Nahir Galarza presentó un pedido a la Justicia para tener celular y usar redes sociales desde la cárcel

Luego de que su condena a prisión perpetua por haber asesinado a Fernando Pastorizzo en 2017 quedara fija, la defensa de Nahir Galarza presentó un pedido a la Justicia de Entre Ríos para que la joven recuperara el acceso a las redes sociales y pudiera tener un celular propio desde la cárcel.

La solicitud fue formulada por su nuevo abogado, Augusto Lafferriere, el 1 de septiembre ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, bajo la titularidad de la jueza Elena Margarita Vicari. También habría ingresado un segundo pedido que sería de carácter reservado.

En el escrito, el defensor argumentó el pedido al destacar el desempeño de la interna durante su tiempo en prisión. Desde que fue alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná, la joven completó más de 15 cursos en la cárcel, actualmente cursa una carrera terciaria en Psicología Social y respetó todas las normas de conducta impuestas por el régimen penitenciario.

Según la información publicada por Diario UNO de Entre Ríos, el juzgado ordenó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), que contará con un plazo de 24 horas para expedirse sobre la solicitud de la interna de acceder a un teléfono móvil con conexión a internet y redes sociales.

La última vez que Galarza utilizó redes sociales fue en septiembre de 2019, cuando publicó varias fotografías sola y con sus compañeras desde su celda en su cuenta de Facebook. Después de que se investigara el hecho, se descubrió que las imágenes habían sido tomadas con un celular compartido entre las internas para comunicarse con sus familiares.

En una de las publicaciones que realizó, Nahir incluyó una frase que decía: “Cumpliendo la maldita condena”. Esta publicación generó un fuerte impacto, debido a que alcanzó más de 125.000 me gusta y 60.000 comentarios, lo que motivó la intervención inmediata del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Después de que requisaran su celda e incautaran el dispositivo, la interna fue sancionada con 10 días de aislamiento en un calabozo húmedo y sin contacto con el exterior, aunque la sanción se redujo a cinco días tras haberse disculpado. Durante ese periodo, no tuvo acceso a libros, radio ni a ningún tipo de comunicación.

En su descargo ante las autoridades penitenciarias, la joven admitió su error y reconoció haber infringido las normas al compartir contenido en redes sociales. Desde entonces, no volvió a tener presencia en plataformas digitales.

En aquel entonces, la polémica se intensificó porque Galarza aparecía junto a Yanina Lescano, quien en ese momento estaba acusada del homicidio de su hijastra, Nahiara Luján Cristo. Aunque su compañera de celda fue absuelta en 2023 por la Sala Penal del STJ de Entre Ríos, en el momento de las imágenes se encontraba bajo arresto preventivo.

No obstante, el nuevo pedido de la defensa reabrió la discusión sobre si una persona condenada a prisión perpetua puede o debe recuperar el acceso a redes sociales, y si debe prevalecer su derecho a la comunicación. La resolución judicial aún está pendiente, pero el tema ya genera debate tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.

Desde mediados de agosto, la interna cuenta con un nuevo abogado defensor, quien ha comenzado a delinear una estrategia jurídica renovada para mejorar las condiciones de detención de su clienta. En declaraciones recientes, el letrado anticipó que evalúa distintas alternativas para que la joven pueda transitar su condena de manera más llevadera.

Entre las opciones planteadas por Lafferriere figuraría la idea de enviar una solicitud de un indulto al gobernador, una vía legal contemplada aunque de difícil concreción en el corto plazo. Además, el abogado mencionó la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios en el futuro.

Según explicó, en 2031, cuando se cumpla la mitad de la condena, Galarza podría solicitar salidas transitorias con fines familiares o sociolaborales, lo que representaría un cambio significativo en su rutina dentro del sistema penitenciario.