Juicio por corrupción en un penal de Salta: el director penitenciario expuso los beneficios que se otorgaron a los reclusos

La causa involucró a varios empleados del Servicio Penitenciario provincial, quienes fueron acusados de facilitar el funcionamiento de una red narco

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Tras la declaración y las pruebas presentadas, este viernes continuará el proceso
Tras la declaración y las pruebas presentadas, este viernes continuará el proceso

En medio del juicio contra una red narcocriminal carcelaria que operaba en el penal Villa Las Rosas, el director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Torres, reconoció ante los jueces que se habían concedido beneficios a internos y que se habían detectado ingresos de droga.

Durante su declaración, Torres detalló cuáles fueron los beneficios anómalos que le habían concedido a internos y apuntó contra Francisco Bisceglia, un miembro de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, como responsable de otorgar salidas transitorias, traslados de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, ingreso de celulares, cargadores, comida, bebidas y estupefacientes.

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En línea con esto, el funcionario confirmó que existieron irregularidades cometidas por parte del personal penitenciario, tras señalar que ya habían sido advertidas por otros testigos. Además, recordó que, durante 2022 y 2023, se desempeñó como Inspector General y que a mediados de 2023 se habían detectado anomalías en la tramitación de beneficios para internos.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el director del Servicio Penitenciario salteño relató que los primeros rumores recayeron sobre Bisceglia. La información fue corroborada por el Departamento de Inteligencia y, tras analizar los informes respectivos, la Dirección General resolvió dar intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

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El director del Servicio Penitenciario de Salta apuntó contra uno de los encargados de la vigilancia
El director del Servicio Penitenciario de Salta apuntó contra uno de los encargados de la vigilancia

Por otro lado, el titular de la penitenciaria argumentó que el caso no se investigó internamente debido a la gravedad del asunto, la falta de recursos suficientes y la permanencia de los presuntos implicados en sus cargos, lo que motivó el pase de la causa a la justicia provincial. Incluso, mencionó que se detectaron planillas de concepto y conducta sin firmas, falta de notificaciones a internos y expedientes incompletos o sin respaldo.

Para contextualizar las falencias, explicó que el régimen de evaluación consistía en que todos los internos fueran calificados en conducta y concepto, de 1 a 5, y dichas calificaciones incidirían en el acceso a beneficios como trabajar fuera del penal o progresar dentro del régimen.

De la misma manera, remarcó que los jefes de pabellón eran los encargados de elevar los informes al Consejo Correccional, para que defina los dictámenes técnicos sobre los beneficios solicitados. Asimismo, detalló que para obtener trabajo extramuros, un interno debe haber cumplido al menos el 40% de la condena, acreditar muy buena conducta y presentar aptitud física certificada.

Sobre el ingreso de drogas y objetos prohibidos, Torres reconoció graves deficiencias en los controles y señaló la falta de tecnología adecuada. En este sentido, precisó que los ingresos ilegales suelen producirse por las visitas, lanzamientos desde el exterior y el propio personal.

La bolsa blanca que no fue revisada por uno de los jefes de pabellón
La bolsa blanca que no fue revisada por uno de los jefes de pabellón

A pesar de que las requisas internas se realizan diariamente en sectores rotativos, sin previo aviso, y el decomiso de objetos debe registrarse formalmente, el director del Servicio Penitenciario remarcó que los controles a las visitas y trabajadores suelen ser insuficientes.

Asimismo, dejó claro que los elementos secuestrados no deben almacenarse en la oficina del jefe de pabellón y que su permanencia en ese lugar constituye una irregularidad. Por esto, hizo referencia a un operativo ocurrido en diciembre de 2023, cuando hallaron “puntas” y cargadores en el escritorio del jefe de pabellón. Y ratificó que las transferencias de dinero de familiares de internos al personal penitenciario están expresamente prohibidas.

En la jornada también declararon investigadores de UFINAR, quienes detallaron cómo detectaron una estructura de provisión y venta de drogas en el penal, con la colaboración de un interno identificado como Manuel Méndez y su madre, María Inés Méndez.

La investigación se apoyó en análisis de cuentas bancarias, billeteras virtuales, escuchas telefónicas y redes sociales, permitiendo detectar mecanismos de ocultamiento y distribución de dinero y estupefacientes desde el penal hacia el exterior.

Por último, el oficial Oscar Ruiz Córdoba, de la UFINAR, presentó videos en los que se observa a un jefe de pabellón mientras dejaba pasar una bolsa blanca que no fue inspeccionada. Se espera que la audiencia continúen este viernes a partir de las 8 horas en la Sala de Grandes Juicios.

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