En mayo de 2023, una empresaria china, identificada como Haili Zhuang, había sido detenida por presunta reducción a la servidumbre de sus empleados en su empresa, una recicladora de plástico. Tras casi un año, en septiembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata N°1 luego del juicio oral, dictó que sea absuelta.
Durante el mismo, se logró determinar que en la empresa, Geoland S. A., no ocurría una trata de personas por explotación laboral. A su vez, se constató que en el lugar tampoco se violaban las leyes contra.
A su vez, según pudo saber Infobae, desde la defensa de Zhuang van a solicitar que se investigue el accionar del fiscal que actuó en el caso.
Según dijo la defensa a este medio, no le dieron prisión domiciliaria durante los primeros tres meses y estuvo en una comisaria de Lanús, a pesar de que no tenía antecedentes. Luego, sí estuvo presa desde su domicilio, hasta que fue puesta en libertad tras el juicio.
Cómo fue el caso
Una empresaria china y su pareja habían sido detenidos durante un operativo en conjunto entre la Policía Ecológica y las direcciones de Control Comunal, Ambiental, Asistencia Crítica y Atención a la Víctima del Municipio de Lanús, indicaron fuentes del caso a Infobe.
Durante la requisa, los inspectores descubrieron una escalera hacia un piso inferior y al bajar se encontraron con cuatro personas más en un espacio cerrado con rejas. Pese a que aseguraron haber sido ellos mismos los que decidieron esconderse, al momento de solicitarles que abrieran, tuvieron que pedirle la llave a uno de los encargados.
La empresa en cuestión, ubicada en Héroes de Malvinas 2071, fue dirigida por Zhuang. Figura como presidenta de la firma según el Boletín Oficial. Su pareja es su principal socia en los papeles.
La empresa, por otra parte, tiene cientos de miles de pesos de deuda por cheques sin fondo. Según el Boletín Oficial, Zhuang preside Geoland desde 2006.
Zhuang y su pareja fueron detenidos y acusados por el delito de trata de personas con fines de explotación con fines de explotación laboral, con un expediente en su contra a cargo de la UFI N°6 del fiscal Martín Rodríguez.
El procedimiento es el resultado de una investigación que se inició por una denuncia por actividades de contaminación.
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En el operativo, la Policía determinó que al menos 12 personas se encontraban viviendo en el lugar, entre ellos un menor de edad.
De acuerdo a la causa, los empleados hallados allí manifestaron que viven en el lugar, en un sector donde la propietaria les permite dormir, que contaban con un sector de baño y cocina-comedor.
Cuando los efectivos se dirigieron a ese sector, observaron que “se trata de un sector de baño en planta baja no diferenciando si es para hombre o mujer, con cinco inodoros (dos de ellos inutilizados), sector de ducha, y zona de pileta lavamanos, todo ello en condiciones deplorables con emanaciones de olores similares a orina”, de acuerdo al reporte posterior.
“En la planta superior se encuentra el sector de cocina-comedor donde no se observa las condiciones adecuadas, y en la misma planta se encuentran dos habitaciones de unos cinco metros por cinco metros en donde se observan seis camas y en las otras siete camas notándose situación de hacinamiento”, describieron en el acta del allanamiento.
Las fuentes habían detallado que se encontraron con una recepción para clientes, había varios altares, y en uno de ellos reposaban las fotos y cenizas de un perro.
Aunque al ser entrevistados los empleados declararon estar por su propia voluntad, no contaban con ningún tipo de cobertura médica, obra social, ni aportes.
Los sueldos iban entre los 60 y 110 mil pesos (el más elevado, correspondiente al “encargado” del lugar) y la jornada laboral era de 9 horas diarias, según dijeron los trabajadores.
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En ese entonces, la Policía Ecológica, labró un acta de inspección por la infracción a la Ley 11.720 (residuos especiales) y por la falta de trámites habilitatorios.
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