El régimen de Irán refuerza la represión interna en medio de la guerra y multiplica ejecuciones, arrestos y cierres de comercios

El régimen de Irán endureció los controles de seguridad interna en medio de la incertidumbre sobre los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel. En las últimas semanas, las autoridades intensificaron los arrestos, las restricciones y los castigos contra personas y empresas acusadas de incumplir normas consideradas contrarias al islam, mientras el aparato estatal reforzó la vigilancia sobre la disidencia tras las protestas nacionales de enero.

Las medidas forman parte de una estrategia que las autoridades presentan como un esfuerzo para fortalecer el “frente interno y la unidad” frente a la presión externa. Funcionarios clericales, políticos y militares insistieron en la necesidad de mantener la cohesión nacional y mostraron una mayor intolerancia hacia cualquier manifestación de oposición.

El presidente Masoud Pezeshkian calificó los acontecimientos de enero como “amargos e inolvidables” durante una entrevista televisada emitida el miércoles por la noche. En ese mismo contexto, el mandatario responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de impulsar las protestas. Según sostuvo, ambos líderes buscaron desestabilizar a la República Islámica mediante manifestaciones organizadas en distintas ciudades iraníes.

El aparato de seguridad combinó ejecuciones, arrestos, incautaciones de bienes y un estricto control sobre internet y los medios de comunicación. Además, mantuvo una fuerte presencia de fuerzas de seguridad armadas y grupos afines al régimen en las calles de Teherán y de otras ciudades durante las noches.

Las autoridades iraníes describen las protestas de enero como un intento de golpe de Estado organizado por Washington y Jerusalén. Según la versión oficial, agentes de la CIA y del Mossad se infiltraron entre los manifestantes para fomentar la violencia, atacar edificios públicos y provocar daños materiales. El régimen sostiene que 3.117 personas murieron, en su mayoría durante las noches del 8 y 9 de enero, y rechaza las cifras más elevadas difundidas por organizaciones de derechos humanos y funcionarios estadounidenses.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 28 de julio en la plaza Alikhani, en Isfahán. Allí, dos jóvenes fueron ejecutados públicamente mediante ahorcamiento bajo una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. Los acusados enfrentaban cargos de moharebeh, o “declarar la guerra a Dios”, y de “corrupción en la Tierra”, delitos vinculados por las autoridades con incendios provocados y con la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad durante los disturbios.

Familiares y vecinos intentaron impedir la ejecución, pero las fuerzas de seguridad los dispersaron por la fuerza. En redes sociales circularon videos que aparentemente mostraban disparos.

Otros dos jóvenes ya recibieron la pena capital por el mismo expediente. Además, ocho personas continúan bajo amenaza de ejecución dentro del caso de Isfahán, que involucra a 16 acusados. También existen procesos similares en esa provincia y en otras regiones del país.

El miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó que “al menos 56 personas han sido ejecutadas por cargos relacionados con la seguridad nacional desde el 19 de marzo”. Según precisó, 27 de esos casos corresponden a personas vinculadas con las protestas nacionales de enero y más de 100 personas corren el riesgo de ser ejecutadas por cargos similares.

Las autoridades iraníes sostienen que las ejecuciones buscan impedir acciones contra la seguridad nacional en un escenario marcado, según afirman, por intentos de Estados Unidos e Israel de derrocar a la República Islámica.

En esa línea, el jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, afirmó en enero que “la aplicación oportuna e inmediata de los castigos para los alborotadores es uno de los elementos disuasorios”.

La ONU y organizaciones internacionales de derechos humanos reclamaron el fin de las ejecuciones. La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, informó que las ejecuciones aumentaron un 68% y superaron las 1.600 personas durante 2025, la cifra más alta desde 1989.

Organizaciones de derechos humanos también denunciaron que los tribunales revolucionarios celebran audiencias a puerta cerrada, mientras los acusados sufren abusos y las familias reciben presiones para no hablar con los medios. Siete expertos y relatores especiales de la ONU advirtieron la semana pasada: “Tal como están las leyes nacionales actualmente, es imposible participar en cualquier protesta crítica con el Estado sin arriesgarse a sufrir represalias y persecución”.

Los especialistas agregaron: “Este ciclo solo se romperá cuando se abra el espacio cívico y se garantice la libertad de reunión pacífica y de expresión”. También señalaron: “La lógica parece clara: infundir miedo en la sociedad, disuadir futuras manifestaciones y silenciar la disidencia. Sin embargo, la represión solo engendra más disidencia”.

En paralelo, la Fiscalía de Teherán abrió causas contra usuarios de internet acusados de respaldar a personas ejecutadas tras las protestas. El presentador de la televisión estatal Mohsen Azadi también cuestionó públicamente a la ex viceministra de Cultura Nadereh Rezaei después de que ella publicara un mensaje en el que sostuvo que las ejecuciones generan odio.

Las autoridades mantienen además un fuerte control sobre el acceso a internet. Durante las protestas suspendieron la conexión internacional durante tres semanas y, tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, mantuvieron nuevas restricciones durante tres meses. Aunque parte de la conectividad volvió, numerosos servicios de mensajería y sitios web internacionales continúan bloqueados.

La presión estatal también alcanzó los espacios sociales y comerciales. En las últimas semanas cerraron decenas de comercios, cafeterías, restaurantes, gimnasios, librerías, centros culturales, páginas web y tiendas virtuales por presuntas infracciones a las normas islámicas o por motivos vinculados con la seguridad. Los controles afectaron a estudiantes, docentes, abogados, escritores, actores y miembros de minorías. El periódico reformista Shargh informó que estudiantes identificados con la disidencia fueron víctimas de difusión de datos personales en canales anónimos de Telegram. El Consejo Coordinador de las Asociaciones Sindicales de Profesores Iraníes denunció que varios estudiantes recibieron citaciones o quedaron detenidos por cargos relacionados con la seguridad nacional.

El actor Reza Kianian difundió en Instagram un mensaje compartido por miles de personas en rechazo a las muertes ocurridas durante las protestas y a las ejecuciones posteriores. El texto expresó: “No puedo fingir que todo es normal. Nuestro dolor compartido no debe perderse en medio del ajetreo de la vida cotidiana”.