En medio de la crisis de violencia e inseguridad, una noticia sacudió el panorama judicial rosarino en las últimas horas. María Cecilia Vranicich, cabeza del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, ordenó intervenir la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, que engloba a los investigadores de Rosario.
La intervención, según la decisión tomada en un dictamen de la fiscal general a la que accedió Infobae, durará seis meses y tendrá como fin “restaurar la cohesión interna institucional” y “reordenar los procesos de trabajo” de los fiscales. Matías Merlo, hoy a cargo de la jurisdicción de Venado Tuerto, fue designado como el interventor a cargo del proceso.
También, se la desplaza parcialmente a María Eugenia Iribarren, jefa de los fiscales rosarinos, a la que limitó territorialmente en sus funciones. Le quedarán territorios como Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo, pero no el foco principal de la acción.
La decisión dada a conocer en el mediodía de este martes, según el texto, es la consecuencia de un monitoreo llevado a cabo por personal de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, que entre septiembre y diciembre del año pasado monitorearon cómo trabajaban las tres unidades más sensibles de la Justicia rosarina: Homicidios Dolosos, la Agencia de Criminalidad Organizada y Balaceras.
La supervisión de las tareas había sido ordenada por Vranicich después de que los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaran a su colega Matías Edery por presuntas irregularidades en la relación que mantenía con su informante Mariana Ortigala, sospechada de ser testaferro de “Guille” Cantero, capo de Los Monos. Desde septiembre del año pasado, la mujer está imputada y detenida por haber realizado extorsiones al dueño de una agencia de quinielas por pedido de Cantero.
El caso Edery
El 7 de marzo pasado, la Legislatura santafesina resolvió suspender de manera preventiva a Edery por el tiempo que demore la investigación en su contra. La encabezan dos colegas de la ciudad de Santa Fe: María Laura Urquiza y Bárbara Ilera. Fueron ellas quienes los imputaron el último 16 de febrero por los delitos de omisión de investigar en reiteradas oportunidades, encubrimiento agravado, violación de medios de prueba y prevaricato.
Según el comunicado enviado por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, entre julio de 2019 y septiembre de 2023, fecha de corte porque allí fue detenida su informante, Edery dejó de perseguir penalmente a varias personas. En esa lista se encuentra Ortigala y su hermano Rodrigo, testigos clave en el juicio contra el capo narco condenado a perpetua Esteban Lindor Alvarado, “a sabiendas de que existían elementos que acreditaban su participación en hechos ilícitos”.
Las fiscales Ilera y Urquiza también le atribuyeron “haber asesorado a partes contrarias en un mismo juicio, en forma simultánea, actuando y velando por los intereses del imputado y perjudicando deliberadamente las causas que tenía confiadas en función de su cargo de fiscal”. En esta parte del documento no hicieron alusión precisa a qué debate oral y público se hacían referencia, aunque investigadores judiciales sugirieron que podría ser por la causa por el crimen del casino City Center, ocurrido en enero de 2020, motivo por el que llegó a ser condenado a un año y medio de prisión Rodrigo Ortigala.
El hermano de la informante, según el expediente, no tuvo relación alguna con el homicidio del gerente bancario José Enrique Encino que cometieron Los Monos para extorsionar a las autoridades del casino, pero quedó envuelto en la misma investigación: había “marcado” a la banda para que intimide a un financista a fin de conseguir dinero.
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