La activista nicaragüense Berta Valle denunció la desaparición forzada de personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua y exigió pruebas de vida para quienes permanecen bajo custodia estatal sin que sus familias conozcan su paradero.
Valle, presidenta de la Fundación para la Libertad de Nicaragua y codirectora del Equipo de Apoyo a Presos Políticos del World Liberty Congress (WLC), formuló la denuncia durante un panel realizado el 21 de octubre en la Freedom Tower de Miami, Estados Unidos.
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El encuentro fue organizado por el National Endowment for Democracy (NED), durante la entrega del premio Champion of Democracy al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart.
Según informó el medio La Mesa Redonda, la dirigente alertó sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos y sobre los casos de personas que, tras ser detenidas, permanecen incomunicadas y fuera del alcance de sus familiares, abogados o médicos.
Valle sostuvo que en Nicaragua se produjeron redadas el 14 y el 15 de julio en distintas ciudades. De acuerdo con la denuncia, organizaciones civiles intentaron identificar a los detenidos, aunque el temor de los familiares y la falta de información oficial dificultaron esa tarea.
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La activista citó datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, según los cuales al 24 de septiembre había al menos 68 personas encarceladas por motivos políticos. El registro incluía a 53 hombres y 15 mujeres, de los cuales 31 estaban desaparecidos.
Valle afirmó que la cifra puede ser mayor porque numerosas familias evitan denunciar las detenciones de forma pública ante posibles represalias. También aseguró que una parte de los apresados no fue presentada ante un tribunal.
“En Nicaragua no hay presos con proceso, hay rehenes. La dictadura los captura de noche, los oculta durante meses y niega a sus familias hasta el derecho de saber si están vivos”, afirmó durante su intervención, según la información recogida por La Mesa Redonda.
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La dirigente responsabilizó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la falta de información sobre los detenidos. La denuncia se refiere a personas que habrían sido privadas de libertad sin que las autoridades informaran su ubicación, su estado de salud o los cargos en su contra.
Valle denunció aislamiento, falta de atención médica y restricciones a las visitas
La representante de la Fundación para la Libertad de Nicaragua describió un cuadro de aislamiento prolongado, encarcelamiento en celdas de máxima seguridad, incomunicación, restricciones a las visitas familiares e interrogatorios bajo amenazas.
También señaló que algunos detenidos sufren privación de alimentos y luz, además de la negación de atención médica a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. “Una celda sin luz, sin médico y sin visitas es un instrumento de tortura”, sostuvo.
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Valle citó al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, al que atribuyó la documentación de 161 casos de desaparición forzada desde 2018, al menos ocho de ellos bajo custodia estatal. Según la activista, ese grupo concluyó que esas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad.
La dirigente reclamó al régimen nicaragüense que presente pruebas de vida de todas las personas desaparecidas bajo custodia estatal. Además, pidió que se permita el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja y de médicos independientes a los centros de detención.
El reclamo incluyó la liberación de todos los presos políticos
Durante el encuentro en Miami, Valle solicitó la liberación plena e incondicional de los presos políticos y pidió al Congreso de Estados Unidos y a la comunidad internacional que vinculen cualquier acercamiento con el régimen de Ortega y Murillo a la aparición con vida de las personas cuyo paradero sigue sin conocerse.
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El panel, denominado “Voces de libertad de las Américas”, reunió a representantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia. Valle destacó el respaldo de Díaz-Balart a los presos de conciencia de esos países y presentó materiales del World Liberty Congress destinados a la asistencia y defensa de personas perseguidas por razones políticas.
Después de la ceremonia, la activista mantuvo reuniones con expresos políticos cubanos, de acuerdo con la información publicada por La Mesa Redonda.
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