
Un intento de estafa inmobiliaria fue frustrado en la localidad de Abasto, partido de La Plata, luego de la rápida intervención de la Policía Bonaerense y la posterior actuación de la Justicia local.
El episodio tuvo lugar en la intersección de Ruta 36 y calle 474, donde se realizaba una presunta negociación de compraventa de un terreno utilizando documentación que resultó ser apócrifa.
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La maniobra quedó al descubierto cuando una denuncia anónima alertó a los efectivos del Subcomando Oeste sobre movimientos sospechosos en el predio. Al arribar al lugar, los agentes encontraron a dos personas: un hombre que se presentaba como vendedor y otro sujeto interesado en adquirir el lote. Ambos discutían detalles de la operación y revisaban papeles vinculados al inmueble.
Según fuentes policiales, el presunto vendedor exhibía una serie de documentos, entre ellos informes de dominio y planos del terreno, con el propósito de acreditar la propiedad y cerrar la transacción. Todo parecía en regla hasta que una tercera persona irrumpió en la escena: una mujer que se identificó como apoderada de la empresa titular del predio.
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Según informó el portal 0221, la intervención de la mujer resultó decisiva para poner en duda la autenticidad de los papeles presentados por el supuesto vendedor. Ella aportó documentación original respaldatoria, incluyendo un acta notarial que certificaba su condición de apoderada y la titularidad de la empresa sobre el terreno.
Frente a la nueva información aportada, los efectivos policiales consultaron de inmediato con las autoridades judiciales de La Plata. Tras recibir instrucciones, procedieron a la aprehensión del sospechoso bajo la carátula de tentativa de estafa. Además, se dispuso el secuestro del vehículo en el que se movilizaba y de diversos elementos considerados clave para la investigación.
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Durante la requisa, la Policía incautó documentación presuntamente falsa, formularios automotores sin completar, un sello automático, talonarios de recibos, y una cédula de identificación vehicular. Todos estos objetos fueron remitidos para su peritaje, con el objetivo de determinar su origen y el posible grado de falsificación. Se informó que el procedimiento fue avalado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata.
El hombre aprehendido fue trasladado a la dependencia policial para su identificación y declaración, en tanto que la Fiscalía dispuso su libertad bajo ciertas condiciones, conforme lo establece el Código Procesal Penal. La investigación sigue su curso para determinar la responsabilidad del sospechoso y si existen otros involucrados.
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En el marco de la causa judicial, los peritajes sobre los elementos incautados serán clave para establecer el grado de planificación de la maniobra y si se trata de un hecho aislado o parte de una modalidad delictiva más amplia. La UFI N° 11, a cargo de la investigación, evalúa posibles conexiones con otros casos de fraude inmobiliario en la región.

Irá a juicio el clan acusado de la mayor estafa inmobiliaria del país
El clan acusado de lo que podría ser la mayor estafa inmobiliaria de la historia del país enfrentará el juicio en su contra. En los últimos días, la jueza Paula González avaló el pedido de elevación a juicio presentado a fines de febrero por la fiscal Mónica Cuñarro contra el empresario Vito L’Abbate, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago y su colaborador Patricio Gastón Flores, integrantes del esquema inmobiliario Induplack, dedicado al desarrollo de 17 obras de pozo a lo largo de CABA.
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Así, los acusados -todos ellos presos en penales federales, con denuncias en su contra que datan de 2020- deberán enfrentar al Tribunal Oral N°26 en una fecha a definir, con la acusación representada por el fiscal Guillermo Morosi. Cuñarro los acusa de integrar una asociación ilícita que afectó a más de 400 víctimas con, al menos, 441 hechos de estafa. El daño colectivo se estima en más de 24 millones de dólares y 1125 millones de pesos. En 2025, los L’Abbate y Patricio Flores fueron embargados colectivamente por $36 millones de dólares.
En su acusación, la fiscal aseguró que, con su accionar, los imputados ejecutaron “un designio criminal único encaminado a defraudar a una masa de personas, damnificar a una cantidad de personas indeterminadas”, con obras que terminaron por perjudicar a los vecinos mismos, con aguas servidas y peligro de derrumbe.
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Los L’Abbate y Patricio Flores son tan solo una parte de los imputados del caso. En su pedido de elevación a juicio, Cuñarro avanzó con el pedido de indagatoria de siete nuevos sospechosos en la trama, cuyos nombres se repiten en las listas de fiduciantes de los pozos y de las composiciones societarias de las firmas fundadas por el clan L’Abbate. Entre estos acusados hay, por ejemplo, otros dos empresarios de la construcción. La rueda de estas indagatorias comenzará esta semana y se extenderá a lo largo del mes.
Los damnificados, básicamente, denunciaron que pagaban sus departamentos y que no se los daban. Pero la presunta estafa solo es una parte de la historia del grupo Induplack, que terminó con escraches en la calle y pintadas contra sus presuntos responsables. “Se ha corroborado que desde el año 2008 los imputados se encuentran involucrados en 23 sociedades, apuntó la fiscal.
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Estas sociedades poco más que cáscaras fiscales a simple vista, concentraron una notable cantidad de deudas con organismos del Estado.
Los L’Abbate ocupaban todos los roles-presidentes, directores, cuotapartistas- lo que, según la causa, les permitió hacerse de grandes sumas de dólares en efectivo que fueron desviadas. Es decir, además de tomar el dinero de los compradores de los pozos, tomaban deuda, con un tendal de cheques sin fondo.
La primera firma que figura en esta lista de cheques rotos es Iwin SA, dedicada en los papeles al rubro metalúrgico. Fue creada en 2021 por Emanuel y su padre. Iwin acumula una deuda de $97 millones de acuerdo a su perfil comercial. La mitad de esta deuda le corresponde a FOGABA SAPEM, el Fondo de Garantías Buenos Aires, una institución de garantías bajo la forma de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.
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Iwin Aberturas, que Emanuel y sus hermanos integraron, acumula deudas por $369 millones: 365 le corresponden al Banco Nación.
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