Diego Santilli, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires y ex vicejefe de Gobierno porteño, presentó este miércoles en la mesa de entradas del Congreso de la Nación un proyecto de Ley que propone una mecánica para interrumpir el flujo de dinero que financia a las bandas narco y que permite su supervivencia, distribuyéndolo en familiares, testaferros, empresas fantasma o lavado en autos y propiedades.
El tema no es nuevo para la Justicia penal. La PROCELAC -el ala de la Procuración que investiga lavado de activos- y la PROCUNAR, que investiga delitos de narcotráfico, con el fiscal Diego Iglesias, tiene amplia experiencia en la incautación de activos de imputados en causas por drogas, una marca del delito complejo, en trabajos conjuntos con la AABE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Bienes de clanes narco como la familia Loza -cuyo capo, Erwin Loza, fue dueño de la Ferrari Spider que perteneció a Diego Maradona Maradona- fueron entregados al Estado, la casa del fallecido abogado Carlos Salvatore, el principal imputado del caso Carbón Blanco, fue puesta en subasta.
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El estacionamiento Pilar Bicentenario, un proyecto fallido entre el abogado Mateo Corvo Dolcet y el poderoso jefe narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, una estructura junto a la Panamericana en la zona de Pilar que quedó vacante por años, fue entregada al Municipio de la zona para crear un centro de testeo y diagnóstico de COVID-19. El decomiso a Piedrahita, que declaró como imputado colaborador en una causa que involucra a la viuda e hijo de Pablo Escobar,superó los 3 millones de dólares.
Santilli propone algo más radical: facultar al Poder Ejecutivo para congelar y cuentas bienes en paralelo a causas judiciales.
Así, el proyecto apunta a crear un “programa de sanciones financieras selectivas” que impliquen un “conjunto de medidas administrativas dictadas por la autoridad competente establecida en esta Ley tendiente a neutralizar la capacidad económico-financiera ilícita de personas humanas, jurídicas o entidades designadas por su vínculo significativo con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes contempladas en la Ley 23.737″, dice la letra del proyecto, con congelamientos administrativos y prohibiciones de asistencia, entre otras restricciones.
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El proyecto no solo se trata de grandes bandas, sino de jugadores intermedios en barrios. Podrá ser sometido a una medida “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal de la Nación que le impute o admita la formalización de una investigación por alguno de los delitos establecidos en la Ley 23.737″. La letra, sin embargo, no enfatiza el inciso 5C de dicha ley, que apunta a la venta y al tráfico. La ley, en general, también engloba la tenencia. Una distinción es necesaria para no perseguir a consumidores.
Para controlar esto, Santilli propone un “comité de análisis y fusión de información”. “La Autoridad de aplicación creará un comité de análisis y fusión de información con el objetivo de identificar y fundamentar las designaciones y las sanciones financieras selectivas. El mismo estará conformado por los representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia y Seguridad y los organismos autónomos de la Administración Pública Nacional competentes que tengan atribuciones en el control de activos ilícitos. La participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación debe estar garantizada a través de la firma de un convenio de cooperación con el Poder Ejecutivo”, concluyó.
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El proyecto fue acompañado con la firma de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Paula Oliveto, Rogelio Frigerio, Ricardo Lopez Murphy, Álvaro González, Silvia Lospennato, Waldo Wolff, Gerardo Milman, y José Luis Espert de Avanza Libertad.
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