
Luego de las audiencias en torno a la condena de Kumiko Kosaka, principal acusada por los abusos ejecutados en el Instituto Próvolo de Mendoza, este miércoles la Justicia decidió indemnizar a 17 de las víctimas de dichos casos sucedidos en el año 2016.
En este sentido, miembros de la Asociación Civil Obra San José acordaron pagarles en forma de resarcimiento por los delitos perpetrados en el ex Instituto religioso de Luján de Cuyo, informaron desde la querella.
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“Los pagos corresponden al daño civil en concepto de indemnización y es un acuerdo de dinero entre las partes”, explicó Sergio Salinas, abogado defensor de los jóvenes abusados cuando eran menores de edad.
Además detalló que “por respeto y seguridad a la intimidad” no se especificaron las cifras de los pagos en cuestión, pero fue calificado como “un número al dolor”, según lo definió el querellante.
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Télam pudo averiguar que el dinero utilizado “proviene de la asociación producto de la venta del inmueble del ex Próvolo, que compró la municipalidad de Luján de Cuyo y que se constituyó un fideicomiso para afrontar estos resarcimientos por procesos judiciales”.

En tanto a la causa en cuestión, ya lleva un tercer proceso en el que se enjuicia a la monja del instituto para niños hipoacúsicos, identificada como Kumiko Kosaka, por quien la fiscalía pidió 25 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asisten menores, todo a razón de la causa que investiga las responsabilidades por los abusos sexuales que salieron a la luz en noviembre hace siete años atrás.
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Por un lado, las querellas se sumaron al pedido y el abogado Salinas (ONG Xumek) sentenció que estaba de acuerdo con dicha condena debido a “la acumulación de los delitos que representa ese combo de causas por cuatro víctimas”, de las cuales se resguarda la identidad de la mayoría.
Por el otro, la defensa de la imputada, integrada por Carlos Varela Álvarez y otros letrados, exigió el pasado 25 de julio, luego de 17 jornadas hábiles, la absolución bajo el siguiente comunicado: “Se ha podido establecer la debilidad de las acusaciones basadas en contradicciones, hechos imposibles, mentiras, derivados esencialmente de la contaminación a que han sido expuestos muchos de los testigos y denunciantes”.
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“Esta investigación llevó siete años. Esto comienza en noviembre de 2016, cuando una chica, que fue llamada como la testigo de identidad reservada número 1, realizó una denuncia con una lengua de señas muy precaria. Con los meses de investigación empezamos a notar que había una monja que era mala y con el tiempo nos dimos cuenta de que no era una monja mala en término de malicia, era una persona con indicadores de abuso sexual y que hacía propiamente ella los abusos”, recordó en una de las audiencias Salinas, sobre la cantidad de instancias judiciales que atravesó dichas causas.
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El primer juicio fue un abreviado el 25 de septiembre de 2018, día en el que el monaguillo Jorge Bordón y exempleado administrativo del Instituto, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.
Por su parte, en la segunda instancia, que tuvo lugar el 25 de noviembre del 2019, se condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y Horacio Corbacho Blanc a 45 respectivamente, mientras que al jardinero Armando Gómez a 18 años, acusados por abusos sexuales y corrupción de menores y niños con hipoacusia en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.
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Además, también fue acusada la ex directora, Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, entre otros directivos, por “omisión”, los cuales se espera que lleguen pronto a juicio.
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