Seguirá preso el hijo de un intendente salteño imputado por el robo y contrabando de rieles a Bolivia

La Justicia dictó la prisión preventiva del hijo de un intendente salteño acusado en una causa por el robo y contrabando de rieles de la red ferroviaria. Se trata de José Miguel Gerala, hijo de Atta Gerala, el jefe comunal de Rivadavia Banda Norte, un municipio de alrededor de 10 mil habitantes ubicado a 411 km de la ciudad de Salta, conocido también como Coronel Juan Solá o Morillo.

La medida fue resuelta por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, quien determinó que el sospechoso siga bajo arresto al considerar que existían riesgos de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, tal como lo había entendido el fiscal general Eduardo Villalba.

Gerala hijo se encuentra detenido y acusado junto a un comerciante, David Edilberto Medina. Ambos fueron imputados por su presunta participación en el robo de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas -en los tramos de Pluma de Pato, Dragones y la estación Morillo-, que presuntamente luego eran contrabandeados a Bolivia.

En la audiencia de imputación, Villalba indicó que los rieles eran extraídos con herramientas y maquinaria suministradas por el municipio, y que el material, una vez removido de las vías, era almacenado y transportado a fincas cercanas a la frontera para su posterior comercialización en el país vecino.

En la investigación, que se inició hace más de un año a partir de varias denuncias, se interceptaron comunicaciones entre Medina y proveedores de material ferroso. Además, se consiguieron fotografías y videos que documentaron el traslado de los rieles desde viviendas en Aguas Blancas hacia territorio boliviano.

Las pruebas apuntan también a la posible connivencia con miembros de la Gendarmería Nacional en la zona fronteriza, puntualmente aquellos que se desempeñan en el puesto 28 de Julio, quienes habrían facilitado el cruce de la mercadería.

Durante la audiencia, Villalba explicó que Medina operaba como el coordinador del traslado del material extraído de las vías férreas a Bolivia y que habría recurrido a varias comunidades locales para el corte y extracción del material.

Por su parte, José Miguel Gerala, conocido como “Yopi”, habría sido identificado como el encargado de organizar la extracción de rieles, Según la fiscalía, el sospechoso habría suministrado maquinaria y herramientas a miembros de comunidades aborígenes para que realizaran esa tarea, aprovechando su influencia en la zona y el respaldo de su padre, quien ha sido intendente de Rivadavia Banda Norte durante más de 25 años.

De acuerdo con las escuchas telefónicas, “Yopi“ manifestó en varias ocasiones tener toneladas de material listo para ser trasladado a Orán, donde Medina gestionaba un galpón para acopiar la mercadería, según se describió en un comunicado del Ministerio Público Fiscal.

El juez Montoya, al aceptar el pedido de prisión preventiva por 60 días, argumentó que la influencia del intendente Gerala en la región podría ser un factor de riesgo para la investigación y enfatizó la gravedad del daño causado al patrimonio ferroviario nacional. Además, calificó de “vergonzosa” la complicidad de las fuerzas de seguridad locales en la organización, que habría operado en una estructura de poder organizada y facilitada por la cercanía con la frontera boliviana.

En el caso de Medina, el fiscal recordó que el comerciante ya había sido investigado anteriormente por encubrimiento de contrabando y uso de documento privado falso, antecedentes que resultaron en una probation en septiembre de 2023.

En el fallo, además, el magistrado también rechazó las solicitudes de las defensas para que los imputados afrontaran el proceso bajo arresto domiciliario. La defensa de Gerala apeló a razones de salud, pero sus argumentos no fueron considerados suficientes. Montoya valoró el interés de la empresa Belgrano Cargas en recuperar los rieles sustraídos y comparó el caso con el saqueo de caños del Gasoducto del NEA en 2020, que involucró a otro intendente de la región, Enrique Prado, quien fue condenado en 2021 a seis años de prisión por robo.

La investigación, según lo expuesto por la fiscalía, sigue en curso y se espera la imputación de otros presuntos implicados en la actividad delictiva.