Atraparon a dos oncólogos acusados de participar en la megaestafa a la obra social estatal de Córdoba

Dos médicos oncólogos fueron detenidos este jueves en Córdoba luego de que fueran acusados de participar en maniobras fraudulentas que perjudicaron a la obra social de los empleados estatales cordobeses Apross. Así, la causa ya cuenta con más de 40 detenidos relacionados con la estructura del sistema de salud provincial.

Recientemente, el análisis de registros realizado por la Comisión Especial Permanente de Prevención e Investigación de Fraudes detectó prácticas asociadas a la sobreprescripción de medicamentos de alto costo, utilizados en tratamientos oncológicos.

Mediante los registros, lograron dar con los especialistas que emitieron esas prescipciones.

Esta situación activó las alertas de los investigadores y propició la adopción de nuevas medidas judiciales, entre ellas, allanamientos en instituciones involucradas, por pedido del fiscal José Bringas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el propósito de la Fiscalía es identificar a todos los responsables y proteger los recursos del sistema público de salud. Por este motivo, no descartarían la realización de nuevos procedimientos y detenciones en los próximos días.

Hasta el momento, las maniobras detectadas incluían el cobro de prácticas médicas por afiliados inexistentes, emisión de recetas falsas para retirar medicamentos oncológicos e insulina, así como la comercialización posterior de estos fármacos en el mercado negro.

El caso de fraude contra la obra social provincial Apross lleva más de 40 personas detenidas, entre ellas un Policía retirado y empleados ligados al funcionamiento de la institución médica. Según la investigación iniciada en 2019, se sospecha que la presunta red montada por los acusados habría generado un perjuicio económico estimado en torno a los 500 millones de pesos.

En los procedimientos realizados durante febrero de 2025, las autoridades judiciales incautaron 12 millones de pesos, además de documentación falsa, sellos apócrifos, computadoras, teléfonos, impresoras, gran cantidad de medicamentos y recetarios fraudulentos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el esquema fraudulento se ejecutaba a partir del acceso a datos de afiliados de Apross, suplantando identidades para gestionar recetas digitales y físicas, y retirando fármacos en distintas farmacias con documentos de identidad adulterados.

Como informó el fiscal Bringas, la utilización de fotografías falsas en los DNI permitía a los estafadores simular ser los beneficiarios legítimos, una modalidad similar que ya había sido detectada en casos de estafas realizadas en el sector comercial y crediticio.

De la misma manera, indicaron que los implicados se presentaban en diversos establecimientos farmacéuticos, variando los locales para minimizar el riesgo de ser descubiertos, y retiraban insulina, tiras reactivas y medicación oncológica, productos que luego habrían sido comercializados fuera de los circuitos legales.

A raíz de la magnitud del caso, los investigadores aseguraron que existen entre 40 y 50 líneas de acción abiertas para seguir profundizando sobre los posibles partícipes y ramificaciones del delito, lo que sugiere que podrían producirse nuevas detenciones a medida que avance la recolección de pruebas.

La causa judicial comenzó bajo la órbita del fiscal José Mana, después de que se detectara la existencia de una receta a nombre de un paciente fallecido. Tras múltiples allanamientos y medidas probatorias, se permitió individualizar a los presuntos responsables. En principio, se había ordenado la detención de 15 personas, de quienes sospecharían que habrían iniciado las maniobras delictivas hace dos años aproximadamente.

Entre los perfiles de los acusados, destacaron la detención de una enfermera que trabajaba para una clínica privada y la de un policía retirado que fue tesorero de la Mutual Policial 16 de Noviembre entre 2016 y 2021.

En el caso del agente policial retirado, las autoridades resolvieron imputarlo por los delitos de defraudación calificada y falsificación de documento privado. Aparentemente, los investigadores sospecharían de una presunta vinculación del ex oficial con la facturación de consultas médicas inexistentes.