El caso de A. Y., una joven japonesa de 23 años que denunció haber sido víctima de abuso sexual, amenazas, lesiones y secuestro por parte de su ex pareja en Salta, generó una gran repercusión nacional. Ahora, las autoridades detuvieron de manera formal al acusado acusado y la causa pasó al fuero federal.
Anteriormente, el hombre había sido aprehendido en el lugar de los hechos, pero su arresto formal se oficializó días después tras la decisión de la Justicia.
Mientras la investigación avanza, A. Y. permanece alojada en un domicilio reservado, por motivos de seguridad, y bajo acompañamiento institucional. La subsecretaria de las Mujeres, Género y Diversidad de Salta, Julieta Valencia Donat, informó que la víctima “recibió un acompañamiento integral”, que incluyó asistencia en el hogar, entrevistas en el Polo Integral de las Mujeres, presencia durante audiencias judiciales y la elaboración de diversos informes destinados al juzgado que lleva el caso.
Además, la joven fue recibida por un equipo interdisciplinario y recibió la oferta de ingresar al Hogar de Resguardo para mujeres. En todo momento, estuvo acompañada por una traductora, debido la barrera idiomática.
En la denuncia, a la que accedió El Tribuno, la mujer relató que la relación con M. L., su ex pareja, comenzó en Japón en septiembre de 2024. A los cinco meses de relación, quedó embarazada por una “conducta imprudente” del joven, quien no utilizó protección a pesar de sus solicitudes. Posteriormente, la pareja acordó trasladarse a la Argentina para el nacimiento del bebé, con el objetivo de acceder a un parto gratuito. Una vez establecidos en Salta, la situación de violencia se intensificó.
La joven narró que tras iniciar la convivencia, las agresiones físicas aumentaron en frecuencia y brutalidad, sobre todo a partir del mes de junio. Según consta en la denuncia, las agresiones “no solo eran sujeciones ni forcejeos, sino que ya comenzó a propinarle golpes de puño en el rostro, la jalaba fuertemente del cabello, la arrastraba y le propinaba diferentes golpes en distintas partes del cuerpo”. La víctima también detalló haber sufrido abuso sexual durante el embarazo, ya que el acusado la habría forzado después de que ella rechazara mantener relaciones.
A estos episodios se suman lesiones recientes, entre ellas una en el dedo medio de la mano derecha, cuya movilidad se vio limitada porque el acusado se negó a trasladarla a un médico pese a sus pedidos.
La violencia desplegada por M. L. excedió lo físico para alcanzar la esfera económica y psicológica. De acuerdo con la denuncia, el imputado controlaba las cuentas bancarias, la tarjeta de crédito y los ahorros de A. Y. El texto revela: “Gastó todo su dinero que tenía ahorrado, siendo un total de $180.000; también utilizó su tarjeta de crédito por un monto de $850.000”, uso de patrimonio que obligó a la víctima incluso a pedir dinero a sus padres en Japón, ya que él la forzaba a escribirles para solicitar ayuda económica.
A. Y. vivió por meses bajo control y aislamiento. No podía pedir auxilio, ya que el acusado le quitó el pasaporte y restringía cualquier comunicación, además de dejarla incomunicada durante largos períodos. Dentro del hogar tampoco disponía de copias de la llave. Por ello, la huida resultaba inviable: la joven solo pudo ser rescatada mediante un operativo en el que la hallaron “en una habitación junto al bebé, con evidentes golpes en el rostro”.
Frente a la complejidad del caso y la falta de recursos y documentación que enfrenta la mujer, se gestionaron intervenciones de organismos como el Registro Civil para el trámite del DNI de su hijo y de la Oficina de Migrantes y Refugiadas para la regularización de su situación legal, además de recibir aportes de leche y pañales por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la asistencia del Consulado de Japón en Argentina.
Actualmente, A. Y. sigue imposibilitada de regresar a Japón para reunirse con su familia, dado que enfrenta restricciones migratorias y carece de medios económicos propios.
La repercusión que generó la denuncia aceleró la respuesta judicial y policial. El acusado, M. L., de 23 años, se encuentra detenido y a disposición de las autoridades mientras la justicia investiga los hechos bajo perspectivas que incluyen violencia de género, delitos económicos y presunta trata de personas.
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