Quién es el prófugo de un clan narco que cayó por una lectora de patentes en Villa Fiorito

Ariel Alberto Sosa, nacido el 7 de enero de 1983, fue capturado tras permanecer prófugo más de tres años, acusado de integrar el entramado de lavado de activos y asociación ilícita del denominado clan Sosa, una organización criminal con base en la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Era buscado desde 28 de abril 2022 y con su captura ya solo quedan dos prófugos del clan: Sergio Omar Fernández, el marido de Mariela Sosa, hermana del ahora detenido y con domiciliaria porque tiene niños pequeños; y Hernán Acosta, el cerebro de la banda y quien creó una financiera para lavar la plata.

“Alberto era uno más de la banda, no sobresalía. Era más bien violento, rústico. Tiene un par de enfrentamientos armados y la herida de un balazo en la pierna como recuerdo”, contaron fuentes del caso a Infobae el perfil del sospechoso capturado en Villa Fiorito.

Según la investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal de Sáenz Peña de Carlos Amad, el grupo habría operado durante más de una década en maniobras vinculadas al narcotráfico y al posterior blanqueo de bienes y capitales obtenidos de manera ilícita.

Sosa, de 42 años, fue localizado en las últimas horas en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, cuando personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la comisaría 5ª de Villa Fiorito, interceptó una camioneta Toyota Hilux negra que había sido reportada por el Centro de Monitoreo local tras ser advertida por el lector de patentes.

Es que el vehículo estaba vinculado a un violento robo ocurrido hace unos días en la localidad chaqueña de Villa Ángela y, por tareas encubiertas, le tenían la mira puesta a la camioneta que manejaba Sosa por Villa Fiorito.

El conductor, en apariencia identificado como Federico Narahian Da Silva Dos Santos, no presentaba impedimentos legales, pero algo les resultó sospechoso a los policías de ese hombre que manejaba la camioneta con pedido de identificación el domingo por la noche.

Sin embargo, ya dentro de la comisaría se determinó que se trataba en realidad de Ariel Alberto Sosa, quien registraba un pedido de captura vigente desde el 28 de abril de 2022 emitido por el Juzgado Federal de la Provincia del Chaco, en el marco de una causa por lavado de activos de origen delictivo y asociación ilícita.

No es la primera vez que va preso: Sosa tiene un antecedente en el Servicio Penitenciario Federal que data de 2018.

El caso que derivó en su arresto forma parte de una investigación más amplia contra una estructura criminal señalada por el Ministerio Público Fiscal como responsable de transformar las ganancias del narcotráfico en bienes formalmente legales.

El clan Sosa

La causa tuvo su punto de partida en noviembre de 2020, a raíz de una presentación contable hecha por un profesional ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña, en la que se consignaba que Ana María Flamenco, madre de Ariel Sosa, había generado ingresos brutos por casi 18 millones de pesos en apenas doce meses.

Aquella certificación activó una primera hipótesis de maniobra irregular y disparó una serie de actuaciones que involucraron a varios miembros del grupo familiar.

En paralelo, la Policía Federal recibió una denuncia anónima en la que se aportaban datos sobre una familia con el apellido Sosa, presuntamente involucrada en actividades de transporte y comercialización de estupefacientes en grandes cantidades, así como en operaciones para introducir al circuito económico formal los bienes obtenidos de esas actividades.

A partir de allí, el fiscal Carlos Amad ordenó el entrecruzamiento de datos patrimoniales, migratorios y societarios con organismos como la AFIP, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Caja de Valores, entre otros.

De esa batería de medidas surgieron evidencias que vincularon a los integrantes del clan con la adquisición y manejo de un gran número de vehículos, inmuebles, terrenos fiscales, emprendimientos inmobiliarios y locales comerciales, en algunos casos utilizando testaferros, contratos simulados o evitando formalizar las transferencias de dominio.

En función de estas pruebas, la fiscalía solicitó el 26 de abril de 2022 la detención e indagatoria de Ariel Sosa, su madre Ana María Flamenco, sus hermanos Lucas Matías y Hugo Sebastián Sosa, y otras personas del entorno familiar, como Mariela Alejandra Sosa, Lía Vanesa Ruth Paz y Sergio Omar Fernández.

Dos días después, el 28 de abril, se ejecutaron 23 allanamientos simultáneos, durante los cuales solo fue arrestado Lucas Matías Sosa, quien recientemente fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia a siete años de prisión por su rol en el esquema de lavado.

El juez Juan Manuel Iglesias, a cargo del proceso, también dispuso el decomiso de los bienes vinculados al delito y la aplicación de una multa equivalente al doble del valor lavado.

Durante el juicio, el fiscal Federico Carniel sostuvo que el clan operó entre 2009 y 2022, y que se valió de una red integrada por la familia Sosa y sus allegados, quienes “funcionalmente han intervenido para insertar, canalizar y recircular los fondos que se originaron del narcotráfico”.

Según sus palabras, se trató de una organización que con el paso del tiempo “se perfeccionó” mediante una serie de transacciones cada vez más complejas y estructuradas, tendientes a disimular el origen del dinero e impedir su rastreo.

La figura del padre, Juan Alberto Sosa, ya fallecido, aparece como el líder original de la organización, según reconstruyó la fiscalía. Una parte de los bienes fue inicialmente justificada con ingresos supuestamente generados por él. Cuando esa vía no era suficiente, los implicados habrían recurrido a nombres falsos, operaciones simuladas o contratos encubiertos para mantener el control sobre el patrimonio, sin que quedara evidencia legal del vínculo real.