Imputaron al ex jefe de Policía de Rosario por corrupción en cargas “fantasma” de combustible

El ex jefe de Policía de Rosario Daniel Acosta fue imputado en la mañana de este jueves como presunto jefe de una organización que entre mayo de 2023 y mayo de 2025 realizó millonarios desvíos de fondos que estaban destinados a la carga de combustible en los patrulleros. Otros trece agentes fueron acusados como integrantes de la asociación ilícita que, se estima, causaba un perjuicio al Estado santafesino de entre 45 y 90 millones de pesos por mes.

En una extensa audiencia -que continuará este viernes- ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu, el fiscal José Luis Caterina acusó a Acosta, su secretario Rodrigo Domínguez, Adrián Bahl, Roberto Blanco, Fabián Becerra, Nicolás Cuesta, Diego Luna, Roberto Sandoval, Edgardo Roldán, Diego Santamaría, Héctor Saucedo, Juan Alberto Villordo, Juan Manuel Herrera y Fabián Fantín.

La imputación fue consecuencia de la profundización de la investigación que cobró impulso en mayo pasado, cuando Caterina ordenó la detención de trece policías y cuatro civiles –todos involucrados en la estación de servicio Puma de la zona sudoeste de Ovidio Lagos al 3900, donde se hacían las maniobras–. En las últimas semanas, algunos de los ya acusados ofrecieron su testimonio como “arrepentidos” y, sumado a las medidas del Ministerio Público de la Acusación, se avanzó con nueva evidencia.

De acuerdo a la teoría del caso, las maniobras para desviar el dinero se hicieron de dos formas: una, por sobrefacturación del combustible cargado en los móviles policiales; la otra, por cargas ficticias o “fantasmas”.

Caterina contó que en abril de este año, un mes antes de los primeros allanamientos, la Unidad Regional II de la Policía había gastado 406.924.155 pesos en combustible. En junio, luego de las detenciones, 348.147.069.

El fiscal sostuvo que Daniel Acosta delegó en su secretario Rodrigo Domínguez la creación de una “Oficina de Gestión de Multas”, mediante la cual se “castigaba” a los jefes de las divisiones policiales que se atrasaban en la rendición del dinero producto de las maniobras investigadas. Las sanciones iban, según apuntó Caterina, desde la entrega de vinos caros, whiskies y costillares o asado para diez personas.

En el legajo ya fueron imputados Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Ramírez, titular de Garaje y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería respectivamente.

Los otros agentes acusados, pero de menor rango, fueron Javier Arce, de Infantería; el subinspector Fernando Ceballos, del Grupo Táctico Multipropósito; el subinspector Jorge Delgado, de la División Logística; el subinspector Sergio López, del Comando Radioeléctrico; el subinspector Gustavo Bazán, de la División Logística; el inspector Juan Villordo, de la brigada motorizada; la empleada de la División Personal, Nancy Plomer; y el inspector Franco Cuesta, de la Policía de Investigaciones.

Los civiles, en tanto, son Mónica Juana Bianconi, presidenta del directorio “Gas Auto Tiferno S.A.”; su director suplente, Oscar Artemio Coullery; el encargado Daniel Reynoso; y la empleada administrativa María Fernanda De Franco. Todos ellos, relacionados a una estación de servicio que está situada en Ovidio Lagos al 3900, a diez cuadras de la Jefatura de Policía de Rosario, donde se concentraron las operaciones investigadas por el Ministerio Público de la Acusación.

Cómo operaba la banda

El fiscal Caterina expuso la evidencia recolectada mediante distintas medidas. Por un lado, leyó comunicaciones entre los coimputados, producto de intervenciones telefónicas. También mostró la información que arrojaron los GPS que él ordenó colocar a algunos patrulleros para comprobar los recorridos hechos y compararlos con el combustible cargado.

Por último, exhibió fotos de policías hoy imputados que, de civil o uniformados, iban quincenalmente a la estación de servicio a retirar el dinero en efectivo acordado, que era sacado en sobres de papel madera o en cajas.

En su exposición, el fiscal enfatizó que en el relevamiento hecho con la División de Asuntos Internos detectó que había 85 patrulleros que figuraban fuera de servicio en julio del año pasado, pero aparecían cargando combustible en los documentos registrados por el personal policial involucrado.

Dos camionetas, por caso, fueron detectadas en fuera de servicio en un depósito, con problemas de arranque. Como no tenían GPS, el fiscal ordenó que se les colocara dicho dispositivo el 30 de octubre del año pasado, y el resultado fue sorprendente: hasta el 21 de noviembre de ese año, uno de esos vehículos no circuló por fuera del predio de la Jefatura de Policía, y en algunos días ni siquiera fue encendido. Sin embargo, aparece haciendo ocho cargas de combustibles por un monto de 252 mil pesos.

Otro ejemplo fue el uso de un Renault Clio, un móvil no identificable, que era utilizado por el comisario Juan Pablo Pigozzi, quien solo en diciembre pasado le cargó combustible –según la documentación elevada– por 1.422.000 pesos. El fiscal ponderó que dicho monto arrojó que el auto llegó a cargar nafta hasta dos veces al día.