
La muerte de un médico anestesista y el robo de fármacos del Hospital Italiano abrieron una doble investigación judicial sobre fiestas privadas con anestésicos en la Ciudad de Buenos Aires. Dos causas avanzan en paralelo: una por el fallecimiento de Alejandro Zalazar y otra por la sustracción de medicamentos bajo la carátula de administración fraudulenta.
El caso involucra a profesionales de la salud, la dirección de un hospital privado y la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, y dejó en evidencia cómo funcionaba una red que ofrecía “viajes controlados” con drogas de uso hospitalario.
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El 20 de febrero pasado, Zalazar fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo. La autopsia confirmó que murió por congestión, edema pulmonar y meningoencefálico, a raíz del consumo de propofol y fentanilo, dos fármacos empleados para anestesiar pacientes.
Junto a la víctima, la policía encontró frascos e insumos médicos que pertenecían al Hospital Italiano. Estos elementos llevaron a la apertura de una investigación interna por parte de la institución, que tres días después realizó una denuncia ante la Justicia.
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La causa por la muerte de Zalazar sigue bajo la figura de averiguación de muerte dudosa, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6. Las autoridades buscan establecer en qué circunstancias falleció el médico y si existió relación directa con alguna de las fiestas privadas o con la presunta comercialización de “viajes controlados”.
El expediente por la administración fraudulenta apunta a dos médicos: Hernán Boveri, anestesiólogo con experiencia en jornadas científicas nacionales e internacionales, y Delfina Lanusse, residente de tercer año en el Hospital Italiano y egresada de la Universidad Austral.
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Ambos fueron imputados, indagados por el juez Martín Sánchez Sarmiento e informaron que presentarían escritos en su defensa. No están detenidos, pero tienen prohibición de salir del país.

La Justicia ordenó allanar además los domicilios de los profesionales, en busca de posibles elementos que los vincularan con la sustracción y uso indebido de anestésicos: secuestraron jeringas y analgésicos en ambos casos.
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En paralelo a la causa, el Hospital Italiano los apartó de sus cargos y reforzó los controles internos sobre la gestión de medicamentos.
En un comunicado, la institución señaló: “Desde el momento en que tuvimos conocimiento de la irregularidad, el Hospital actuó de manera inmediata: realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia, adoptó medidas preventivas y reforzó los controles sobre el circuito de medicamentos sujetos a fiscalización especial”.
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La investigación judicial reveló también la organización de fiestas denominadas “Propofest” o “Fiesta del propofol”, donde un grupo reducido de médicos asistía a encuentros privados para consumir anestésicos con fines recreativos y sexuales.
En estas reuniones se ofrecían “viajes controlados”, en los que un “controlador” -generalmente un médico- supervisaba el consumo de fármacos y estaba preparado para actuar en caso de una emergencia.
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De acuerdo con el testimonio de especialistas consultados por Infobae, el propofol es un sedante potente que se utiliza como anestésico de inducción rápida y debe ser administrado bajo estricto control profesional. El fentanilo, en tanto, posee una potencia analgésica elevada y también genera deterioro del estado de conciencia.

Durante las fiestas, los organizadores suministraban las drogas por vía intravenosa y utilizaban bombas de infusión para regular la dosis. Según fuentes médicas, el riesgo de estas prácticas fuera del ámbito hospitalario es alto, ya que una dosis mínima extra puede provocar depresión respiratoria y paro cardíaco.
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Además, el caso expuso la existencia de chats y redes sociales donde se organizaban los encuentros y se difundían invitaciones, así como mensajes de despedida tras la muerte de Zalazar.
La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AARBA) también quedó bajo la lupa cuando la sede fue allanada por la Policía de la Ciudad. Las autoridades retiraron allí actas de reuniones con los profesionales imputados, documentación de relevancia para los investigadores.
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El abogado de la asociación, Eduardo Gerome, explicó que la entidad se presentó como denunciante y “acompañó toda la información que era necesaria” para la investigación. También aclaró que tanto Lanusse como Boveri fueron citados por los directivos para explicar lo ocurrido, aunque el detalle de esas conversaciones es privado.
La gerente general de la asociación, Gisela Vila, afirmó por su parte que la institución no maneja ni almacena fármacos y, por eso, no tiene trazabilidad de las drogas que hay en los distintos nosocomios, ni en hospitales públicos ni privados.
Vila explicó que los hospitales sí cuentan con registros sobre quién pidió y cuánto utilizó cada lote, pero la Asociación no interviene en ese control. Recalcó que la denuncia de la entidad se realizó a partir del relato de la familia de Zalazar y que la asociación no expulsa ni otorga matrículas a los profesionales.
Así las cosas, la causa por la administración fraudulenta sigue en etapa de instrucción. El celular de Zalazar se encuentra bajo peritaje de especialistas del Ministerio Público Fiscal, quienes intentan acceder a la información almacenada para obtener datos sobre las fiestas, las comunicaciones y posibles responsables adicionales.
Hasta el momento, Boveri y Lanusse son los únicos imputados en ese expediente.
Un posible caso vinculado
Este viernes, un enfermero de 44 años fue encontrado muerto en un departamento de Palermo. La policía halló más de 50 ampollas y medicamentos de uso hospitalario, entre ellos propofol y fentanilo, además de jeringas, guantes y tres teléfonos celulares. La familia no tenía noticias de él desde el lunes pasado y fue la hermana quien alertó a las autoridades.
El caso quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, que investiga si el enfermero estaba solo en el momento de su muerte. Todos los objetos quedaron bajo resguardo para ser analizados en la causa.
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