Crimen de Fernando Báez Sosa: la Corte bonaerense rechazó un nuevo intento de los rugbiers para ser liberados

Este martes, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó un nuevo recurso de la defensa para lograr que cesen las prisiones preventivas de los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven atacado a golpes en la puerta de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell en enero del 2020.

En dicha resolución los ministros de la Corte denegaron por “inadmisible” el recurso extraordinario federal presentado por el abogado Hugo Tomei para acudir a la Corte Suprema de Justicia Nacional, en busca del cese de las prisiones preventivas de los rugbiers Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz.

La presentación de la defensa, por ser colectiva, incluye también a Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, aunque ambos ya fueron sobreseídos en la causa.

En este nuevo fallo, firmado por los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres, Luis Esteban Genoud y Daniel Fernando Soria, se le rechaza al defensor el nuevo recurso, por lo que ahora sólo le resta como posibilidad llegar a la Corte nacional mediante un recurso de queja.

El tribunal empleó como principales argumentos que “las decisiones que decretan la prisión preventiva del imputado no constituyen sentencia definitiva”, como para ser evaluadas en esa instancia.

Indicaron que “más allá de las contingencias propias de la causa, la parte no pretende impugnar la denegación de la libertad de los imputados sino la resolución que confirmó sus prisiones preventivas, como se señalara, por un medio procesalmente inidóneo para ese cometido”.

Y agregaron: “La invocación de garantías constitucionales y la tacha de arbitrariedad, por otra parte, no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada”.

El abogado defensor había pedido dejar abierta la vía federal -ahora denegada- luego de que la Corte le rechazara un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, al considerar que sus defendidos “se encuentran privados de la libertad en prisión preventiva, a pesar que se han incumplido la totalidad de las normas establecidas en el Título III del Código Procesal Penal”.

Su principal argumento es que la fiscal de Instrucción de Dolores a cargo de la causa, Verónica Zamboni, “no les ha informado los cargos formulados en contra de los mismos y comunicado la acusación” de manera individual, sino que “sólo hubo un ´simulacro´ que los expuso ante un estado de total indefensión frente a la aparente actuación de la defensa oficial”.

Además, calificó de “arbitraria e ilegal” la prisión preventiva ordenada por el juez de Garantías de Villa Gesell y la confirmación de la misma por parte Cámara de Dolores.

La decisión se conoce a días de que se lleve a cabo la audiencia preliminar del juicio oral a los ocho rugbiers detenidos y acusados de haber asesinado a Báez Sosa.

En dicha audiencia técnica, prevista para el 6 de octubre próximo, las partes se reunirán para depurar las pruebas y testigos que se exhibirán o citarán en las audiencias del juicio. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

De la diligencia participarán de manera presencial los jueces, secretarios, el fiscal de juicio, Juan Manuel Dávila, y los abogados de las partes, Fernando Burlando y Fabián Améndola, como representantes de la familia de la víctima, y Hugo Tomei, como defensor de los acusados. Los rugbiers lo harán de forma remota aunque el debate oral todavía no tiene una fecha pero ello podría definirse al cabo de las audiencias preliminares.

Los ocho jóvenes acusados de matar a Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique están imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero.

En el juicio se debatirán además las responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando, que se encontraban con él cuando fue asesinado.

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