Luego de que siete personas fueron detenidas el jueves pasado por presuntamente haber formado parte de la estafa piramidal que afectó, al menos, a unos 900 vecinos de la localidad de Casilda, Santa Fe, el fiscal a cargo de la investigación, Juan Pablo Baños, ratificó la detención de Yamil Santis, reconocido como el representante y vocero local de la empresa fantasma Peak Team Capital. El resto de los sospechosos fueron liberados este viernes.
Durante una audiencia celebrada en los Tribunales de Casilda, la Justicia confirmó que Santis continuará detenido hasta el 23 de diciembre, debido a que tendrá la posibilidad de celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia. De la misma forma, el fiscal detalló que la firma funcionó entre abril y octubre de este año, cuando 36 inversores denunciaron haber tenido pérdidas por 23 millones de pesos y 35 mil dólares.
A pesar de que la Fiscalía descartó que alguno de los siete señalados se tratara del líder de la organización, sí sentenció que los imputados brindaron un “aporte esencial” para un responsable superior que, cuya identidad y paradero son desconocidos. En este sentido, remarcaron que el esquema traspasaba las fronteras y que se valía del uso de herramientas tecnológicas avanzadas que han servido como un obstáculo para el rastreo de fondos.
De acuerdo a la información publicada por Rosario3, Baños explicó que el método de comunicación entre el representante y el superior anónimo se realizaba por medio de WhatsApp. Aparentemente, este utilizaba un número con característica de Los Ángeles, Estados Unidos, pero que se encontraba conectado a un número de IP ubicado en Hong Kong, China. No obstante, no descartaron la posibilidad de que hubiera sido utilizada una red privada virtual (VPN) para mostrar una dirección diferente a la verdadera.
Respecto del rol que habría cumplido Santis, el investigador apuntó que habría estado encargado de brindar entrevistas, garantizar la fiabilidad del sistema de inversión que proveía la firma, organizar eventos en el Club Círculo Deportivo de Casilda y de encargar los premios y regalos que ofrecía. “A las víctimas se les prometía altas rentas mensuales de forma segura realizando una inversión e incentivando a los inversores a incorporar a otros mediante un incentivo económico”, describió Baños.
De la misma manera, el fiscal aseguró que el discurso que proveían a las víctimas tenía el objetivo de hacerles creer que “los imputados eran los representantes locales de la firma y quienes responderían por ocasionales pérdidas”. Asimismo, dividió los roles que realizaba cada uno de los acusados al indicar que Rodrigo P. estaba a cargo de los regalos que ofrecían (mates, jarros, agendas y bolígrafos), Agustín A. que se ocupaba de los salones y sillas, Alejo P. administraba el sonido, Gonzalo A. se ocupaba del sonido y del catering, y Giuliana D. L. C. también se encargaba de la organización de salones y sillas.
Acerca del funcionamiento de la estafa piramidal, la Fiscalía reconstruyó que las víctimas invertían el dinero por medio de transferencias a una cuenta de Exchange OKX, para comprar dólar cripto (USDT), luego transferirlos hacia la plataforma MGS Trade a través del uso de la red TRX, en donde supuestamente funcionaba el activo denominado ASX30. Asimismo, recibían alertas en un grupo de WhatsApp que avisaba cuando era el momento ideal para hacer la operación.
El grupo de WhatsApp era administrado por los imputados y se constató que en el mismo había más de 800 participantes. “Todo era realizado a sabiendas de no poder abonar lo prometido a todos los inversores, lo que ocurrió en octubre cuando se dejó de abonar intereses y, finalmente, impidieron el reintegro del capital invertido”, explicó el investigador al apuntar que el esquema se cayó por la falta de nuevos inversores que sostuvieron el flujo de dinero.
En este sentido, Baños remarcó que fue necesario que dejaran de sumarse inversores para que pudiera descubrirse la estafa. Asimismo, valoró que el aumento de noticias sobre personas afectadas por otras estafas piramidales contribuyó a que muchos de los damnificados se retiraran de la estructura, lo que generó que las cuentas fueran bloqueadas y el capital fuera fugado para evitar que las víctimas puedan recuperar los fondos.
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