Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: cómo sigue el caso y el repudio gremial

Luego de que se conociera el brutal ataque por parte de una patota de la UOCRA que sufrió hace 10 días el contratista Fabio Dante Cattani (56), quien sigue internado en coma en terapia intensiva y en estado crítico, la Unión Obrera de la Construcción emitió este jueves un comunicado en el que expresó su “repudio a la violencia”; y fuentes judiciales afirmaron a Infobae que el fiscal está “tomándoles testimoniales a los policías” y una conjueza se ha hecho cargo del expediente, luego de que la magistrada natural se excusara porque su hermano está señalado como uno de los agresores.

Fabio fue atacado el pasado 11 de agosto en la obra en la que estaba y ante la mirada de la Policía de Santa Cruz que estaba en el lugar por una manifestación de la UOCRA.

El contratista está internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. Gravísimo. Tras la bestial paliza, perdió el bazo y un testículo, tiene ocho fracturas costales y un pulmón que no le funciona y el otro sí, pero al 50%. Está entubado y con politraumatismos de tórax. No dimensionan los médicos aun las secuelas con las que deberá vivir cuando se recupere.

“La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) expresa su repudio a los hechos violentos sufridos por un contratista de obra en la localidad de Puerto Deseado, alienta la investigación por parte de las autoridades competentes y solicita el pronto esclarecimiento y sanción ejemplar a los autores responsables”, reza el comunicado que está fechado este jueves.

En el mismo documento, el gremio denunció que los actos registrados en Santa Cruz son “reñidos con el legítimo ejercicio de la función sindical” y “atentatorios de la paz social”. La organización afirmó que se encuentra “a entera disposición para el esclarecimiento de estos hechos y para el resguardo” y remarcó su compromiso con el respeto a la ley y el diálogo como vía para resolver conflictos. El mensaje cerró con la frase: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

En paralelo, fuentes del caso informaron que la investigación está a cargo de la conjueza Nancy Piutrinllar, quien asumió el expediente luego de que la magistrada subrogante Jésica Hernández se excusara porque uno de sus familiares fue señalado como partícipe de la agresión.

Hay que recordar que el titular del juzgado penal de Puerto Deseado, Oldemar Villa, se jubiló el pasado 1 de julio y la silla está vacante.

Según las fuentes consultadas por este medio, la jueza Piutrinllar actúa “con la mayor celeridad posible y el compromiso que la causa se merece para dar una respuesta a la familia de la víctima y a la sociedad en general”.

También comentaron que el secretario penal Sergio Poisson ya comenzó a recibir declaraciones testimoniales de los agentes que estuvieron en la escena, entre ellos el subcomisario Sebastián López. Pasaron 10 días desde el ataque.

En ese marco, aseguraron que el fiscal Poisson trabaja tanto en el análisis del material disponible como en la recolección de testimonios de los siete policías que presenciaron los hechos. A pesar de estas medidas, familiares del contratista señalaron que, aunque los agresores fueron individualizados, hasta el momento no se registraron detenciones.

La crónica del ataque

Todo sucedió el pasado 11 de agosto en una obra del Sindicato de Judiciales de Puerto Deseado, sobre la calle Ramos Mejía, entre 141 y Pachululu. Esa mañana, dos patrulleros acudieron al lugar debido a una manifestación vinculada a la UOCRA.

En ese contexto, arribaron dos camionetas y cuatro autos con entre 30 y 40 ocupantes. Entre ellos fueron identificados Franco Moreyra, Fabián Hernández, Carlos Tapia y Oscar Aranda, apodado “Cachumba”. Según la denuncia presentada por Sonia, la esposa de la víctima, al descender de uno de los vehículos, Moreyra lanzó una orden tajante: “A Cattani hay que matarlo”.

De inmediato, el grupo comenzó a golpearlo con patadas y puñetazos. Incluso lo atacaron cuando ya estaba en el suelo. Tres testigos confirmaron la participación de los acusados. Además, los agresores se llevaron una pistola calibre 9 milímetros registrada en la ANMaC a nombre del contratista y su teléfono celular.

La policía no intervino para frenar la violencia, según la denuncia, aunque luego trasladó a Cattani al hospital local. Allí fue atendido y dado de alta, pero horas después regresó por una descompensación y quedó internado.

Durante la madrugada, una tomografía reveló la rotura de bazo que provocó un shock hipovolémico. Fue sometido a una esplenectomía total en la que recibió una transfusión de cinco litros de sangre. Tras la cirugía, alcanzó a relatar lo sucedido, pero poco después tuvo que ser inducido a coma en terapia intensiva.

Actualmente, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Alta Complejidad del Hospital Zonal de Caleta Olivia, con un cuadro crítico que incluye politraumatismos torácicos, fallo respiratorio y lesiones severas derivadas de la golpiza.