El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva remitió a la Justicia su pasaporte a través de sus abogados, después de que un tribunal le prohibió salir del país por su condición de condenado a prisión por corrupción.
El documento de Lula fue entregado en un tribunal de San Pablo por miembros de su equipo de defensa en cumplimiento de una orden dictada por un juez de Brasilia, que alertó sobre la posibilidad de que el ex presidente no regresara al país tras un viaje que tenía planeado para este viernes a Etiopía.
Lula iba a participar en un evento sobre el combate al hambre en el mundo organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que se celebra en Adis Abeba, en el marco de una Cumbre de la Unión Africana.
Sin embargo, después de que el pasado miércoles un tribunal de segunda instancia ratificó y amplió de nueve a 12 años la pena dictada contra Lula por un juez inferior, una corte de Brasilia prohibió que el ex presidente abandone el país.
En su decisión, el juez Ricardo Leite, responsable de una de las siete causas penales que enfrenta Lula, indicó que "es público que algunos aliados políticos del ex presidente, que buscan politizar los procesos judiciales, han pensado hasta en un eventual pedido de asilo" en otro país.
Según el magistrado, los viajes internacionales de Lula, sobre todo a países "que no tienen tratados de extradición con Brasil", como es el caso de Etiopía, "merecen un tratamiento diferenciado".
A pesar de su cada vez más complicada situación jurídica, y en un paso más de la "defensa política" de su fundador y máximo líder, el Partido de los Trabajadores (PT) ratificó este jueves a Lula como su candidato a presidente para las elecciones de octubre próximo.
El futuro de esa proclamación, sin embargo, está en manos de los tribunales, pues las leyes brasileñas impiden que una persona que ha sido condenada en segunda instancia se postule para un cargo electivo.
La posible impugnación de la candidatura de Lula, no obstante, solo puede ocurrir a partir del 15 de agosto, cuando vence el plazo para la inscripción de candidatos en el Tribunal Superior Electoral, que tendrá la última palabra sobre el asunto.
Más allá de la posibilidad de que su candidatura sea rechazada, Lula también corre el riesgo de que el tribunal de segunda instancia que ratificó su condena decida ejecutar la pena una vez agotadas las apelaciones que su defensa puede presentar ante esa misma corte.
Sin embargo, si esas apelaciones fueran rechazadas, Lula todavía tendría derecho a recurrir ante tribunales superiores, lo que puede postergar una eventual decisión de enviarlo a prisión.
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