TikTok deberá pagar 400 millones de dólares a EEUU por demanda de violación de privacidad de menores

TikTok deberá pagar 400 millones de dólares a Estados Unidos como compensación por una demanda en la que se le acusó de violar la privacidad de menores y recolectar datos de usuarios menores de trece años sin autorización parental. El acuerdo fue alcanzado este 21 de agosto con el Departamento de Justicia, que había iniciado el proceso judicial en 2024 contra la plataforma y su entonces empresa matriz, ByteDance, con sede en China.

La demanda presentada por el Departamento de Justicia sostenía que tanto TikTok como su predecesora, Musical.ly, permitían la creación de cuentas por parte de niños menores de trece años y no eliminaron ni cerraron esos perfiles ni los datos correspondientes cuando los padres lo solicitaron.

Estas acciones fueron consideradas una violación de la Ley de Protección de la Privacidad del Menor en Internet, que exige a las empresas el consentimiento de los padres para almacenar información personal de usuarios menores de trece años.

El acuerdo establece que TikTok pagará 300 millones de dólares de forma inmediata y otros 100 millones una vez que se retire la demanda contra Musical.ly. Según el Departamento de Justicia, la resolución representa “una importante victoria para los niños y los padres estadounidenses”, y reafirma que la prioridad de la administración es proteger a los menores en Internet y asegurar que las empresas tecnológicas cumplan con la legislación vigente.

Desde la presentación de la demanda, TikTok implementó cambios en su estructura de propiedad, gestión y políticas de privacidad. El Departamento de Justicia destacó que la plataforma completó procesos para mejorar el cumplimiento normativo y reforzar las medidas de protección de datos.

Esta resolución, según la comunicación oficial, busca no solo una compensación económica significativa sino también el fortalecimiento de las garantías para las familias usuarias de la aplicación.

La presión regulatoria y la venta forzada de TikTok en EE. UU.

La causa judicial se enmarcó en un contexto de presión creciente de las autoridades hacia las grandes plataformas tecnológicas. El año pasado, la Casa Blanca obligó a ByteDance a vender su filial estadounidense a un grupo de inversores locales, tras la aprobación de una ley que prohibía el control extranjero sobre la plataforma en territorio nacional.

El Congreso justificó la medida al considerar que la propiedad china de TikTok implicaba riesgos de acceso a los datos de ciudadanos y posibles usos para manipulación o propaganda.

El proceso legal se resolvió cuando la Corte Suprema respaldó la posición del Gobierno. Durante unas horas, TikTok llegó a estar suspendida en vísperas de la toma de posesión presidencial del 20 de enero de 2025. Posteriormente, el nuevo presidente estadounidense mantuvo conversaciones con su par chino y autorizó la continuidad temporal de la plataforma mientras avanzaban las negociaciones para su venta definitiva.

En marzo de este año, se cerró el acuerdo que incluyó un pago de USD 10.000 millones al Gobierno estadounidense como parte de la operación. Entre los nuevos propietarios de la filial estadounidense se encuentran empresarios y firmas tecnológicas nacionales e internacionales, además de inversores vinculados a la industria tecnológica y financiera.

Nueva estructura de propiedad y reparto de beneficios

Según los términos del acuerdo, los nuevos propietarios estadounidenses de TikTok deberán compartir las ganancias generadas en el país con ByteDance, que conserva un 20% del capital pero quedó excluida de la gestión operativa. Este nuevo esquema responde a la preocupación de las autoridades estadounidenses por el control y la protección de los datos personales de los usuarios de redes sociales.

Las autoridades reiteraron que el objetivo principal de estas medidas es asegurar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los menores. También advirtieron que la situación de TikTok en Estados Unidos continuará bajo observación, en un contexto donde la regulación de los datos digitales y la privacidad sigue siendo un tema central en la agenda pública y política.