La Fundación para la Libertad de Nicaragua pidió a Alemania y a la Unión Europea que amplíen las sanciones contra funcionarios vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, identificados por expertos de las Naciones Unidas por presuntas violaciones a los derechos humanos. El reclamo fue formulado en Berlín por su director ejecutivo, Jonathan Duarte.
En declaraciones durante la Berlin Freedom Conference, Duarte mencionó al canciller Valdrack Jaentschke, quien representó a Nicaragua en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid a comienzos de noviembre. La organización solicitó que los gobiernos europeos incluyan en sus medidas restrictivas a los funcionarios señalados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas.
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Duarte participó en el panel “Desplazar la cúpula en Venezuela, Cuba y Nicaragua”, organizado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Compartió el encuentro con la activista cubana Rosa María Payá, de Cuba Decide, y con Pedro Urruchurtu, representante de Vente Venezuela.
La Fundación para la Libertad también instó a Alemania a promover en el Consejo de la Unión Europea una revisión formal del cumplimiento de las cláusulas sobre democracia, derechos humanos y Estado de derecho incluidas en el Acuerdo de Asociación entre el bloque comunitario y Centroamérica.
El planteo apunta a que las relaciones comerciales y de cooperación entre Europa y Nicaragua incorporen las conclusiones de los organismos internacionales sobre el deterioro institucional en el país. Duarte sostuvo que Europa dispone de “herramientas concretas” para aumentar la presión sobre Managua.
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Según la información difundida por la entidad nicaragüense, cerca del 10% de la población abandonó el país desde 2018, en su mayoría personas menores de 35 años. La fundación afirmó además que más de 5,600 organizaciones sin fines de lucro fueron cerradas, una cifra equivalente a cerca del 80% de las que existían antes de la ofensiva oficial contra la sociedad civil.
La represión alcanzó a universidades, iglesias y opositores en el exilio
Duarte indicó que 28 universidades fueron clausuradas o confiscadas y que se registraron alrededor de 870 ataques contra instituciones de la Iglesia católica, entre ellos incendios de templos y el destierro de obispos. Esos datos fueron presentados por la Fundación para la Libertad como parte del balance de la represión estatal iniciada tras las protestas de abril de 2018.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua documentó en marzo que el Estado utilizó recursos públicos para financiar acciones de persecución y vigilancia contra opositores dentro y fuera del país. El organismo también informó que 452 nicaragüenses fueron privados de su nacionalidad entre febrero de 2023 y septiembre de 2024.
La situación de los exiliados se convirtió en otro foco de preocupación internacional. Los expertos de Naciones Unidas señalaron casos de impedimentos para regresar al país, negativas a renovar pasaportes, confiscación de bienes, vigilancia digital, amenazas y represalias contra familiares de críticos del gobierno que permanecen en Nicaragua.
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Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea ya aplican restricciones
La Unión Europea renovó en octubre las sanciones contra 21 personas y tres entidades vinculadas al Estado nicaragüense, según Human Rights Watch. Las medidas incluyen congelamiento de activos y prohibiciones de ingreso al territorio comunitario. Estados Unidos mantiene sanciones financieras focalizadas y restricciones de visado contra funcionarios, allegados al oficialismo y entidades vinculadas al poder.
Duarte afirmó que dentro de Nicaragua persiste una resistencia organizada mediante redes descentralizadas, en contacto con personas que viven fuera del país. La Fundación para la Libertad sostuvo que esos grupos se preparan ante una eventual apertura política que permita elecciones libres y justas.
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La participación de la organización en Berlín fue la segunda dentro de la Berlin Freedom Week. Duarte fue elegido en 2025 secretario regional para América Latina del World Liberty Congress, una de las organizaciones impulsoras de esa semana de actividades.
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