Piden hasta 14 años de prisión a policias de Rosario acusados por corrupción en cargas “fantasma” de combustible

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe solicitó penas de hasta 14 años de prisión para altos mandos policiales y civiles implicados en un esquema de fraude con fondos para combustible en la Unidad Regional II de Rosario. La acusación involucra a 19 integrantes de la fuerza policial y dos particulares, en una maniobra que habría desviado recursos públicos mediante facturación irregular y retornos ilegales.

La investigación, impulsada por el fiscal José Luis Caterina, apunta especialmente al ex jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, para quien se solicitó una condena de 12 años de prisión, y a su ex secretario privado, Rodrigo Domínguez, con un pedido de 14 años. Según la acusación, ambos encabezaron una asociación ilícita que operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025, utilizando su posición jerárquica para articular un sistema de sobrefacturación y facturación fantasma en la carga de combustible oficial. El fiscal también pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para todos los acusados, como pena accesoria por el delito de peculado.

De acuerdo con Rosario3, la causa está en la última etapa preparatoria y llegó a la audiencia preliminar. En este documento, la fiscalía describe cómo la estructura vertical de la organización criminal partía desde Acosta y Domínguez, quienes designaron a jefes de secciones y encargados de carga responsables de la facturación fraudulenta. Además, la participación de una civil, Mónica Bianconi con una solicitud de 8 años de prisión, titular de la estación de servicios Gas Auto Tiferno, facilitó la operatoria.

En el plano jerárquico, ocho ex altos mandos permanecen detenidos bajo prisión preventiva. Entre ellos, además de Acosta y Domínguez, figuran Diego Santamaría (ex jefe del Comando Radioeléctrico), Héctor Saucedo (ex jefe de la Brigada Motorizada), Juan Alberto Villordo (ex numerario de Motorizada), Diego Luna (ex integrante del Cuerpo de Guardia de Infantería), Roberto Blanco (ex integrante de la Sección Logística) y Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada). Las penas solicitadas para ellos oscilan entre 5 y 7 años de prisión, según el rol atribuido en la organización.

En la lista de imputados también se encuentran: Adrián Bahl (ex Escuadrón Caballería y Sección Perros), Fabián Becerra (ex Grupo Táctica Multipropósito), Roberto Blanco (ex Sección Logística), Nicolás Cuesta (ex jefe de Adicionales), Diego Luna (ex Cuerpo de Guardia de Infantería CGI), Edgardo Roldán (ex inspector de Zona VI), Roberto Sandoval (ex interventor de Medicina Legal), Héctor Saucedo (ex Motorizada), Diego Santamaría (ex Comando Radioeléctrico), Juan Alberto Villordo (ex numerario de Motorizada), Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada) y Fabián Fantín (Escuadrón Caballería y Sección Perros).

El proceso penal se acerca a su etapa de juicio, mientras ocho de los acusados permanecen detenidos y otros esperan la resolución de sus situaciones procesales. El caso impactó de lleno en la estructura de la policía de Rosario y expuso falencias en los sistemas de control interno de la fuerza.

Las pruebas claves

La evidencia reunida incluye informes de GPS que demostraron cargas de combustible en móviles policiales que permanecían inmóviles o fuera de servicio, registros fotográficos de efectivos retirando sobres con dinero en la estación Tiferno, el secuestro de 25 millones de pesos y neumáticos hallados en el domicilio de Domínguez, y más de 300 tarjetas Visa Flota junto con un posnet de la estación en la vivienda de otro de los acusados, Juan Villordo. Además, la declaración de un policía como imputado colaborador permitió reconstruir parte del mecanismo.

La acusación reconstruye que Daniel Acosta habría comenzado a diseñar el esquema antes de asumir el cargo, ubicando en puestos clave a personas de su confianza. Desde la jefatura, Acosta autorizaba cargas extraordinarias de combustible bajo el argumento de la emergencia en seguridad y la necesidad de incrementar patrullajes, pero la fiscalía sostiene que buena parte de esos fondos no se destinaban al uso previsto. Además, se habría implementado un sistema informal de “multas” y presiones para garantizar que cada sección entregara retornos de dinero.

Respecto de Rodrigo Domínguez, la fiscalía lo describe como el organizador operativo, encargado de disciplinar a los mandos medios y reclamar pagos ilegítimos. Según la acusación, ejercía un control sostenido sobre la recaudación ilegal y llegó a exigir entregas de dinero incluso mientras vacacionaba junto a Acosta en Brasil. El escrito sostiene que Domínguez acumuló un enriquecimiento considerable mediante esta maniobra, y que desplegó un esquema de coerción interna para mantener la lealtad de los involucrados.

La estación Gas Auto Tiferno aparece como pieza central en la operatoria. Las pruebas incluyen cargas diarias en móviles fuera de servicio, y la detección de vehículos que figuraban como abastecidos pese a estar incendiados o fuera de circulación. Según Rosario3, los acuerdos espurios con la firma Tiferno permitieron canalizar los retornos y concretar la defraudación al Estado provincial.