En abril de 2015, el taxista Tito Franklin Escobar Ayllón fue acusado de cometer uno de los hechos más aterradores en la historia reciente de la violencia sexual argentina. A bordo de su auto, violó a Manuela Ponz, de 20 años en ese entonces, que salía de un bar de la zona de Colegiales. La atacó luego de que se quedara dormida en el asiento trasero. El mensaje que envió el ataque fue resonante y macabro: ninguna mujer podría sentirse segura.
Así, la Justicia buscó a Escobar Ayllón, que huyó de su vida rápidamente. Dejó de percibir los beneficios sociales que cobraba en ese entonces, abandonó su domicilio en Sarandí, terminó su relación laboral con un empresario de taxis de la comunidad boliviana al que le manejaba. Su propia mujer lo señaló. Escobar se convirtió en el principal sospechoso luego de que su pareja se presentó en una comisaría de Sarandí y aseguró que el taxista le reconoció la violación. El taxi fue encontrado en Balvanera poco después, una zona donde Escobar tenía un domicilio.
También le pusieron un precio a su cabeza. El Ministerio de Justicia lo hizo oficial el 29 de abril de 2015 en su resolución número 840 para ese año:
“Considerando que ante el Juzgado N°2 de la Capital Federal tramita la causa número 22.567/2015, seguida contra Tito Franklin Escobar Ayllón por abuso sexual agravado, perpetrado en las primeras horas del día sábado 18 de abril de 2015 en el interior de un vehículo taxi, marca Chevrolet modelo Spin. Que el doctor Manuel J. Gorostiaga, juez a cargo del precitado juzgado, solicitó se ofrezca una recompensa para quienes sin haber intervenido en el hecho delictual brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión”. Una semana antes, Gorostiaga había requerido la captura nacional e internacional de Ayllón. Así, determinaron la recompensa a quien lo entregara: 200 mil pesos por cualquier dato. Tiempo después, subieron el número a 500 mil.
La cara de Ayllón, con su última foto disponible, una instantánea de Migraciones tomada meses antes en el Aeropuerto de Ezeiza, comenzó a circular en medios y redes sociales. Interpol publicó en su sitio web la circular roja en su contra con sus datos personales.
Hoy, en mayo de 2022, siete años después, Escobar Ayllón sigue suelto: la recompensa sigue en oferta y su cara continúa en el sitio de Interpol. Manuela, su víctima, que presentó en la Feria del Libro su nuevo libro, La Última Víctima, para relatar su experiencia y sanar sus heridas, dice: “Nada. Nunca estuvieron ni cerca de decirme dónde está. Pasaron cuatro años desde que supe por última vez del Juzgado N°2. Siempre que pedí medidas las ordenaron. El problema es que los recursos son escasos”.
Las críticas de Manuela al sistema son históricas. La realidad del delito también deja en evidencia otro factor: los prófugos de alto perfil como Escobar Ayllón pueden permanecer libres mientras no se dejen ver. Usualmente caen por una llamada telefónica a su entorno, mostrar la cara en la calle o en redes sociales, un alta en algún tipo de sistema, previsional, laboral o de salud. La impaciencia los traiciona, o su complacencia para vivir algo que se parezca a una vida normal. El taxista logró lo que pocos fugados de alto perfil pudieron: permanecer totalmente bajo el radar por más de media década.
Las fuentes de los organismos de seguridad que conocieron por dentro la búsqueda de Escobar Ayllón todavía rememoran los callejones sin salida. “Puede estar en Bolivia, su país de origen, como en cualquier otro lugar del mundo”, asegura una alta fuente dentro de una fuerza de seguridad. Los datos que llevaron a seguirle el rastro en Bolivia, donde Manuela mismo planeó seguirlo “no llevaron a nada, eran callejones sin salida, se buscó allá y el resultado fue negativo”. Sus registros de movimiento tampoco arrojan nada. Su ficha en Migraciones no muestra ningún regreso. Hoy, Interpol, a nivel local, se atiene a cumplir las órdenes desde Tribunales.
Lo cierto es que el taxista todavía tiene familia en Argentina, así como en Bolivia.
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