La Fiscalía de Distrito de Salta imputó a ocho internos del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes y a la pareja de uno de ellos por integrar una organización dedicada a la comercialización de drogas dentro de la cárcel.
El proceso judicial se inició tras una investigación de un año y medio desencadenada por la fuga de un preso, secuestros reiterados de celulares y el ingreso de estupefacientes. Además se puso la lupa sobre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) por presunta complicidad.
Durante la audiencia de formalización efectuada ante la jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, todos los acusados recibieron prisión preventiva y se ordenó su traslado inmediato a otras unidades para evitar que influyan en la investigación judicial. Se trata de ocho personas identificadas con las iniciales R.A.R., conocido como “El Patrón” y posible organizador. E.J.A.B., C.E.A., M.J.F., E.M.T., R.A.V., M.H.O. y F.E.C. En tanto, los agentes detuvieron en la ciudad de Orán a A.I.A., pareja de uno de los implicados, acusada de ser coautora.
Todo se habría dado a partir de la fuga de un preso en enero del año pasado que hasta el momento no ha sido recapturado. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, desde ese episodio se inició una serie de operaciones que terminaron con el secuestro de más de 250 celulares y la detención de ingresos de drogas.
La investigación tomó varios meses de prórrogas y análisis. Entre las medidas adoptadas, la magistrada autorizó peritajes sobre los dispositivos secuestrados y dispuso el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento de cuentas vinculadas a los imputados. A través de imágenes captadas por drones pudieron observar que los reclusos descartaban celulares y droga por las ventanas minutos antes de ser requisados. En las grabaciones también mostraban la cantidad de paquetes que poseían, donde mencionaban la cocaína y la pasta base con los términos “blanca” y “amarilla”.
Con las pruebas recolectadas detectaron conversaciones telefónicas entre los acusados, audios y videos que mostraban el fraccionamiento y la distribución de los productos, así como su venta interna por valores que promediaban los 10 mil pesos por paquete.
El operativo central de la investigación tuvo lugar el 10 de junio pasado y fue encabezado por el fiscal general Eduardo Villalba ante la decisión de evitar intervención del SPF por sospechas de connivencia. Durante dicho procedimiento se allanaron otras dependencias del penal, como la capilla, y algunos domicilios de allegados de los internos.
Al mismo tiempo, Giménez remarcó que la distribución de la droga dentro del penal alcanzaba zonas determinadas como el área de la escuela, los talleres y el sector funcional, donde solían pasar los productos de mano en mano. En otras ocasiones, ocultaban los estupefacientes en huecos realizados en el piso o en las paredes. En varios lugares encontraron incluso pastillas y envoltorios sospechosos.
La magistrada destacó la gravedad institucional del caso, mientras la fiscalía subrayó que la organización delictiva operaba con un esquema mafioso interno, valiéndose del contacto externo, transferencias bancarias y uso recurrente de los móviles no permitido detrás de la cárcel.
Cabe destacar que los acusados se encuentran cumpliendo otras condenas y en alguno de los casos, relacionadas con la comercialización de droga. Tal es el caso de al menos cuatro de ellos, sentenciados a penas de entre 2 y 8 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado, algunos en calidad de organizador. Otro de los imputados cumplía una sentencia por secuestro extorsivo doblemente agravado contra un empresario del transporte; mientras que en otros casos, las acusaciones se dieron por robo y hurto, y tenencia de drogas con fines de comercialización.
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