Temprano en la mañana, cuando el sol empieza a hacerse sentir, trabajadores de hoteles y edificios bajan a la playa de Punta del Este y comienzan a perforar la arena para colocar una sombrilla. Luego dejan dos sillas de playa y el lugar queda reservado para los huéspedes que quieran ir más tarde.
Desde hace algunos años esta escena se repite en Punta del Este. En 2022, una reglamentación de la Junta Departamental de Maldonado —el órgano legislativo del departamento en el que está Punta del Este— estableció un límite de tres sombrillas y seis reposeras por edificio. Estos elementos no pueden estar a menos de 10 metros de la orilla y cada establecimiento debe estar previamente identificado.
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Sin embargo, la reglamentación no se cumple y por eso esta semana el órgano legislativo aprobó una nueva norma que endurece los controles y fija disposiciones más estrictas, informó El Observador.
El proyecto aprobado por la Junta Departamental busca evitar “una suerte de privatización de hecho de las playas, producto de la superpoblación de sombrillas y reposeras”. La norma se denomina Regulación de los servicios de playa prestados por edificios, hoteles y complejos inmobiliarios.
La medida no alcanza a los turistas particulares.
Uno de los artículos establece la prohibición a los edificios y hoteles de “instalar sillas, sombrillas, reposeras y demás implementos con la finalidad de reservar espacios de playa para usuarios que no se encuentren presentes”. Estos implementos podrán colocarse una vez que los huéspedes lleguen a la playa y deberán retirarse cuando la abandonen.
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“Los servicios de playa comprendidos en el presente decreto no podrán instalar sillas, sombrillas, reposeras, tumbonas ni otros implementos dentro de los primeros diez metros contados desde la rompiente de las olas. Las medidas de las sombrillas no podrán sobrepasar los 2,5 metros de diámetro”, establece el tercer artículo.
Por su parte, la Intendencia de Maldonado tendrá la potestad de habilitar “el uso de camastros, sillas y/o reposeras, según las dimensiones de la franja costera, las infraestructuras existentes o permisos ya otorgados”.

Los paradores que están en la playa, mientras tanto, no podrán construir infraestructuras para guardar materiales, salvo que cuenten con una autorización expresa. “Los implementos podrán permanecer durante el día, desarmados y agrupados, en los lugares expresamente habilitados, sin obstaculizar la circulación de personas ni afectar el cordón dunar. Todos los implementos deberán retirarse al finalizar la jornada, antes de la caída del sol”, agrega el decreto.
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La Intendencia de Maldonado y los municipios serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones y fijar las sanciones correspondientes.
“En los últimos años, dada la cantidad de edificios nuevos, así como la cantidad de usuarios de estos, la mayoría de la primera línea de la franja costera se ocupa reservando lugares en tempranas horas de la mañana con sombrillas y sillas que, sin ser usadas inmediatamente, impiden a quien concurre a la playa ubicarse con libertad e igualdad de condiciones en un lugar de uso público”, señala la resolución.

Esta iniciativa fue impulsada por el edil del Frente Amplio, Leonardo Pereira, de la oposición en Maldonado, pero incorporó modificaciones propuestas por los oficialistas del Partido Nacional, Pablo Chalar y Guillermo Ipharraguerre.
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“La playa no es de nadie y es de todos. Se están tutelando dos situaciones diferentes: por un lado, el uso de servicios de playas y el uso individual de los ciudadanos. La normativa apunta a la fiscalización y a dar mayor precisión al régimen de infracciones y sanciones. Lo que pretende es regular una actividad específica sin restringir los derechos generales de los ciudadanos”, comentó Chalar, según consignó El Observador. “La playa es de todos”, insistió.
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