
Los jefes del oficialismo y la oposición dialoguista en el Senado mantuvieron esta tarde un encuentro en las oficinas de la UCR para pre acordar el temario que propondrán mañana, en Labor Parlamentaria -14-, con el fin de sesionar el jueves, desde las 11: según confiaron desde La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich, se avanzó en un consenso -aunque restan saldar dudas- para aprobar la ley de salud mental y el proyecto que empuja la Unión Cívica Radical (UCR) sobre beneficios fiscales para inversiones desde los USD 12 millones.
Todo esto tendrá que ser confirmado este miércoles, en la reunión que mantendrán los jefes de bloque y la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. La ley que ya quedó afuera es la sanción del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998. Diputados recién votó en agosto y lo modificó, con guiño a laboratorios locales. Por ese motivo es que el trámite se encuentra en segunda revisión y listo para ser finalizado.
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Días atrás, el dictamen de mayoría sobre salud mental -la orden del día se consiguió gracias a un despacho de minoría presentado por los ahora ex kirchneristas Carolina Moisés y Guillermo Andrada, entre otros- tuvo disidencias de aliados debido al artículo que refiere a la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata. Durante la cumbre de esta tarde, el oficialismo se comprometió a realizar una modificación extra para que quede, de manera más taxativa, el compromiso de fondos. Así, se amortiguaría la queja y se facilitaría una luz verde, aunque el escenario aún se mantiene abierto.
En concreto, el proyecto dará prioridad a médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. En tanto, las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción.
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Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -se incluirá la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.
La puja entre profesionales de la salud mental generó una disputa entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Varios integrantes de dicha entidad insistieron, hasta último momento, con igualar en prioridad a psicólogos y psiquiatras.
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Bajo dicho panorama, para las internaciones se reemplazará la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia dicha especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien sí tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta.
Un dato que publicó semanas atrás este medio y validó el oficialismo es que, en la actualidad, existen poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 “infantojuveniles”, versus 100.000 psicólogos matriculados. Por eso se permitirá la ventana de teleconsulta, donde hay menor presencia de personal dedicado a la temática.

En cuanto a familiares, se limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
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Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.
En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.
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RIIR
El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a proyectos desde los USD 12 millones para grandes empresas, fue empujado por el titular de la Unión Cívica Radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). El mismo consideraría como planes productivos a los destinados “a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”.

Además de la reunión de Labor Parlamentaria, la jornada de mañana en el terreno senatorial tendrá varias comisiones. Se destaca el plenario de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General para dictaminar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que volvió, en segunda revisión, desde Diputados.
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En la Cámara baja se reincorporó el capítulo de tierras bajo los parámetros de la norma de 2011 del kirchnerismo -logró dos tercios allí-, con los límites de 15% de venta de tierra a extranjeros -30% tope por nacionalidad- y las 1.000 hectáreas como máximo en zona núcleo. La idea es respetar lo que llegó y terminar con el trámite y la sanción de la ley antes que finalice el período de sesiones ordinarias.
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