El fiscal general Diego Velasco solicitó 24 años de prisión para Fernando “Piti” Estrada Gonzáles, a quien acusa de liderar una organización criminal dedicada a la venta de drogas en el Barrio 1-11-14 del Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires. Se trata del hermano de Marco Estrada Gonzáles, alias “Marcos”, quien fue expulsado de Argentina en 2022 tras cumplir una condena de 24 años de prisión por su rol como jefe del famoso “Clan Estrada”.
El pedido se presentó este martes ante el Tribunal Oral Federal N°3, integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni. La fiscalía sostiene que “Piti” comandó la banda junto a su hermano desde 2009 hasta 2023, y reclama una condena ejemplar por la magnitud y la persistencia de las actividades ilegales.
“Esta es la última pieza del rompecabezas de la causa”, explicó el funcionario en su solicitud. Según alegó, la banda encabezada por los Estrada Gonzáles controló el comercio de marihuana, cocaína y sus derivados por más de una década. La organización, afirma la fiscalía, siempre se mantuvo activa.
En este sentido, el fiscal Velasco presentó pruebas sobre cómo “Piti” se mantuvo al frente de la estructura mientras estuvo prófugo durante 13 años, desde octubre de 2010 hasta su entrega a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a comienzos de 2023.
Cómo funcionaba la organización
La fiscalía remarcó que la banda no era improvisada. Según lo reconstruido con 180 personas condenadas en distintos expedientes relacionados, la red funcionaba por turnos de 28 días, alternando el mando entre “Piti” y “Marcos”.
El funcionamiento quedaba registrado en cuadernos secuestrados durante allanamientos. Allí constaban las recaudaciones, los pagos a la línea de mando y la distribución de roles dentro del barrio.
En una de las citas del expediente, el fiscal describió: “Durante 13 años hubo allanamientos, intervención de policías federales, de la Ciudad, de gendarmes: todos explicaron que no solo ellos como personal pudieron identificar la organización sino que también la gente a la que entrevistaban declaraba que la banda era liderada por los hermanos”.
Las pruebas incorporadas incluyen escuchas telefónicas, anotaciones en cuadernos y testimonios de un imputado colaborador, quien explicó la lógica de rotación interna y el papel central de la familia en la conducción del negocio. Los datos muestran que cada turno recaudaba y distribuía sumas de dinero que no fueron especificadas en la audiencia, pero figuraban con detalle en las anotaciones secuestradas.
El miedo de los vecinos: el obstáculo en la causa
La fiscalía consideró que el miedo y la vulnerabilidad de los habitantes del Barrio 1-11-14 constituyeron un obstáculo para la investigación. Según Velasco, los acusados impusieron su autoridad mediante la violencia, lo que disuadió a muchos vecinos de brindar información.
En su exposición, Velasco resaltó la necesidad de proteger a las personas más vulnerables, citando convenios internacionales de lucha contra el crimen organizado. En ese sentido, explicó: “La vulnerabilidad no es una cuestión menor”, y fundamentó que no se convocó a testigos para no exponerlos a represalias.
Además del tráfico de estupefacientes, la acusación incluye acopio de armas de fuego, piezas y municiones. El fiscal detalló que la banda ejercía un control efectivo del territorio de siete hectáreas dentro del barrio y obstaculizaba la presencia estatal con estrategias como el montaje de “montañas de basura en lugar de lomos de burro” o carteles para tapar cámaras de vigilancia.
El fiscal general reiteró que la continuidad de la banda, más allá de detenciones y allanamientos, evidenció la organización y el poder de la estructura. Destacó que desde 2013 hasta la actualidad, entre 180 y 200 personas fueron condenadas como parte de distintas causas vinculadas, lo que, según la acusación, revela la magnitud sin precedentes de la organización en el país.
Para fundamentar el pedido de 24 años de prisión, la fiscalía tomó como referencia la condena de Marcos Estrada Gonzáles, quien recibió 17 años por su rol de jefe, unificados posteriormente con una sentencia previa para totalizar los mismos 24 años.
El fiscal insistió en que el conocimiento previo de su condición de buscado desde 2010 agrava la situación de Fernando Estrada Gonzáles. Argumentó además que ni las penas anteriores ni las acciones policiales pudieron frenar el funcionamiento de la banda.
La audiencia concluyó con la solicitud formal de condena por tráfico de estupefacientes agravado (por la participación de más de tres personas) y acopio de armas, tras describir al Tribunal que el acusado continuó operando el negocio incluso durante su período de fuga.
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