Del arresto a la victoria legal: ICE libera salvadoreña, esposa de un sargento veterano de Afganistán

El sistema migratorio de Estados Unidos ha vuelto a estar bajo la lupa tras la reciente liberación de Deisy Rivera Ortega, una ciudadana salvadoreña y esposa del sargento de primera clase José Serrano, veterano con 27 años de servicio en el Ejército y tres despliegues en Afganistán.

Su caso, que captó la atención de medios internacionales, se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad que enfrentan las familias militares bajo políticas migratorias estrictas.

Todo comenzó el pasado 14 de abril, cuando Rivera Ortega asistió a una cita rutinaria en las oficinas de inmigración en El Paso, Texas. El propósito de la reunión era avanzar en su solicitud de Parole in Place (PIP), un programa discrecional diseñado específicamente para proteger de la deportación a familiares inmediatos de miembros de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, en lugar de recibir una actualización sobre su estatus, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La justificación de las autoridades se basaba en una orden de deportación pendiente desde 2019 y un cargo menor por entrada ilegal al país.

No obstante, su esposo y su defensa legal, encabezada por Matthew Kozik, argumentaron que Deisy contaba con protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, lo que impedía su retorno a El Salvador, y que trabajaba legalmente con un permiso gubernamental.

Sin embargo, la detención de una esposa de un militar en servicio activo, que además residía en instalaciones militares, generó una ola de indignación. La senadora demócrata y veterana de combate, Tammy Duckworth, intervino personalmente llamando al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para exigir su liberación.

“No tengo palabras para describir lo feliz que me siento”, expresó el sargento Serrano tras reencontrarse con su esposa. “Cuando me llamaron para decirme que sería liberada, empecé a temblar; se me llenaron los ojos de lágrimas”. A pesar de la victoria, el caso deja una herida abierta sobre cómo se trata a quienes el propio sistema debería proteger por su vínculo con los defensores de la nación.

Annie Ramos: El caso de la hondureña que expuso los vacíos legales en familias militares mixtas

La situación de Deisy no es un hecho aislado. Apenas semanas antes, el caso de Annie Ramos, una joven hondureña casada con un sargento estadounidense, resonó con una fuerza similar, exponiendo las grietas legales que permiten que cónyuges de militares sean blanco de detenciones imprevistas.

Al igual que Rivera Ortega, la hondureña fue detenida durante lo que debía ser un paso hacia su legalización. Ramos, quien ha construido una vida en Estados Unidos y no posee antecedentes penales, se encontró de repente separada de su esposo y enfrentando un proceso de deportación acelerado.

El caso de Annie fue particularmente mediático porque puso en evidencia que, incluso con el respaldo de un cónyuge ciudadano y militar, el estatus de “Parole in Place” no es una garantía automática de seguridad si existen órdenes previas de remoción.

Ambos casos, el de la salvadoreña y el de la hondureña, reflejan una tendencia creciente bajo la administración actual. La presión por ejecutar campañas masivas de deportación está alcanzando incluso a aquellos sectores que históricamente gozaban de cierta consideración debido a su servicio al país.

La lucha de Deisy y Annie no solo es por su permanencia en EE.UU., sino por un cambio en la política migratoria que reconozca que proteger a la familia de un soldado es, en última instancia, una forma de respetar el servicio militar. Mientras no existan protecciones legales robustas y permanentes, la sombra de la deportación seguirá acechando los hogares de quienes han jurado defender la bandera de los Estados Unidos.