
Un zoológico de Montecarlo, en la provincia de Misiones, quedó bajo investigación después de que la Policía Federal Argentina (PFA) allanara el predio y verificara que sus responsables no pudieron acreditar la procedencia ni la tenencia legal de unos 400 animales. Entre ellos, 252 ejemplares pertenecen a especies silvestres protegidas por la Ley Nacional 22.421.

El procedimiento se realizó en un parque de ocho hectáreas ubicado sobre la ruta nacional 12, entre Posadas y las Cataratas del Iguazú. El establecimiento funcionaba desde hacía más de 40 años y había sido denunciado por presuntas deficiencias en el cuidado de los animales y por dudas sobre el origen de parte de la fauna alojada allí.
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Durante la inspección, los efectivos identificaron pecaríes labiados y de collar, yacarés overos, yaguarundíes, hurones menores, caranchos, distintas especies de guacamayos y loros, muitús, corzuelas enanas y monos capuchinos, además de otros reptiles, aves y mamíferos.
Los reclamos incluyeron advertencias sobre animales desnutridos, recintos pequeños, falta de higiene, acumulación de excrementos y bebederos deteriorados. Distintas organizaciones proteccionistas y entidades dedicadas al rescate también habían cuestionado la falta de documentación respaldatoria.

La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Investigaciones Ambientales, dirigida por el fiscal Ramiro González, con intervención de la secretaría a cargo de Romina Hachmann. Agentes del Departamento Federal de Investigaciones ingresaron con apoyo de la División Unidad Operativa Federal de Eldorado y entrevistaron a dos hombres que se presentaron como propietarios y responsables del zoológico.
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Sin embargo, y al requerirles las habilitaciones del establecimiento y las constancias sobre el origen y la tenencia de los ejemplares, los responsables indicaron que no tenían esos documentos en el lugar.
Los animales estaban distribuidos en distintos sectores del predio y en recintos individualizados, según la fuerza de seguridad. Tras informar el resultado del operativo a las autoridades judiciales, se otorgó a los responsables un plazo de 20 días para presentar la documentación que acredite la legalidad de la actividad y de la tenencia de los animales.
Qué dice la Ley Nacional 22.421
La Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna fija el marco legal para proteger a los animales silvestres en el país y regular las actividades vinculadas con su captura, tenencia, traslado, comercio y aprovechamiento.
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La norma, sancionada el 5 de marzo de 1981, declara de interés público la protección, conservación, propagación, repoblación y uso racional de la fauna silvestre. También establece que todos los habitantes tienen el deber de resguardarla de acuerdo con las reglamentaciones dictadas por las autoridades competentes.
La ley incluye dentro de la fauna silvestre a los animales que viven libres en ambientes naturales o artificiales, a los ejemplares salvajes que permanecen bajo control humano en cautiverio o semicautiverio y a los domésticos que volvieron a un estado salvaje. Los animales alcanzados por la legislación pesquera quedan excluidos de este régimen.
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El texto regula la caza, el hostigamiento, la captura, la destrucción de crías, huevos, nidos o guaridas, así como la tenencia, posesión, tránsito, comercio y transformación de ejemplares y sus derivados. La conservación debe ser el criterio prioritario frente a los beneficios económicos, productivos, recreativos o culturales que pueda generar el uso de la fauna.
Además, la normativa permite restringir o prohibir la caza por razones de protección de especies o de seguridad pública. Para ejercer esa actividad, las autoridades nacionales y provinciales pueden exigir licencias y establecer condiciones específicas según cada jurisdicción.
La ley también contempla medidas para especies en riesgo. Cuando una población autóctona está en peligro de extinción o presenta una disminución grave, el Poder Ejecutivo Nacional debe adoptar acciones de emergencia destinadas a asegurar su recuperación y permanencia.
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Otro de los puntos centrales es la prohibición de liberar animales silvestres mantenidos en cautiverio sin autorización previa. Asimismo, el Estado puede impedir la importación o introducción de ejemplares, huevos, larvas o material reproductivo si existe riesgo de alterar el equilibrio ecológico o afectar actividades económicas.
Las infracciones pueden derivar en multas, decomiso de animales y productos derivados, incautación de armas, trampas u otros elementos empleados, suspensión o cancelación de licencias y clausura de locales o comercios. La aplicación directa de la ley rige en ámbitos de jurisdicción nacional, en el comercio interprovincial e internacional y en las provincias que adhieran al régimen.
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