Doble crimen del diputado y su asesor en Congreso: pidieron la prisión perpetua para los acusados

En la jornada de alegatos del debate que se inició el 4 de este mes, las querellas del diputado Héctor Olivares y de su asesor Miguel Yadón, asesinados a balazos en 2019 en la plaza del Congreso, pidieron este miércoles prisión perpetua para los dos principales acusados.

Para los abogados que representan a las víctimas, los primos Juan Jesús Fernández y Juan José Navarro Cádiz deben responder como coautores de un “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y placer y por el empleo de un arma de fuego, reiterado en dos oportunidades, en concurso con la portación ilegal del arma de guerra empleada para cometer el delito”.

La abogada María Fernanda Prack, quien representa a la familia del diputado asesinado y pidió la pena máxima, fue la primera en alegar ante los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas del Tribunal Oral en lo Criminal 9 en una audiencia realizada de manera mixta desde tribunales y por la plataforma Zoom.

Y al recordar a la víctima, la letrada sostuvo: “Héctor Enrique Olivares fue una persona querida y respetada por todos los que lo conocieron. Contaba con una amplia trayectoria política una vocación de servicio por su país. Lo siguen recordando en su pueblo, su familia y sus correligionarios. Se trata de una muerte absurda, sin sentido, una tragedia totalmente innecesaria”.

A su vez, al fundamentar la calificación y hablar del móvil de hecho, la abogada dijo que “no surgió de la investigación ningún conflicto previo entre los autores y las víctimas, sino que la razón del homicidio responde al estado de ánimo del autor que describen en mayor detalle su impulso”.

“El hecho consideramos que se ve agravado por el solo hecho del placer de probar el arma”, opinó. Sin embargo, en lo que fue una primera parte de un extenso alegato de más de dos horas y media que continuará el próximo lunes y en el que aún no llegó a hacer los pedidos de pena, el fiscal de juicio Ariel Yapur no coincidió en este punto.

Yapur acusó a Navarro Cádiz y Fernández como coautores de un “homicidio agravado por alevosía cometido en forma reiterada (dos hechos), en concurso con la portación ilegal del arma”.

Si bien con esta calificación la pena es la misma -prisión perpetua-, Yapur descartó el agravante del “homicidio por placer” con el que había llegado a debate oral el expediente al considerar que “no se ha alcanzado certeza en relación a qué determino a Navarro Cádiz y Fernández a hacer lo que hicieron”.

“No es posible asumir que a falta de un motivo entonces se supone que actuaron por un móvil que agrava la conducta. No habiéndose probado el motivo determinante de la actuación que llevaron a cabo Fernández y Navarro Cádiz, no puede asumirse que lo hicieron por placer”, fundamentó el fiscal al cuestionar esa figura penal.

En cambio, consideró que este doble crimen sí es un “caso de libro de alevosía” en el que “la víctima es tomada por sorpresa y es ultimada sin chances de defenderse” y donde “los imputados actuaron acechando a las víctimas” desde dentro del auto donde salieron los disparos.

En otro tramo de su alegato, Yapur puso en duda la nueva versión que introdujo el confeso Navarro Cádiz al declarar el primer día de juicio, cuando pidió perdón a las familias de las víctimas, reconoció haber sido el tirador pero aclaró que su intención fue hacer un solo disparo hacia un ombú de la plaza y por error salió una ráfaga.

Y dijo que “está descartado esta idea de que hubo un intento de efectuar un disparo y que por accidente salieron cinco. Las imágenes permiten ver tres secuencias de disparos con un tirador que cambia la dirección de los disparos siguiendo el movimiento de las víctimas” y agregó que “no hay ninguna duda de que el objetivo al que se dirigía los disparos no era el ombú sino los señores Yadón y Olivares”.

También alegó la abogada Mónica Mac Gaul, querellante de la familia de Yadón, quien adhirió a los pedidos formulados por su colega Prack y pidió al TOC 9 “justicia para las familias de las víctimas” y “una condena ejemplar”.

Ambas querellas solicitaron penas de entre 2 y 4 años de prisión para los otros siete imputados del juicio, la mayoría familiares de los presuntos asesinos, que llegaron al debate en libertad como acusados de delitos menores como tenencia o portación ilegal de armas.

El crimen de Olivares y Yadón ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso y a las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado detrás de un micro, sobre Avenida de Mayo entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les efectuaron varios balazos.

Como consecuencia de ello, Yadón cayó muerto de tres disparos -uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y falleció tres días después.

Si bien se especuló con que el doble crimen podría haber estado vinculado a un “atentado a la democracia” o con algún tipo de “venganza personal”, el juez Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades llegaron a una conclusión distinta.

“El homicidio no fue más ni menos que una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser”, sostuvo Andrades en su requerimiento de elevación a este juicio, en una hipótesis sobre el móvil descartada por su colega Yapur.

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