Denunciaron a la Iglesia por defraudación: la acusan de una maniobra para quedarse con un negocio en dólares del Luna Park

Mucha gente no lo sabe aunque sea de conocimiento público. El Luna Park es propiedad de la Iglesia.

Lo es desde 2013, cuando Ernestina Devecchi de Lectoure, tía de Tito, se lo legó tras morir a sus 95 años, una larga enfermedad. Lo marcó en su testamento: el Luna Park iría por partes iguales a Cáritas, perteneciente al Arzobispado, y a la Institución Salesiana. Así, el culto oficial de la República Argentina sumó una pieza icónica a su vasto patrimonio inmobiliario.

Hoy, ese patrimonio está bajo fuego en una guerra interna entre sectores leales al papa Jorge Mario Bergoglio, más progresistas en apariencia y sectores que obedecen a sucesor, el cardenal y arzobispo Mario Poli, decididamente más conservadores. Hay un proceso de auditoría ordenado por el Papa Francisco desde Roma por un supuesto manejo discrecional en la venta y alquiler de propiedades del Arzobispado como un importante predio en Puerto Madero, entregado a un empresario cercano al kirchnerismo por cuarenta años de concesión.

Ahora, la Iglesia suma otro problema con el Luna Park mismo.

La semana pasada, JLYS SRL, una empresa dedicada al rubro del espectáculo con largos vínculos con el Luna Park, ratificó su denuncia penal en la Fiscalía N°21 a cargo de Carlos Vasser a Stadium Luna Park, la sociedad que controla al estadio integrada. El delito: defraudación, desbaratamiento de derechos acordados, incumplimiento de obligación, el inciso 11 del artículo 173.

JLYS alega un contrato multimillonario con la Iglesia celebrado en agosto de 2020, plena pandemia, para controlar la venta de fechas a productoras en el estadio para realizar espectáculos durante 2021 y 222, por el que pagó poco más de 250 mil dólares de un plan de pago de un millón de dólares por cada año, billete en efectivo por ventanilla con ticket entregado. Así, se convertiría en dueña de la agenda, el principal negocio del estadio. No solo podría vender fechas para recitales. También podría vender días para eventos corporativos o, lo más jugoso de todo, la vuelta del boxeo a su máxima catedral.

La pandemia, lógicamente, atravesó el plan y lo congeló. El Luna Park se convirtió en un vacunatorio contra el COVID tras un acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno porteño. Luego, todo comenzó a volver a cierta normalidad. Sin embargo, JLYS asegura que la Iglesia desconoció el contrato con un virtual fantasmeo y que insistió tras múltiples reuniones para reencauzar la situación. No solo reclama por el dinero entregado. También pide por el supuesto lucro cesante, por fechas vendidas como “promotor y comercializador del alquiler de la sala durante los Calendarios 2021 y 2022″ según la denuncia a la que accedió Infobae, entre ellas una conocida promotora de boxeo que compró 24 fechas para 2021 y 2022. En paralelo, se estaría preparando una demanda civil.

En su presentación ante la Justicia penal, JLYS pidió ser tomado como querellante. Adrián Tellas, abogado patrocinante de la demanda, afirma: “Si se paga por el uso del estadio y se implementa el vacunatorio, al menos se debería devolver el dinero. Eso no ocurrió. Cuando terminó el uso del espacio como vacunatorio, el Luna Park comenzó con los espectáculos y tampoco transfirió el alquiler, bajo el pretexto de que no se había pagado el millón de dólares por ese año. El primero en incumplir fue el Luna Park”.

La Iglesia, dice JLYS, sabía bien la situación cuando se cedió el Luna como vacunatorio al Gobierno porteño. La firma asegura que Hernán Barrionuevo, gerente del lugar e histórico interlocutor de JLYS, se lo advirtió a Monseñor Joaquín Sucunza, hombre de la Iglesia en el lugar, con la que la empresa ya había tratado en el pasado. JLYS, dijo Sucunza -supuestamente- tenía que esperar.

En toda la historia reciente de la Iglesia, Sucunza no es un nombre para nada menor.

“El vicario general de la Arquidiócesis, el segundo al mando, administrador del Arzobispado y que también lo fue durante varios años de toda la Conferencia Episcopal Argentina fue monseñor Joaquín Sucunza, que acompañó a Bergoglio y ordenó las cuentas durante 20 años”, asegura una fuente particularmente cercana a Francisco.

A mediados de junio de 2021, Sucunza deja su rol económico. Dos hombres ligados a Poli tomaron la delantera. Su salida que le permitió al ultraconservador Poli ganar aún más poder en su rol. La demanda menciona a Enrique Eguía Segui, obispo, vicario general de Buenos Aires, presidente del Consejo de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.

Con el tiempo, con la música y las luces encendidas, se retomó la cuestión. En octubre de 2021, “Stadium Luna Park se negó a practicar la liquidación de la recaudación conseguida por los espectáculos”. Comenzaron cartas documento. La demanda habla de “un doble juego” donde “hicieron creer a JLYS que podría recomponerse el contrato desbaratado”. Para noviembre de 2021, la firma decidió ir a la Justicia. Se convocó a una mediación prejudicial, sin resultados. “Stadium Luna Park notifica por acta a JLYS que resuelve el contracto” el 16 de ese mes, pero, dice la demanda, por culpa de la empresa. La cuestión del vacunatorio es omnipresente en el texto. JLYS busca saber si efectivamente la Iglesia se lo cedió al GCBA a título gratuito, o si efectivamente cobró, un dinero que, cree, le correspondería.

Hasta la semana pasada, no se había designado ningún abogado defensor en el expediente de la Fiscalía N°21. Este medio contactó a diversas fuentes eclesiásticas para ofrecer una réplica previa a publicar este artículo, sin recibir respuesta sobre el tema. También se contactó con la secretaría de asuntos jurídicos del Arzobispado. Un hombre atendió el teléfono, dijo que “el abogado está de vacaciones” y tomó el mensaje. No hubo respuesta en el teléfono.

Mientras tanto, el fiscal Vasser se apresta a reunir la prueba para resolver la cuestión. JLYS entregó copia de los documentos en diferentes anexos como contratos, tickets de pago.

No es la primera vez que la Iglesia como corporación tiene que enfrentar críticas por un manejo discrecional del multimillonario patrimonio eclesiástico. En noviembre de 2020, Infobae reveló cómo el cardenal primado Poli se presentó en el Tribunal N°3 como “fiador personal” del cura Fernando Pascual, acusado de violar monjas y preso en el penal de Ezeiza, para que cumpla la prisión domiciliaria en un domicilio del Arzobispado. Tampoco se ofreció una respuesta institucional sobre esta cuestión.

Tras la salida de este artículo, Stadium Luna Park -integrada por Cáritas y la Institución Salesiana difundió un breve comunicado en donde aseguraba que la denuncia era una cuestión “netamente comercial” que será respondida “en sede judicial”.

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