
Los investigadores del crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el comerciante hallado descuartizado en un arroyo de Ingeniero Budge, siguen el rastro de más de 200 amenazas de muerte y mensajes en su teléfono que la víctima había recibido, aunque todavía sin un sospechoso claro.
A partir del macabro hallazgo de su cuerpo desmembrado, en la investigación surgió rápidamente que Pérez Algaba tenía varios conflictos ligados a cuestiones económicas: debía cientos de miles de dólares y era acusado de numerosas estafas.
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En ese contexto, se manejan 36 móviles distintos del crimen. Así lo reveló el abogado que representa a la familia de la víctima, Sebastián Queijeiro.
A su vez, el letrado dijo que expertos tecnológicos de la Policía Bonaerense lograron hacer un “espejo” de uno de los teléfonos celulares que poseía Lechuga, pese a que el dispositivo nunca fue encontrado. Se trata de la línea telefónica argentina, ya que también tenía una línea con número telefónico europeo y otra americana.
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Los agentes pudieron hacer una copia de la información guardada en la nube del aparato, cuyo último impacto fue en una antena en General Rodríguez. Ahora, peritarán toda la información que contenga con el objetivo de establecer con quienes se contactó el comerciante el 18 de julio, cuando fue visto por última vez —cuatro días antes de que su cuerpo fuera encontrado descuartizado—.
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Fuentes del caso indicaron a la agencia Télam que durante este fin de semana también analizarán en profundidad el contenido de otros celulares secuestrados en la causa, entre ellos los pertenecientes a las dos últimas personas que vieron con vida al trader de criptomonedas: su ex socio Maximiliano Pilepich y su ex empleado Nahuel Vargas.
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Ambos hombres, al declarar como testigos en la causa, aseguraron que se encontraron con Pérez Algaba esa tarde del 18 de julio en el predio “El Renacer”, un loteo de terrenos ubicado en avenida de Las Américas, de General Rodríguez. Pilepich le entregó 60 mil dólares y se retiraron, mientras que Lechuga se quedó solo, a la espera de que alguien pasara a buscarlo.
Pilepich, además, dio otro dato de relevancia para la investigación: dijo que, en una reunión hace cuatro meses, la víctima se había llevado su arma de fuego Glock calibre 9mm. “La necesitaba para protegerse”, fue la excusa que supuestamente le dio el trader para llevarse la pistola.
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Por otra parte, para los próximos días se aguardan los resultados de los peritajes a más de diez muestras de manchas que aparentan ser de sangre y huellas papilares que fueron detectadas en ese mismo predio. Se busca determinar, en primer lugar, si son hemáticas y, en ese caso, si son humanas y pertenecen a la víctima.
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Por el momento, por el caso permanece bajo arresto Alma Nicol Chamorro, la mujer trans acusada de ser “partícipe secundaria” del crimen luego de ser señalada por sus familiares como la dueña de la valija donde se encontraron partes del cuerpo del comerciante.
Días atrás, el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, rechazó un pedido de la defensa oficial de la mujer para ser excarcelación por cuestiones de salud. Ahora, con un nuevo defensor particular, se aguarda que la detenida pida ampliar su indagatoria y declarar para intentar desvincularse del expediente.
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En las últimas horas, la imputada se defendió de las sospechas a través de una carta en la que expresó: “Me implican injustamente en un caso del cual me enteré por los medios y por mis abogados”.
De esta manera, Chamorro denunció que en un principio “pretendían que declare sobre al que no entendía”, así como también “sin la presencia” de sus abogados. “Ahora digo que soy inocente de lo que se me culpa”, aseguró.
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En relación con la valija que fue clave para su detención, la mujer aseguró: “Nunca fue mía y nunca tuve contacto con ella”. En ese sentido, alegó que decidió escribir la carta para dar a conocer su versión de lo que está sucediendo, algo que volvió a calificar de “injusto”.
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