
Una joven de 23 años y nacionalidad japonesa denunció haber vivido un auténtico infierno en Salta, luego de haber sido sometida a actos de violencia por parte de su ex pareja durante varios meses. Desde haber estado privada de su libertad hasta haber sido agredida física y sexualmente, el caso conmocionó a la provincia al conocerse los detalles de las vejaciones que tuvo que soportar.
A. Y., como será mencionada para resguardar su identidad, pasa las 24 horas de su día custodiada, luego de haber denunciado a su M. L., también de 23 años. Mientras recibe asistencia de la Fundación Volviendo a Casa, está a la espera de poder regresar a Japón con hijo.
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Todo comenzó en Japón en septiembre de 2024, cuando los jóvenes entablaron una relación sentimental y, luego de cinco meses, ella quedó embarazada. Según su declaración, la gestación fue resultado de una acción irresponsable del acusado, ya que le había pedido que usara protección.
Según el testimonio al que accedió El Tribuno, el embarazo los impulsó a asentarse en la Argentina, para poder acceder a un parto gratuito. A partir de ese momento, se desencadenó la serie de maltratos y agresiones que hoy denuncia.
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A lo largo del infierno, la joven aseguró haber sufrido violencia física y psicológica, incluyendo “golpes de puño en el rostro y diferentes partes del cuerpo, jalones de cabello y arrastres”, así como robos de dinero y uso fraudulento de su tarjeta de crédito. Incluso, contó que fue forzada a pedir dinero a sus padres para el agresor.
“Cuando estaba embarazada, ella no tenía deseos de tener relaciones y él la obligaba y abusaba de ella con acceso carnal”, relató una de las personas que asistiría a la víctima, cuyo calvario se perpetuó debido a que no tenía manera de denunciar los hechos por no saber hablar en español. Asimismo, este allegado indicó que las agresiones le ocasionaron lesiones, entre ellas la fractura de un dedo.
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Otro de los detalles que habría sido clave para mantenerla aislada socialmente se debió a que el agresor le había quitado su teléfono celular, sumado al hecho de que la extranjera no contaba con familiares en la provincia. Incluso, sumaron una acusación contra un familiar del hombre, quien sería médico y se habría encargado de borrar el historial de lesiones que habría sufrido en los últimos meses.
Por otro lado, recriminaron que las acciones estatales fueron insuficientes, debido a que acusaron al Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1º Nominación de haber intervenido de forma irregular en el caso. “La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 3 nunca la llamó a testificar como víctima y mintió que el expediente no estaba habilitado y sí lo está”, aseguró el testigo.
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De hecho, cuando denunció los hechos por primera vez, la Justicia resolvió que el acusado permaneciera en la vivienda que compartían, bajo una consigna personalizada, tras alegar que la joven tenía un diagnóstico de depresión post parto.
No obstante, la custodia policíaca dispuesta por orden judicial resultó deficiente, debido a que acusaron al hombre de presuntamente haber testificado en nombre de A. Y. para dar aviso de que supuestamente realizarían un viaje familiar a Jujuy. Asimismo, apuntaron que entre el 25 y el 27 de diciembre, la joven y su hijo permanecieron sin resguardo estatal, en circunstancias no aclaradas por las autoridades.
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Finalmente, la joven pudo denunciar los hechos de secuestro y abuso y la policía logró rescatarla. Para esto, se presentaron en el domicilio y la encontraron con el rostro visiblemente lesionado. Incluso, constataron que la joven permanecía oculta junto a su bebé en una habitación.
Actualmente, la víctima reside en la vivienda de una persona que la acompaña permanentemente mientras intenta reunir los fondos necesarios para regresar a Japón. De la misma manera, había solicitado el permiso de poder salir del país junto a su hijo, pero todavía no tuvo una respuesta oficial.
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A pesar de la gravedad del caso, denunciaron que el agresor continúa en libertad. Incluso, expusieron que el joven mantiene contacto con ella, pese a las restricciones judiciales que aplicaron en su contra.
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