Un alto jefe policial de la localidad de Las Rosas, en Santa Fe, quedó detenido por una causa que investiga el delito de defraudación con fondos públicos destinados a la adquisición de combustible para los patrulleros de esa jurisdicción, un hecho que guarda similitud con el que salió a la luz en mayo pasado, en la ciudad de Rosario.
Se trata de un agente de la Guardia Rural Los Pumas que fue arrestado este lunes por la mañana por la división Asuntos Internos, en el marco de una investigación coordinada por la Fiscalía de Cañada de Gómez. La actual acusación complica solamente a un funcionario y es de menor alcance en comparación con el delito de corrupción que afectó a la Unidad Regional II de Rosario, por una maniobra realizada junto a una estación de servicio de la zona sudoeste de la ciudad. El caso detalló el desvío millonario de fondos que estaban destinados a la carga de combustible de patrulleros. Por este hecho, ya hay 14 personas detenidas.
De acuerdo con lo detallado por Rosario 3, el uniformado, identificado con las iniciales P. M., tenía a su cargo la dirección de la Guardia Rural Los Pumas en el departamento Belgrano. La detención se concretó en su domicilio particular en la localidad de San Genaro Norte, sobre la calle Sáenz Peña. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron distintos elementos relevantes para la causa, entre ellos dos tarjetas de carga de combustible Visa Flota, que correspondían al destino oficial del jefe policial, además de teléfonos celulares y documentación que será objeto de peritaje.
Paralelamente, Asuntos Internos llevó adelante operativos en dos estaciones de servicio de la ciudad de Las Rosas, sobre Sarmiento al 800 y Francisco Diez al 500, donde también procedieron con el secuestro de documentos relacionados con la operatoria de carga de combustible para los móviles de la fuerza.
La investigación, que inició tras detectar inconsistencias en los registros contables de la fuerza, está a cargo del fiscal de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez, Franco Miatello, quien solicitó la detención del comisario. El funcionario policial enfrenta acusaciones formales por los delitos de peculado de caudales públicos, en concurso real con defraudación agravada en perjuicio de la administración pública, y falsedad ideológica, acusaciones por las que deberá responder en una audiencia de imputación prevista para este martes en los Tribunales de Cañada de Gómez.
El comisario detenido quedó a disposición de la Justicia, que analiza las pruebas secuestradas y el flujo de movimientos registrados en las tarjetas y la documentación incautada. El expediente sigue abierto, mientras la Fiscalía determina si hubo participación de otros actores en el circuito de desvío de fondos que perjudica a la administración pública.
La maniobra utilizada es similar a la detectada en Rosario. Entre mayo y noviembre, se imputó a 14 ex altos mandos policiales por integrar una organización que desviaba fondos provinciales destinados al combustible de los móviles.
El fiscal provincial José Luis Caterina explicó los dos mecanismos que eran utilizados. Por un lado, se detectó la sobrefacturación del combustible realmente cargado y, por otro, la realización de “cargas fantasmas” que nunca se concretaban. Se estima que estas maniobras generaron un perjuicio mensual de al menos 45 millones de pesos a las cuentas provinciales.
El fiscal sustentó la acusación en varias pruebas recolectadas durante la investigación. Presentó comunicaciones telefónicas intervenidas entre los involucrados, así como registros que arrojaron los sistemas de GPS instalados en algunos patrulleros, lo que permitió comparar los recorridos efectivos con la cantidad de combustible declarada. Además, exhibió fotografías donde se ve a policías imputados, tanto vestidos de civil como uniformados, retirando dinero en efectivo de la estación de servicio en sobres o cajas, producto del acuerdo ilícito.
Una auditoría junto a Asuntos Internos reveló además que 85 patrulleros figuraban fuera de servicio en julio del año pasado, aunque aparecían “cargando” combustible en el registro oficial. En dos casos concretos, camionetas que presentaban problemas de arranque y permanecían en un depósito fueron equipadas con GPS y, durante casi un mes, no salieron del predio policial ni siquiera fueron encendidas, pero figuraban con ocho cargas por un total de 252 mil pesos.
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