Las máximas autoridades de la Policía de Córdoba se sometieron este lunes a las 8 a un narcotest sorpresivo en la sede de Jefatura, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana. La normativa establece en su artículo 66 la obligación de realizar controles para detectar metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, una disposición que fue impulsada por el gobernador Martín Llaryora y aprobada el 19 de diciembre de 2023.
El procedimiento consistió en un análisis toxicológico de orina, al que se sumó un muestreo adicional de saliva, y alcanzó tanto al Estado Mayor Policial como al propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
Este lunes por la tarde se informó que los análisis toxicológicos realizados este lunes arrojaron resultado negativo en todos los casos. El procedimiento fue supervisado y constatado por el Comisario Mayor Médico Gabriel Bosque (Policlínico Policial).
Todo sucedió luego de que el Ministro de Seguridad de Córdoba convocara a toda la plana mayor de la Policía cordobesa a una reunión de evaluación y planificación de los primeros días de la temporada turística.
Con la presencia del Jefe de Policía, Comisario General Marcelo Marín, subjefes y directores generales, Quinteros convocó al cuerpo médico de Sanidad Policial, a quienes instruyó que llevaran elementos para la realización de un test sorpresivo a la totalidad de los integrantes del Estado Mayor Policial, para determinar presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales. El análisis también fue realizado al propio Ministro.
El Jefe de Policía Marín señaló: “No es extraño lo que hizo el Ministro, ya que nos tiene acostumbrados a decisiones que salen de lo común. Momentos antes de ingresar a la reunión, me comunicó la decisión, y naturalmente me pareció oportuno y necesario. En esta Policía, quien no entienda y acate las reglas tendrá poco futuro”.
A su turno, el ministro Quinteros puntualizó: “Llegué a una reunión del Estado Mayor, como tantas que tenemos, y me pareció bueno que todos nos sometamos a este procedimiento, en ese momento y sin ningún aviso previo. La Policía de Córdoba día a día evoluciona y cambia paradigmas que le brindan cada vez más profesionalismo y transparencia”.
Y agregó: “Adoptar esta actitud no debe sorprender, simplemente es una obligación que tenemos quienes somos los máximos responsables de la seguridad en Córdoba, y debe ser una guía permanente para nuestras acciones”.
El método utilizado por el personal de salud de la fuerza para tomar muestras a los integrantes del Estado Mayor consistió en un análisis toxicológico de orina para sustancias psicoactivas, además de un muestreo extra de saliva. Todo dio negativo.
La normativa que regula estos test sorpresivos en Córdoba estipula: “Las personas que desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunos de Cuenta, los Ministros, Secretarios, Directores y Subdirectores, Asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados, están obligados a presentar anualmente ante el Ministerio de Salud, autoridad de aplicación del presente Título, certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, guardando debida reserva todo aquel que tenga acceso al contenido de los mismos”.
Dichos resultados, sean positivos o negativos, son considerados como “datos sensibles” en los términos Ley Nacional Nº 25.326 referida a la protección de datos.
Y amplía: “En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará el procedimiento que disponga la reglamentación a cargo del Ministerio de Salud y, según corresponda, los mecanismos para el abordaje integral a personas con consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales, implementados por el área competente del Poder Ejecutivo Provincial, a fin de brindar contención y asistencia”.
La normativa fue firmada a finales de julio del año pasado y tiene la finalidad de “garantizar la seguridad pública y mantener la integridad y profesionalismo de la fuerza policial”.
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