En una nueva jornada de audiencia en la causa que involucra a varias autoridades del Servicio Penitenciario de Salta por una presunta organización narcocriminal que operaba dentro de la unidad carcelaria N° 1, conocida como Villa Las Rosas, un testimonio clave confirmó el pago de sobornos a cambio de beneficios especiales.
Este miércoles, uno de los ex internos del penal, declaró ante el Tribunal de Juicio del Distrito Centro, solicitó testificar sin la presencia de los acusados. Relató que, entre 2019 y el momento de su traslado a un penal federal, accedió a privilegios como salidas extramuros, permisos para asistir a la granja y mejoras en su puntaje de conducta, a cambio de pagos en dinero o en especias. Su confesión apuntó directamente a un funcionario penitenciario apodado “El Alfil”, como la persona encargada de gestionar estos beneficios, explicando que el oficial proporcionaba un número de cuenta al que los familiares del interno debían transferir las sumas pactadas, además de aceptar pagos en efectivo en encuentros previamente acordados.
El testigo repasó situaciones que iban desde una entrega de 280 mil pesos en una estación de servicio a uno de los imputados, hasta el envío de mercadería como asado, costillares y pernil para cumplir con los pagos. Incluso, mencionó que, tras el secuestro de un teléfono celular ingresado de manera irregular, el propio “Alfil” le entregó otro dispositivo para que pudiera coordinar los pagos desde el interior del penal. También mencionó un pago adicional para el ingreso de marihuana, con transferencias dirigidas al mismo hombre y, en ocasiones, a familiares de otros internos. De acuerdo con lo indicado por El Tribuno, el relato del recluso, quien actualmente se encuentra alojado en otra unidad carcelaria, apuntaba a otros jefes de pabellón responsables por facilitar el ingreso de la droga.
Durante la misma jornada, dos mujeres —madre e hija— imputadas en la causa por la comercialización de drogas en la cárcel prestaron declaración. La mayor explicó que comenzó a enviar dinero a un agente penitenciario a pedido de su pareja, quien también estaba privado de la libertad, con el mismo fin: obtener privilegios.
Los relatos cobraron mayor relevancia luego de que el director general del Penal, Enrique Torres, reconociera ante los jueces que se habían concedido beneficios a internos y que se habían detectado ingresos de droga.
En ese sentido, detalló cómo se otorgaban las salidas transitorias, traslados entre pabellones, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, y el ingreso de celulares, cargadores, comida, bebidas y estupefacientes. De esta manera, Torres señaló particularmente a Francisco Bisceglia, integrante de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, como el responsable de autorizar gran parte de estas irregularidades.
El funcionario explicó que ya en calidad de Inspector General durante 2022 y 2023 había detectado anomalías en la tramitación de “beneficios” para internos, lo que derivó en la intervención del Ministerio Público Fiscal. Según lo publicado por el mismo medio local, esas primeras sospechas fueron confirmadas por el Departamento de Inteligencia, lo que llevó a iniciar una causa en la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
Al profundizar sobre las irregularidades administrativas, Torres reveló la existencia de planillas de conducta sin firmas, ausencia de notificaciones a internos y expedientes incompletos, sumado a problemas serios en los controles y falta de recursos tecnológicos adecuados. Detalló que los informes de los jefes de pabellón eran fundamentales para elevar casos al Consejo Correccional, determinando así el acceso a beneficios como trabajo fuera del penal, que solo se obtiene cumpliendo determinada parte de la condena y manteniendo un puntaje alto de conducta.
Con respecto al flujo de droga y objetos prohibidos, el director reconoció que tanto las visitas familiares como los mismos empleados penitenciarios facilitaban el ingreso, dado que las requisas son limitadas y la falta de tecnología adecuada compromete la eficacia del control. Torres ilustró el profundo desorden haciendo referencia a un operativo realizado en diciembre de 2023, cuando hallaron armas caseras y cargadores en la oficina de un jefe de pabellón.
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