La Gendarmería Nacional allanó el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos, en el marco de una investigación federal por presunto tráfico ilegal de medicamentos anestésicos y narcóticos.
El caso se disparó tras un hallazgo inesperado en Puerto Madryn, donde la detección de una encomienda con ampollas de fentanilo y frascos de remifentanilo enviados desde Entre Ríos encendió las alarmas en la Justicia Federal y en organismos sanitarios.
De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, el operativo derivó casi de inmediato en una serie de procedimientos simultáneos en la capital entrerriana, lo que multiplicó la tensión entre el personal hospitalario y los responsables de la administración sanitaria local.
La intervención judicial obligó a paralizar varias áreas internas del hospital durante horas, mientras los agentes revisaban depósitos, farmacias y oficinas en busca de documentación y elementos vinculados a la causa.
Durante los operativos en el hospital, los agentes de Gendarmería incautaron una cantidad significativa de medicamentos de uso hospitalario, entre los que se destacan ampollas de fentanilo y remifentanilo, sustancias catalogadas como narcóticos de alta potencia y cuyo uso está estrictamente regulado por la legislación nacional. Además, se secuestraron sumas de dinero en efectivo, varias armas de fuego y documentos considerados clave para la reconstrucción del circuito de distribución de los medicamentos.
El avance de la investigación quedó a cargo de la Justicia Federal, que actúa en coordinación con la Fiscalía local y organismos de control sanitario. La hipótesis principal apunta a la existencia de una estructura interna con capacidad para manipular y extraer medicamentos de uso restringido, lo que agravaría la situación procesal de los posibles implicados.
La investigación busca determinar si el desvío fue producto de acciones individuales o si existía una red organizada con ramificaciones dentro y fuera del hospital. En ese sentido, los investigadores no descartan que los movimientos irregulares detectados en la documentación secuestrada correspondan a una operatoria sistemática.
Hasta el momento, la pesquisa se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas y que no se descartan nuevas detenciones ni ampliaciones de la imputación a medida que avance el análisis de los elementos secuestrados.
La noticia se conoce semanas después de que saliera a la luz la investigación por el robo de fármacos del Hospital Italiano. La causa se inició luego de que encontraran a Alejandro Zalazar sin vida en su departamento de Palermo. La autopsia confirmó que murió por congestión, edema pulmonar y meningoencefálico, a raíz del consumo de propofol y fentanilo, dos fármacos empleados para anestesiar pacientes.
Junto a la víctima, la policía encontró frascos e insumos médicos que pertenecían al Hospital Italiano. Estos elementos llevaron a la apertura de una investigación interna por parte de la institución, que tres días después realizó una denuncia ante la Justicia.
Así, la causa tiene a Hernán Boveri, anestesiólogo con experiencia en jornadas científicas nacionales e internacionales, y Delfina “Fini” Lanusse como principales procesados por el delito de administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de medicamentos hospitalarios.
Pese a que el Hospital Italiano, denunció el robo de estos fármacos, las defensas de ambos alegan que “no puede comprobarse el faltante”. Además, Boveri criticó que el inicio de la causa haya sido a partir de “una cadena de rumores originada por alguien que no presenció ninguno de los hechos investigados”. Al igual que Lanusse -con quien afirmó que mantenía una relación oculta que no debió salir a la luz- el caso representa un “cuadro de insuficiencia probatoria” y plantea que, ante la duda, correspondería dictar la falta de mérito.
A lo largo de sus escritos, tanto Boveri como Lanusse se refieren a la reunión que ambos tuvieron en la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires (AAARBA), que es denunciante del robo de sustancias.
En este sentido, los procesados reclaman que las autoridades de la institución los citaron “bajo la apariencia de un procedimiento asistencial por presunto consumo problemático” y así obtuvieron información sobre ellos que usaron en su contra. Dijeron que asistieron al encuentro “confiando en la confidencialidad”, pero terminaron siendo interrogados por una supuesta sustracción de medicación.
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