Denuncian amenazas de cárcel contra colaboradores de un medio comunitario en Santa Clara

Nueve personas vinculadas o interesadas en colaborar con Páginas Villareñas habrían recibido amenazas de cárcel, procesos judiciales o pérdida del empleo entre abril y octubre de 2026, según una denuncia presentada por Alberto Hernández González, director del boletín comunitario de Santa Clara.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), recogió los testimonios y señaló que las presiones habrían llevado a esas personas a abandonar la colaboración o a desistir de iniciarla.

El OCLE verificó mediante registros internos que cinco de los involucrados habían publicado textos en el boletín entre febrero y junio de este año. La entidad aclaró que no pudo corroborar de manera independiente las amenazas, ya que los hechos habrían ocurrido sin testigos externos y fueron comunicados por los afectados al director del medio.

Hernández sostuvo que este tipo de situaciones explicaría por qué el boletín no ha podido ampliar su red de colaboradores. El director indicó, además, que reúne información sobre otros dos casos de personas que habrían desistido de vincularse con el proyecto.

Los testimonios describen visitas en casas y lugares de trabajo

La periodista ciudadana Raiza Ruiz Goire afirmó que un hombre vestido de civil la abordó el 11 de abril cerca de su vivienda, en el reparto Bengochea. Según su relato, el individuo se trasladaba en una moto roja y mostró un carné para identificarse.

Ruiz Goire señaló que el hombre le dijo que no le permitiría colaborar con “los tipejos del boletín”. También habría advertido que sería “muy fácil meterla presa” y despedir a su esposo.

La colaboradora había publicado en febrero una denuncia sobre la falta de recolección de basura en Bengochea. Según el texto del observatorio, su experiencia motivó a Hernández a consultar por qué otras personas que se comunicaban con el boletín habían dejado de hacerlo.

El camillero Bernardo García Morales declaró que un oficial que se presentó como Ariel lo visitó en abril en el policlínico Nazareno, donde trabaja. El funcionario le habría dicho que podía perder el empleo y afrontar un proceso legal si mantenía su vínculo con el boletín.

García Morales había escrito sobre el cierre de una consulta para fumadores en un policlínico de Santa Clara. Su caso forma parte de los testimonios recopilados por el OCLE.

El profesor de natación Raúl Vega Torres relató que recibió una visita el 18 de mayo en la Escuela de Iniciación Deportiva provincial. El visitante se habría identificado como “teniente Ariel” y conducía una moto Suzuki negra.

Según Vega Torres, el hombre le advirtió sobre un posible despido y aludió a sus dos hijos pequeños. El agente habría dicho que “podían crecer con su padre en una prisión”.

El profesor había firmado artículos sobre deporte y educación en las ediciones 136, 137 y 142 de Páginas Villareñas. De acuerdo con su testimonio, el oficial le planteó que debía elegir entre seguir escribiendo para “un boletín de la contrarrevolución” o terminar preso.

Las denuncias incluyen advertencias dirigidas a familiares

Víctor Sánchez Jiménez afirmó que un hombre identificado como “teniente Ariel” acudió a su casa, en el barrio Los Paragüitas, durante la tarde del 19 de agosto. El visitante le habría dicho que podía ser detenido y procesado por “usurpación de funciones públicas”.

Según Sánchez Jiménez, el agente se dirigió a su esposa y le recomendó que lo aconsejara si no quería verlo “preso por un buen tiempo”. El colaborador había publicado una nota sobre la suspensión del ómnibus de la presa Minerva.

Saúl Peñate Pérez y Gisela Puentes Goire, un matrimonio que verificaba información para el boletín, también denunció una visita. El episodio habría ocurrido el 4 de septiembre.

La pareja afirmó que recibió a un oficial de la Seguridad del Estado y a un jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria, a quien identificaron como el teniente Manuel García. Los funcionarios les habrían indicado que podían ser procesados por sus actividades.

Según el relato recogido por el OCLE, los visitantes también mencionaron que la aspiración universitaria del hijo de la pareja “podía complicarse”. El observatorio incluyó este episodio entre los casos de presiones contra personas vinculadas al medio.

La organización mantuvo en reserva las identidades de otros dos ciudadanos que habrían desistido de colaborar. Uno de ellos afirmó que fue visitado el 8 de septiembre en la empresa estatal donde trabaja.

Esa persona indicó que recibió advertencias de cárcel si publicaba información sobre el centro laboral. También señaló que su jefe directo le pidió alejarse del ICLEP.

El segundo ciudadano fue abordado dos días después en su trabajo por un agente vestido de civil que se presentó como “teniente Félix”, de acuerdo con el testimonio. El visitante habría dicho que su relación con el director del boletín podía costarle el empleo a él y a su esposa.

La advertencia, según el OCLE, fue formulada de la siguiente manera: “Tú escoge y decide si quieres seguir trabajando aquí o terminar preso”. Tras ese encuentro, el ciudadano habría abandonado su intención de colaborar.

Un mismo nombre fue mencionado en varios testimonios

El profesor de inglés Ariel Suárez Bermúdez denunció que un hombre que dijo ser “teniente Ariel” lo visitó el 2 de octubre en su vivienda del reparto Escambray. Según su versión, el agente le advirtió que podía ser procesado por “usurpación de funciones públicas”.

Suárez Bermúdez también afirmó que el visitante amenazó con que perdería su trabajo si continuaba escribiendo para el boletín. El profesor había publicado textos sobre asuntos religiosos, sanitarios, ambientales y educativos en Santa Clara.

Entre esos artículos figuraban notas sobre la falta de insumos para sueros en el Hospital Oncológico, la contaminación del río Bélico y las consecuencias de los apagones en la educación universitaria semipresencial.

El docente sostuvo que el hombre hizo referencia a la salud de su madre y le exigió que dejara “el jueguito a ser periodista” si quería verla bien. El OCLE incorporó este caso a su registro de denuncias.

En al menos cuatro de los episodios, las personas afectadas mencionaron a un agente que se presentó como “teniente Ariel”. El observatorio indicó que esa misma identificación había sido utilizada por uno de los interrogadores de dos distribuidores del boletín detenidos el 1 de marzo en Santa Clara.

Según el OCLE, aquellos distribuidores también habrían recibido amenazas relacionadas con una posible acusación de usurpación de funciones públicas. La organización no estableció una identidad verificable para el agente mencionado en los testimonios.

El observatorio consideró que hubo afectaciones a la libertad de prensa

El OCLE interpretó que las visitas, advertencias de procesos penales y alusiones a familiares podrían constituir una afectación a la libertad de prensa. La organización sostuvo que esas acciones habrían buscado limitar la relación del boletín con sus colaboradores y con personas que entregan denuncias.

El observatorio señaló que los hechos se sumarían a presiones anteriores contra Páginas Villareñas, incluido el hostigamiento denunciado contra su entonces director, Yasser Toledo Ventura.

La entidad citó los artículos 54 y 55 de la Constitución cubana, que se refieren a las libertades de pensamiento, expresión y prensa. También mencionó disposiciones internacionales sobre la vida privada y familiar, junto con el derecho a investigar, recibir y difundir información.