Cómo es el cambio que impulsa el Gobierno para reestructurar las fuerzas federales y consolidar su control bajo el ministerio de Seguridad

El Gobierno avanza con un paper sobre una serie de reformas estructurales que reconfigurarán las funciones, la organización interna y las potestades de las principales fuerzas de seguridad federales. Los cambios que impulsan alcanzan a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el denominador común de las reformas que busca el Gobierno es la profesionalización del personal, la reestructuración organizativa, la actualización normativa y el traslado definitivo de estas fuerzas al ámbito del Ministerio de Seguridad.

Las medidas apuntan a profesionalizar el personal, fortalecer la capacidad investigativa y delimitar con mayor precisión las competencias de cada organismo.

Por ejemplo, la PSA podría cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario, por ejemplo, en otros medios de transporte; mientras que en el SPF reactivaría la función de auxiliar del poder Judicial más allá del cuidado de los presos como estrategia del combate integral y coordinado contra la criminalidad organizada.

SPF

En el caso del SPF, la reforma más significativa sería su traspaso desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad. El cambio respondería a la necesidad de coordinar una estrategia más eficaz contra el delito complejo, con foco en la criminalidad organizada que opera, incluso, desde el interior de los penales. Un ejemplo que abordaron las fuentes consultadas fue el uso de celulares por parte de jefes narcos detenidos, como en el caso de “Los Monos”.

Además del cambio de dependencia, el SPF tendría un nuevo estatuto para reemplazar el que estaba vigente desde 1967. Aunque mantendría gran parte del contenido original, la nueva normativa incorporaría una estructura más moderna, que incluye una Dirección General de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y otra de Personal, Formación y Bienestar.

Se introducirían reformas al régimen de carrera, con un esquema de capacitación actualizado y un mayor control institucional mediante mecanismos de transparencia e integridad.

PNA

En paralelo, el decreto sobre la Prefectura Naval Argentina modificaría la Ley sancionada en 1969, pero sin reemplazarla. Se trata de una fuerza que, históricamente, dependió de la Armada, aunque actualmente actúa como una fuerza de seguridad federal bajo conducción civil.

El nuevo marco legal actualizaría las competencias de la Prefectura y eliminaría funciones obsoletas, como el juzgamiento de contravenciones o el otorgamiento de beneficios postales, que habían quedado anacrónicas. También se reorganizaría su estructura, profesionalizando su planta y unificando competencias dispersas relacionadas con la pesca, el control ambiental en el mar y el sistema guardacostas.

Así, se fortalecerían sus funciones como Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, y se precisan sus potestades de investigación y participación internacional.

PSA

En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la intervención apuntaría a modificar artículos de la ley aprobada en 2005, año en que la fuerza fue trasladada del Ministerio de Defensa al de Seguridad.

Si bien su función principal sigue siendo la protección de aeropuertos y operaciones aeronáuticas, el nuevo texto ampliará el alcance operativo para que, a requerimiento del Poder Ejecutivo, pueda cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario e intervenir en tareas de seguridad interior, por ejemplo, en otros medios de transporte.

Entre los cambios figurarían la creación de un escalafón técnico profesional, la inclusión de la figura del cadete, y un sistema disciplinario mejorado, con control externo y un tribunal de disciplina. También se jerarquizarían los cargos para equipararlos al resto de las fuerzas.

GNA

Finalmente, en el caso de la Gendarmería Nacional Argentina, se derogaría la ley sancionada en 1972, y se la reemplazaría por un nuevo estatuto. El texto eliminaría referencias al Ejército Argentino y al Ministerio de Defensa, y las sustituirá por menciones al Ministerio de Seguridad, consolidando así su carácter civil.

Se reduciría la estructura organizativa para hacerla más eficiente y se actualizaría todo el régimen de personal: jerarquías, incorporaciones, formación, carrera, retiro. Además, se reforzaría el control interno, se revisaría el sistema disciplinario y se establecerían normas orientadas a la lucha contra la corrupción dentro de la fuerza.

Se clarificarían sus funciones en investigación y prevención de delitos dentro de su jurisdicción y se habilitaría su participación en misiones internacionales.

En suma, el Gobierno busca un rediseño transversal de las fuerzas de seguridad federales. Lejos de limitarse a ajustes formales, las reformas afectarían desde la estructura jerárquica hasta los regímenes de incorporación, el alcance territorial de sus funciones y la articulación con otras instituciones del Estado.

“La idea de una seguridad pública integrada, con reglas homogéneas para las distintas fuerzas, emerge como uno de los ejes más nítidos del paquete normativo", explicaron.