Allanaron un zoológico por irregularidades en Misiones: los dueños no pudieron acreditar la tenencia legal de 400 animales

La Policía Federal inspeccionó un predio de Montecarlo con varios ejemplares; de los cuales 252 pertenecen a especies silvestres protegidas y sus responsables deberán presentar documentación en 20 días

Una mujer de espaldas con gorra y chaleco con las letras PFA frente a una gran jaula de alambre que contiene un mono
La Justicia otorgó 20 días a los responsables para acreditar la legalidad del funcionamiento del predio y de los ejemplares alojados.
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Un zoológico de Montecarlo, en la provincia de Misiones, quedó bajo investigación después de que la Policía Federal Argentina (PFA) allanara el predio y verificara que sus responsables no pudieron acreditar la procedencia ni la tenencia legal de unos 400 animales. Entre ellos, 252 ejemplares pertenecen a especies silvestres protegidas por la Ley Nacional 22.421.

Una persona de espaldas con una chaqueta que tiene la inscripción PFA frente a ventanas y carteles de cascabel y yarará
Durante el procedimiento, los responsables del zoológico no pudieron presentar documentación sobre el origen y la tenencia de los animales.

El procedimiento se realizó en un parque de ocho hectáreas ubicado sobre la ruta nacional 12, entre Posadas y las Cataratas del Iguazú. El establecimiento funcionaba desde hacía más de 40 años y había sido denunciado por presuntas deficiencias en el cuidado de los animales y por dudas sobre el origen de parte de la fauna alojada allí.

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Durante la inspección, los efectivos identificaron pecaríes labiados y de collar, yacarés overos, yaguarundíes, hurones menores, caranchos, distintas especies de guacamayos y loros, muitús, corzuelas enanas y monos capuchinos, además de otros reptiles, aves y mamíferos.

Los reclamos incluyeron advertencias sobre animales desnutridos, recintos pequeños, falta de higiene, acumulación de excrementos y bebederos deteriorados. Distintas organizaciones proteccionistas y entidades dedicadas al rescate también habían cuestionado la falta de documentación respaldatoria.

Una mujer de espaldas con chaleco de la Policía Federal Argentina frente a un mono que sostiene los barrotes de una jaula
En el predio de ocho hectáreas había cerca de 400 ejemplares, incluidos 252 de especies silvestres protegidas por ley.

La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Investigaciones Ambientales, dirigida por el fiscal Ramiro González, con intervención de la secretaría a cargo de Romina Hachmann. Agentes del Departamento Federal de Investigaciones ingresaron con apoyo de la División Unidad Operativa Federal de Eldorado y entrevistaron a dos hombres que se presentaron como propietarios y responsables del zoológico.

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Sin embargo, y al requerirles las habilitaciones del establecimiento y las constancias sobre el origen y la tenencia de los ejemplares, los responsables indicaron que no tenían esos documentos en el lugar.

Los animales estaban distribuidos en distintos sectores del predio y en recintos individualizados, según la fuerza de seguridad. Tras informar el resultado del operativo a las autoridades judiciales, se otorgó a los responsables un plazo de 20 días para presentar la documentación que acredite la legalidad de la actividad y de la tenencia de los animales.

Qué dice la Ley Nacional 22.421

La Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna fija el marco legal para proteger a los animales silvestres en el país y regular las actividades vinculadas con su captura, tenencia, traslado, comercio y aprovechamiento.

La norma, sancionada el 5 de marzo de 1981, declara de interés público la protección, conservación, propagación, repoblación y uso racional de la fauna silvestre. También establece que todos los habitantes tienen el deber de resguardarla de acuerdo con las reglamentaciones dictadas por las autoridades competentes.

La ley incluye dentro de la fauna silvestre a los animales que viven libres en ambientes naturales o artificiales, a los ejemplares salvajes que permanecen bajo control humano en cautiverio o semicautiverio y a los domésticos que volvieron a un estado salvaje. Los animales alcanzados por la legislación pesquera quedan excluidos de este régimen.

Dos guacamayos con plumaje rojo, azul y amarillo se encuentran sobre una viga de madera frente a una cerca metálica
El allanamiento alcanzó a un establecimiento ubicado sobre la ruta nacional 12, que funcionaba desde hacía más de cuatro décadas.

El texto regula la caza, el hostigamiento, la captura, la destrucción de crías, huevos, nidos o guaridas, así como la tenencia, posesión, tránsito, comercio y transformación de ejemplares y sus derivados. La conservación debe ser el criterio prioritario frente a los beneficios económicos, productivos, recreativos o culturales que pueda generar el uso de la fauna.

Además, la normativa permite restringir o prohibir la caza por razones de protección de especies o de seguridad pública. Para ejercer esa actividad, las autoridades nacionales y provinciales pueden exigir licencias y establecer condiciones específicas según cada jurisdicción.

La ley también contempla medidas para especies en riesgo. Cuando una población autóctona está en peligro de extinción o presenta una disminución grave, el Poder Ejecutivo Nacional debe adoptar acciones de emergencia destinadas a asegurar su recuperación y permanencia.

Un ave de plumaje blanco, negro y cabeza anaranjada extiende las alas sobre un tejado dentro de un recinto cercado con malla metálica
La Policía Federal inspeccionó un zoológico de Montecarlo, Misiones, tras denuncias por presuntas irregularidades en el cuidado y la tenencia de animales.

Otro de los puntos centrales es la prohibición de liberar animales silvestres mantenidos en cautiverio sin autorización previa. Asimismo, el Estado puede impedir la importación o introducción de ejemplares, huevos, larvas o material reproductivo si existe riesgo de alterar el equilibrio ecológico o afectar actividades económicas.

Las infracciones pueden derivar en multas, decomiso de animales y productos derivados, incautación de armas, trampas u otros elementos empleados, suspensión o cancelación de licencias y clausura de locales o comercios. La aplicación directa de la ley rige en ámbitos de jurisdicción nacional, en el comercio interprovincial e internacional y en las provincias que adhieran al régimen.

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