La Justicia de Villa Dolores condenó a 17 años de prisión a un hombre de 26 años por distribución de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, además de otros delitos vinculados a abusos cometidos contra menores de su entorno familiar.
La investigación, que se extendió durante más de un año, reveló una trama sostenida en el tiempo, con al menos diez episodios registrados entre julio de 2023 y diciembre de 2024.
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De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, durante este tiempo, las víctimas —todas menores de edad y pertenecientes al entorno familiar del acusado— sufrieron distintos abusos cuya gravedad quedó reflejada en el expediente judicial.
La sentencia fue dictada por el vocal Raúl Castro, titular de la Sala 1 de la Cámara, quien homologó el acuerdo alcanzado durante un juicio abreviado entre el fiscal de Cámara Sergio Cuello y la defensora pública Pamela Podestá.
El hombre, que carecía de antecedentes penales computables, y cuya identidad se mantiene reservada para proteger a las víctimas, admitió su responsabilidad y aceptó la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
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La causa se inició tras la recepción de reportes internacionales sobre la posible distribución de material de abuso sexual infantil vinculados a un usuario radicado en Córdoba.
Estos reportes, canalizados a través de organismos especializados en ciberdelitos, motivaron el inicio de la pesquisa local y la colaboración con fuerzas policiales.
Durante la etapa de instrucción, la pesquisa incluyó tareas de rastreo digital y análisis de dispositivos electrónicos. El 13 de febrero de 2025, un allanamiento realizado por la policía provincial permitió secuestrar un teléfono celular marca Samsung Galaxy A3 que resultó clave para el avance de la causa.
En el dispositivo, los peritos forenses hallaron 5.950 fotos y 3.570 videos de actividades sexuales explícitas, material que fue incorporado como prueba principal en el expediente. Según el informe pericial, el contenido documentaba situaciones de abuso explícito contra menores, lo que agravó la calificación de los delitos imputados.
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El modus operandi del condenado, consistía en grabar videos y obtener fotos de situaciones de abuso sexual infantil explícito para luego distribuirlas a contactos de distintas jurisdicciones.
Las líneas de destino identificadas incluían números de Italia, Venezuela, la provincia de Mendoza y dos localidades de la provincia de Buenos Aires. El intercambio se realizaba exclusivamente a través del teléfono secuestrado, lo que permitió trazar el recorrido de los archivos y establecer conexiones internacionales en la red de distribución.
Además de los episodios recientes, la instrucción judicial logró establecer que existieron ataques previos en años anteriores, con consecuencias directas en la salud mental de una de las víctimas. Este dato fue respaldado por informes médicos y testimonios incorporados al proceso.
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El tribunal resolvió que el condenado cumpla la totalidad de la pena en el Complejo Carcelario de Bouwer, uno de los principales establecimientos penitenciarios de la provincia.
Las víctimas, acompañadas por equipos de asistencia integral, continúan recibiendo apoyo profesional ante las secuelas derivadas de los hechos. El caso permanece bajo reserva, y el acceso al expediente se encuentra limitado para preservar la identidad y el bienestar de los menores involucrados.
En este contexto, las autoridades judiciales destacaron la importancia de la denuncia temprana y del trabajo interdisciplinario entre fuerzas de seguridad, fiscalías especializadas y organismos de cibercrimen.
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