Procesaron con prisión preventiva al clan familiar detrás de la prepaga trucha de La Matanza

Cinco personas fueron procesadas con prisión preventiva por la Justicia de La Matanza tras ser consideradas responsables de integrar una asociación ilícita dedicada a la explotación irregular de centros de salud bajo el nombre de Argentina Salud y otros, que funcionaban sin habilitación y empleaban a personas sin títulos profesionales para la atención médica.

Según la resolución del Juzgado de Garantías N°1 de La Matanza, los imputados son Alberto Rubén Santarceri, identificado como organizador del grupo, Noelia Sofía Edith Luna, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri y Gabriel Musse. El fallo señala que actuaban en sedes ubicadas en González Catán, Virrey del Pino y San Justo, partido de La Matanza, entre otros domicilios relevados, entre al menos fines de 2024 y mayo de 2026.

La investigación, a cargo del fiscal Fernando Garate, relevó 14 hechos donde, en diferentes consultorios y bajo la estructura de Argentina Salud y sociedades vinculadas, se constató la atención de pacientes por personas no matriculadas, la elaboración de documentos y recetas médicas con sellos apócrifos a nombre de profesionales reales —muchos de los cuales desconocieron haber prestado servicios en esos lugares—, y la venta de medicamentos sin intervención de farmacéuticos, según surge del análisis de los expedientes y testimonios incorporados.

El documento judicial detalla que varios profesionales de la salud —entre ellos Romina Paola Neira, Yanina Croissant, Ana María Tamagnone y Mario Mita Arcienega— desconocieron tanto las recetas como los sellos atribuidos a ellos y aseguraron no haber trabajado en las clínicas. Además, los informes de inspección de la Dirección Provincial de Fiscalización Sanitaria de Buenos Aires comprobaron el funcionamiento sin habilitación ni controles legales de los centros ubicados en avenida Juan Manuel de Rosas N°14.901, N°20.964 y en la calle Fortín Yunka al 609. Diversas actas señalaron infracciones estructurales, ausencia de personal idóneo, habilitaciones vencidas o inexistentes, y la presencia de medicamentos de venta restringida.

Las declaraciones testimoniales sumadas a la causa revelan que el mecanismo consistía en captar pacientes, realizar diagnósticos y prescripciones, incluso mediante la venta de fármacos y la expedición de certificados médicos por personal no habilitado. Algunas personas declararon haber recibido atención y medicación en esos lugares y, en casos, haber sufrido consecuencias de salud posteriores. El expediente incluye relatos de atención a menores y adultos mayores por personal que no pudo acreditar su título habilitante para ejercer la medicina en la Argentina, así como contratos con escuelas y sindicatos para la cobertura de emergencias médicas.

La Fiscalía incorporó también los resultados de diligencias de allanamiento en las que se secuestró una gran cantidad de sellos médicos apócrifos (más de 70 hallados en un maletín dentro de un vehículo con ploteo de Argentina Salud), medicamentos de uso controlado o psicotrópicos, recibos de pagos y documentación de contrataciones con distintas organizaciones y empresas.

Los informes periciales y bancarios aportados muestran transferencias por grandes sumas de dinero a nombre de Alberto Rubén Santarceri y sociedades conexas con movimientos asociados a la operatoria de los consultorios, farmacias y ambulancias. Se identificaron pagos a distintos empleados y a empresas proveedoras del rubro médico, así como la adquisición de vehículos identificados como ambulancias sin habilitación para tal fin.

Testigos y extrabajadores relataron la existencia de un circuito de contratación informal de personal extranjero sin título revalidado, el uso de sellos de profesionales auténticos y la entrega de recetas y certificados a pacientes y organismos, en ocasiones para justificar ausencias laborales ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros empleadores.

La Justicia resaltó la gravedad del riesgo generado por la prestación de servicios médicos, la administración y dispensación de medicamentos fuera de las exigencias legales, el empleo de identidades y matrículas profesionales sin consentimiento y la provisión de servicios contratados por entidades que resultaron ser aportados por personas sin habilitación legal, según se desprende de las pericias, testimonios, inspecciones e informes ligados a la causa.

Con base en los elementos reunidos, el juzgado dispuso la prisión preventiva de los cinco acusados por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documentos, usurpación de títulos y honores, tenencia ilegal de arma de guerra y asociación ilícita (esta última agravada en el caso de Santarceri, señalado como jefe u organizador). La resolución fue notificada al Servicio Penitenciario Bonaerense y al Registro Nacional de Reincidencia. La investigación continúa a cargo de la UFI N°1 de La Matanza.