
Hoy por la mañana, Leonardo Cositorto aguardaba su turno para responder en el Tribunal Penal de Goya de Corrientes por otra serie de acusaciones de estafa, engaños por miles de dólares presuntamente cometidos por su conglomerado de empresas, Generación Zoe. Desde Buenos Aires, el abogado Miguel Ángel Pierri, encargado de comandar su estrategia de defensa, adelantaba a Infobae que Cositorto no respondería preguntas.
Aseguraba, también, que su planteo se orientaba a retirar al coach ontológico de la hoguera del fuero penal. “Es básicamente un incumplimiento de contrato”, afirmó Pierri. La consecuencia, si gana en su idea, es obvia: no cumplir con un contrato es un conflicto que le corresponde a la Justicia civil, con penas mucho menos graves que las que corresponden un expediente por estafa, o una posible imputación por lavado de dinero, algo que investiga el Juzgado Federal N°4 de Ariel Lijo. Y en la Justicia civil porteña, para Cositorto, las cosas se mueven.
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Al menos 34 víctimas, muchas de ellas patrocinadas por el abogado Juan Pablo Chiesa, se presentaron en ese fuero en los últimos diez días para demandar al conglomerado y al líder por cobros de sumas de dinero y, como dice Pierri, incumplimiento de contrato. Los expedientes recayeron en más de una decena de juzgados. Su futuro es incierto. En uno, al menos, hay una decisión. El Juzgado Civil N°40 se declaró incompetente en una de las demandas, asegurando que se trataba de una cuestión para el fuero comercial, donde en la última semana Cositorto ya fue acusado dos veces esta semana por cobro ejecutivo.

Las historias de los demandantes son generalmente las mismas. Aseveran que pusieron dinero en el esquema, que cobraron un poco, recuperaron su inversión, se entusiasmaron y pusieron más. Luego, en febrero último, fueron a reclamar a las oficinas de la empresa y el humo ya era parte de la capa de ozono.
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Los montos que ingresaron varían, de siete mil a treinta mil dólares. Muchos de ellos pidieron en sus denuncias el embargo preventivo de Cositorto y su número dos, “Max” Batista. Todos aseguran haber invertido en dólares, pesos jamás. Y las pruebas que presentaron son color Ponzi puro, la estética del gran chamuyo que fue Generación Zoe. Entregaron copia fiel de recibos de talonario que les entregaban al aportar no son mucho más que papel picado. También, presentaron los contratos que firmaron donde se ve la rúbrica de Cositorto como presidente de Zoe y ALC, la firma investigada por regentear el engaño en Villa María, un dato curioso, ya que el líder niega toda relación con la trama en la provincia.
Entre todas esas presentaciones hay una historia que sobresale. Se trata de una demanda conjunta, realizada por un hombre y su madre en el Juzgado N°20, con el patrocinio de Chiesa. El monto pretendido en el embargo es curioso: más de 510 mil dólares. La inmensa mayoría de este cálculo corresponde no a la plata que pusieron, sino a “ganancias prometidas”, según el texto.
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Los supuestos paquetes premium de Generación Zoe son el problema. Una de las dos víctimas optó en noviembre de 2021 por un contrato llamado “Bot Multimillonario” donde “la membresía a invertir era de 25 mil dólares cada uno”, en un pozo VIP de cuatro inversores. Le habían prometido ganar 250 dólares por día. El hombre, un joven dedicado a las animaciones de fiestas infantiles, firmó otro contrato con Cositorto por casi 12 mil dólares. Se convertiría así en un “Embajador Nación Zoe”.
Lo que el coach ontológico le prometió al animador era literalmente el cielo.
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La compra del “pin heredable de por vida” le permitiría al animador “acceso a todos los predios de Nación Zoe” que incluían un mes al año en una casa con “servicios de piscina, spa, comidas, entre otros con todo incluído”, básicamente un resort vacacional de Cositorto, así como acceso a “comunidades de consciencia, con educación especial a los hijos tanto online como presencial GRATIS”, una escuelita familiar de coaching ontológico. El animador infantil, incluso, nombró un heredero de su contrato en caso de su fallecimiento, algo que está estipulado en el contrato
El término siguiente se pone mejor. La cláusula quinta estipula que “este pin incluye 3 viajes anuales de por vida (1 por cuatrimestre) en el avión privado de Zoe sin costo, ida y vuelta a país de residencia”.
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Luego, en la cláusula siguiente, Cositorto estableció a qué tendría derecho el animador, una literal torre de promesas.
El fragmento es parte del contrato mismo que la víctima presentó en la Justicia: incluye dinero de negocios de Dubai que se producirían en un futuro hipotético, así como flotas de autos en Estados Unidos, taxis aéreos, venta de jugadores de fútbol, o el increíble “Zoe Bank” con tarjetas de crédito globales.
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Nada de eso existía. La víctima firmó y puso su dinero igual.

La mención de un negocio en Dubai es muy llamativa. En Dubai supuestamente se encuentra Héctor Luis Yrimia, prófugo de la trama, del que se había anunciado que se había entregado a las autoridades de Interpol, algo que luego fue desmentido a la fiscal Juliana Companys en Córdoba por el Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino. Yrimia está acusado de ser un jefe legal en Zoe. El ex juez y fiscal federal lo niega, dice en entrevistas que fue apenas un asesor externo. Sin embargo, su presencia era constante en las oficinas de Zoe en Belgrano según testigos.
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En su permiso de residencia, Yrimia cuenta con el supuesto aval de una empresa llamada Maha. El nombre se vincula directamente a un negocio de un hombre que es su socio, el autodenominado consultor en seguridad Eduardo Llaser, otro habitué de las oficinas de Zoe. En un video compartido por un usuario en Twitter, Llaser camina en un hangar de aviones privados mientras habla en un cómico spanglish. Le asegura a “Leo” que comprará una aeronave.
Llaser presentó un pedido de eximición en la causa del juez Lijo, a pesar de no estar imputado.
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