pase a consideración del Supremo Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal, el mismo que le negó el habeas corpus.
Si el tribunal de segunda instancia le negara esa solicitud, esta puede ser enviada directamente al STF, para que sea evaluado en Brasilia. Si la máxima corte de Brasil acepta evaluar el caso, tendrá la palabra final sobre el juicio al ex presidente.
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