Hay tres detenidos por el crimen del comerciante descuartizado y buscan a dos prófugos

La mañana del lunes posterior a las PASO trajo un giro clave en el expediente que intenta esclarecer el bestial asesinato de Fernando Pérez Algaba, alias “Lechuga”, el comerciante y trader de criptomonedas cuyo cadáver fue hallado descuartizado el mes pasado en un arroyo de Ingeniero Budge.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el fiscal Marcelo Domínguez ordenó a la Policía Bonaerense una serie de 18 allanamientos, además de cinco detenciones. Los procedimientos se realizaban al cierre de esta nota, con varios arrestos pendientes. La calificación actual del expediente es la de homicidio cuádruplemente agravado por uso de arma, codicia, alevosía y la participación de dos o más personas. La única pena posible con esta combinación es la de prisión perpetua.

En la lista de pedido de arresto se encuentran los nombres de Maximiliano Ezequiel Pilepich y Nahuel Sebastián Vargas ya conocidos en el caso, comerciantes que declararon en el expediente y que tienen probados vínculos con Pérez Algaba. Ambos sospechosos son la pista que lleva a la última aparición con vida de “Lechuga”, su llegada a un campo en General Rodríguez. Todavía no fueron capturados.

Pilepich, que había mantenido un cruce por redes sociales con Pérez Algaba, con amenazas de por medio, declaró de forma espontánea y relató que él y Nahuel Vargas le debían al comerciante asesinado 150 mil dólares. Pilepich, por su parte, le entregó a la DDI de Lomas de Zamora la Land Rover con la que fue vista “Lechuga” por última vez, en la que se buscaron manchas de sangre.

Los detenidos hasta el momento fueron identificados como Fernando Gastón Carrizo, Matías Ezequiel Gil y Luis Alberto Contreras.

Cómo se cometió el crimen según la Justicia

En su pedido de múltiples allanamientos y detenciones, el fiscal Domínguez realizó, como es de rigor, la descripción del hecho. Allí especificó algunos datos hasta ahora desconocidos:

Para la Justicia, “entre las 18 del martes 18 de julio y las 3 AM del miércoles 19, Maximiliano Ezequiel Pipelich, Nahuel Sebastián Vargas, Matías Ezequiel Gil, Luis Alberto Contreras, Alma Nicol Chamorro, Horacio Mariano Córdoba, Flavia Lorena Bomrad y Fernando Gastón Martín Carrizo, actuando de manera premeditada entre sí, provocaron dos lesiones de arma de fuego en la parte posterior del torso de Fernando Pérez Algaba”.

Por lo pronto, no se firmó la captura de Bomrad y Córdoba. Mientras que Alma Nicol Chamorro es la mujer trans detenida a comienzos del expediente.

Luego, continúa el fiscal: “Actuaron con alevosía y por codicia, al reportarles el citado homicidio un rédito económico ilegítimo, ya que algunos de los antes mencionados se vieron exceptuados del pago de una deuda con la víctima”.

Con respecto a la descripción parcial de lo sucedido, la Justicia completa: “Siguiendo con dicho plan, seccionaron y embalaron el cuerpo de la víctima y lo arrojaron en el Arroyo del Rey previo colocarlo en una valija de color rojo marca Brandy y en una mochila con inscripciones del Municipio de Lomas de Zamora”.

Según el documento de 74 páginas en el que el fiscal solicita las detenciones y realiza una especie de resumen de todo lo investigado, detrás del crimen de Lechuga Pérez Algaba hay ambición y codicia. Domínguez lo sustenta hablando de la deuda que Pilepich, personaje central, tenía con la víctima.

Domínguez asegura que el crimen fue planificado desde un comienzo. Y la clave está en la reunión en una escribanía de Hurlingham el lunes 17 de julio y un encuentro en un campo llamado “Renacer” en General Rodríguez al día siguiente, el martes 18 de julio.

Cuando se presentaron como testigos, los ahora principales sospechosos Pilepich y Vargas aseguraron que entre los dos, le debían a la víctima 150 mil dólares. Afirmaron que un porcentaje (90 mil dólares) lo habían saldado en la escribanía y que los 60 mil restantes se los entregaron en mano ese martes 18.

Ambos empresarios explicaron que, antes de comenzar a saldar la deuda, le habían prestado a Pérez Algaba una camioneta Land Rover Evoque año 2012 a modo de garantía durante algunos días. Dijeron también que, una vez que el monto quedó saldado en General Rodríguez, “Lechuga” les devolvió el vehículo y se quedó solo, a pie y con la plata en un lugar ciertamente inhóspito. Les habría dicho, según sus palabras, que alguien lo iba a pasar a buscar.

Para Domínguez, esto fue el principio de la planificación, aunque con matices, porque ambos, cree el fiscal, mintieron en varios detalles de ese relato.

Para la Justicia, Pilepich y Vargas también mintieron al decir que en la escribanía de Hurlingham, el lunes 17, le habían dado a “Lechuga” 90 mil dólares de esa supuesta deuda de 150 mil. Esto quedó acreditado con varias pruebas que recolectó el fiscal: “Se encuentra agregado un audio de WhatsApp entre la víctima y otra persona, en la que Pérez Algaba le indica que Pilepich no le iba a pagar y que tenía miedo de que lo baleen. En otro audio, la víctima relata que teme por su vida”, aseguró en su pedido de arresto.

“A eso hay que sumarle que la relación entre ellos dos era de amor y odio y que, según surge de investigaciones, Pilepich, en una oportunidad anterior, habría intentado balear a Pérez Algaba”, cuenta el fiscal Domínguez.

Para los investigadores, sea como sea, algo sucedió en ese campo de General Rodríguez.

Luego, en el resto del documento, el fiscal detalla un complejo entramado de cruces telefónicos y de impacto de antenas entre varias personas que, según cree el fiscal, habrían participado del hecho. Allí se menciona a Matías Gil, sería un empresario de la zona, conocido de Pilepich, Luis Alberto Contretas, hermano de Nicol Chamorro y que vive a sólo 3 cuadras de donde fue encontrado el cuerpo, y Fernando Carrizo, un amigo de toda la vida de Pilepich.

Todos ellos habrían participado del crimen para el fiscal y por eso pidió sus detenciones. Contreras, Carrizo y Gil ya están esposadas en la DDI de Lomas de Zamora. Por su parte, el juez Sebastián Monelos denegó el arresto de Flavia Bombard, amiga y socia de Pilepich y Pérez Algaba, y de Horacio Córdoba, un subcomisario de la Policía de la Ciudad que habría ayudado a Pilepich con consejos en la parte tecnológica para cometer el crimen. Para el magistrado, con respecto a estos dos, aún no hay elemento suficientes.

Mientras tanto, Pilepich y Vargas están prófugos.

En sus pedidos de allanamientos y detenciones, Domínguez mencionó a Gustavo Iglesias, barra de Boca, y a su hijo Nazareno. Para el fiscal quedó comprobado que entre ellos y Pérez Algaba existía un vínculo comercial y amenazas que fueron públicas. Sin embargo, su detención no fue pedida: sólo se allanaron sus domicilios.

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